Estela de Carlotto y Rosa Roisimblit junto al ex juez español Baltasar Garzón.
Imagen: Rafael Yohai.

En épocas de la última dictadura cívico-militar, la familia Labrador, en Rosario, se acercó en más de una ocasión al Consulado español de esa ciudad para denunciar la falta de uno de sus integrantes. “No existe ningún Labrador”, le respondió en varias oportunidades al cónsul Montesinos el genocida Leopoldo Galtieri hasta que, por insistencia del funcionario español, el último presidente de la última dictadura lo reconoció: “Ah, sí, está en la lista, tachado con rojo. Eso significa que ya no está”. La anécdota fue reconstruida ayer, en la sede porteña de Abuelas de Plaza de Mayo, por el ex juez español y actual titular del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Baltasar Garzón. El pasaje le sirvió para ilustrar la insistencia de cientos de familiares de víctimas españolas del terrorismo de Estado ante las dependencias consulares. Estos registros fueron retenidos por el gobierno español hasta hace poco más de un mes. Ayer, Garzón entregó formalmente esos documentos a “los organismos de derechos humanos, al Archivo de la Memoria y al Estado argentinos para saldar una deuda histórica”.

“Nos sentimos honradas”, introdujo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien estuvo acompañada de Rosa Roisimblit, Buscarita Roa y varios referentes de organismos de derechos humanos que asistieron a la entrega de los expedientes que viajaron desde España, pero que hasta hace muy poco habían permanecido escondidos en el sótano de la embajada española en Argentina. Carlotto definió el evento de ayer como un “acto fundacional”, debido a la importancia de la información que recibió.

Junto a una serie de papeles que certifican la entrega, Garzón y Enrique Santiago –presidente del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa– otorgaron a Carlotto una memoria que comprime 607 expedientes en 17 gigabites. “Estos documentos sin duda tienen un valor jurídico para las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Pero sobre todo cuentan con un valor histórico y requieren ser estudiados en profundidad”, destacó Santiago. A partir de ayer, el Archivo Nacional de la Memoria tiene en su poder 607 carpetas en las que autoridades consulares españolas en Argentina registraron visitas, denuncias, pedidos de paradero, de auxilio y de refugio de familiares de españoles, hispanoargentinos y ciudadanos argentinos que habían optado por la ciudadanía ibérica realizaron en los mostradores de la embajada y los consulados de ese país en días de terrorismo de Estado.

El abogado auguró que los documentos “echen luz sobre un elemento sumamente importante de la investigación de lo ocurrido en la ex ESMA que sacó a relucir Garzón en su investigación: la presencia de militares españoles en la ESMA en el momento en el que ocurrieron los hechos”, mencionó. Carlotto, por su parte, se mostró esperanzada por los datos que los expedientes puedan atesorar sobre los nietos buscados, sobre apropiaciones desconocidas y el “destino de hijos e hijas que aún son inciertos”.

Hasta el 15 de abril de este año, esa documentación había sido mantenida en secreto por las autoridades españolas, que sin importar color ni partido político se negaron, pese a varias órdenes judiciales, a entregarlas a Argentina. “Es difícil como español asumir que durante tantos años esta documentación ha estado en la embajada española y nadie con responsabilidad política se haya ocupado en saber qué había sido de estos 607 ciudadanos españoles. La entrega de esta información era una deuda histórica con ellos”, remarcó Garzón.

En 1983, el Senado español aprobó por unanimidad un dictamen de la Comisión de Investigación sobre la desaparición de españoles en América latina, donde “se mencionan listas oficiales de Argentina”, detalló el abogado, que recorrió datos que probaron el conocimiento que las autoridades de su país tenían la información que se negaron a entregar durante tres décadas. Como miembro del Juzgado de Instrucción Nº 5, Garzón comenzó a investigar en 1996 delitos de la última dictadura militar argentina. En el marco de ese juicio, en 1997, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a la Cámara de Diputados un informe que ratificaba la existencia de los archivos en la Embajada de España en Buenos Aires. Un pedido de las querellas que acusaban a Scilingo –que fue condenado a 1048 años de prisión– derivó en una orden impartida por el Ejecutivo español para que la autoridades consulares entreguen los archivos que “lamentablemente nunca fue cumplida” hasta ahora, remarcó el abogado.

Pasó también el acuerdo realizado en 2005 entre Néstor Kirchner y José Luis Rodríguez Zapatero en torno de “la apertura de cajas que estaban reunidas en los sótanos de la embajada española”, entre otros intentos, sin éxito. Hasta que una nueva denuncia de varias querellas, y más de un año y medio de tardanza en su cumplimiento, lograron su cometido. “No caben explicaciones lógicas para justificar la negativa a colaborar con el proceso de memoria, verdad y justicia de Argentina, más que el serio problema que España mantiene con lo referido a los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante el franquismo”, opinó Santiago, y remató: “Lo triste es que seguimos siendo un país desmemoriado, y por ende, obligado a repetir sus errores históricos”.