Apenas empieza a hablar, el camarista laboral Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura, asume que tiene un problema por delante. Un gran problema, que se resume en que el organismo que conduce tiene visibles dificultades para funcionar en sus cuestiones mínimas y básicas, como reunirse por lo menos cada quince días, lograr que avancen los concursos de jueces y analizar posibles casos de mala conducta en un plazo sensato. Sin embargo –y a pesar de que al tomar decisiones muy a menudo se alineó con el kirchnerismo–, Fera sostiene que la solución tampoco la hubiera proporcionado la ley de reforma que invalidó la Corte Suprema, decisión con la que acuerda. “Hay que tratar de despolitizar al Consejo lo más posible” y hacer “reformas reglamentarias”, afirma en diálogo con Página/12. “Muchas veces –advierte– lo que impide sesionar es que los consejeros políticos acomodan su agenda a la del Congreso”, y “que no se ponen de acuerdo con el resto de los estamentos”.

“El fallo de la Corte es una señal institucional fuerte, clara, por parte del órgano que es cabeza del Poder Judicial, en un momento muy significativo para la vida institucional argentina. En un contexto especial, donde se debatieron con rapidez cuestiones medulares de la Justicia, la Corte pudo dictar un fallo explicativo, redactado con un lenguaje llano y que aporta una interpretación sobre la división entre los poderes judicial y político. Pero, además, el fallo fue tal como era previsible, porque refleja la concepción que existe en la mayoría del Poder Judicial”, defiende Fera.

–Pero porque lo piense la mayoría de la corporación judicial, ¿la ley es inconstitucional? –le preguntó este diario.

–Yo pienso que la Corte hizo una interpretación ajustada al texto constitucional. Definió la participación popular y la relación con el Poder Judicial. Los jueces somos un producto de la representación popular que se ejerce a través de la elección de los poderes políticos. El artículo 114 de la Constitución nacional abre un abanico de posibilidades para reglamentar el Consejo de la Magistratura mediante una ley. No habla de su número de integrantes, pero sí de representantes de estamentos y de equilibrio entre ellos. Ya hubo tres intentos reglamentarios (desde la reforma constitucional de 1994) y en el último ni la representación ni el equilibrio están resguardados al modificar la composición e introducir la votación popular, por eso no pasó el test de constitucionalidad. En ese marco, no hay más para hablar.

–¿Y qué tiene pensado para mejorar el funcionamiento del Consejo y sacarlo de la parálisis?

–Es complejo analizar la situación actual. Una de las cuestiones criticadas es que tiene poco funcionamiento ejecutivo y mucha deliberación. Otra, las demoras en selección de jueces y expedientes disciplinarios. Para empezar, yo quiero que el Consejo funcione así: cada quince días el plenario y cada quince días las comisiones. Si hay conciencia sobre la importancia de la periodicidad en el funcionamiento, el Consejo debería reunirse todas las semanas. Muchas veces lo que impide sesionar es que los consejeros políticos acomodan su agenda a la del Congreso, porque tienen que estar también ahí. Y no se ponen de acuerdo los políticos con el resto de los estamentos. Estuvimos dos meses sin reunirnos formalmente. Y aun así, pienso que es más operativo un Consejo con menos miembros que con más.

–¿Va a proponer alguna reforma interna concreta?

–Hay cuestiones de ejecutividad que se pueden mejorar con reformas reglamentarias. Yo impulsé los concursos anticipados (se hacen concursos por fuero sin esperar a que haya una vacante de manera que haya una lista disponible de candidatos), que es uno de los pocos aspectos que sí estarán vigentes de la ley de reforma del Consejo, y que tendremos que reglamentar, igual que las ternas para los concursos múltiples (hasta ahora por cada cargo extra vacante en un mismo fuero se enviaba un postulante extra, ahora tendrán que mandar una terna por cada cargo). Hay que incluir nuevas pautas para ampliar la nómina de jurados. Hace unos días se aprobaron concursos para los fueros de Ejecución Penal y Seguridad Social. Había tres cargos en cada caso, discutimos qué sistema usar, se mandaron cinco candidatos en orden de mérito, respectivamente.

–Pero pueden pasar meses hasta que se concrete todo el cambio reglamentario.

–Y, sí. Primero se discute en la comisión de selección, después en reglamentación, después en plenario.

–¿Pero esos cambios resuelven los concursos bloqueados como el del fuero Civil y Comercial, donde lo que había era un conflicto político visible alrededor de la ley de medios?

–Esos concursos no se aprobaron porque hubo planteos (de radicales y aliados) de que tenía vicios de nulidad. Pero fueron sólo planteos verbales, pasaron nueve meses y no hubo un solo escrito pidiendo la nulidad de los concursos. Eso muestra que era una excusa, que generó parálisis. Si la motivación en ese momento era la ley de medios, ese obstáculo ya no está porque el tema está en la Corte, no hay razones para que no se apruebe. El Consejo debería ser más técnico que político, pero se politiza en ciertos casos, según el fuero y el juez.

–¿Pero no es algo inevitable, y hasta natural y previsible?

–Pienso que hay que tratar de despolitizarlo lo más posible.

–¿Y con los expedientes de acusación y disciplinarios contra los jueces, qué se hará para mejorar?

–De mi parte, ya impulsé cambios también en este tema. Había denuncias contra jueces que tenían más de tres años a pesar del límite que pone la ley. Se resolvió que cuando llegan a ese límite se archivan, si no son un modo de presión sobre los jueces. Un cambio que trataré de introducir ahora es que cualquier consejero pueda presentar un dictamen en cualquier expediente, independientemente del que haga el llamado consejero informante. Es una forma de dar dinamismo y que los expedientes no se traben.

–¿El Consejo va a aceptar que la Corte siga manejando el presupuesto y la política salarial, pese a que la Constitución dice que lo manejan ustedes?

–La Corte tradicionalmente interpretó que sus facultades de gobierno van más allá de lo administrativo. La palabra final siempre la tiene la Corte Suprema: ella aprueba, el Consejo ejecuta. La Corte dispone, el Consejo administra. Lo que plantea la Constitución yo lo veo compatible con este modelo de funcionamiento. Es bueno que la Corte tenga superintendencia, no es una intromisión.