Bahía Blanca comenzó a vivir ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Los acusados son ocho militares retirados o dados de baja, que rinden cuentas por secuestros, torturas y homicidios contra 87 víctimas y por las apropiaciones ilegales de dos niños nacidos en cautiverio en el centro clandestino La Escuelita. El gran ausente es el coronel Carlos Alberto Arroyo, imputado en dos homicidios agravados, quien decidió fugarse para no afrontar el proceso. El Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien brinde información que permita dar con su paradero. Esta tarde, en tanto, se realizará un acto homenaje a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los delegados gremiales y obreros gráficos del diario La Nueva Provincia asesinados en 1976, por cuyos crímenes el Ministerio Público Fiscal imputó al dueño y director de esa empresa, Vicente Gonzalo Massot.

El juicio, oral y público, se realiza en el auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, en pleno centro bahiense. El Tribunal Oral Federal es el mismo que condenó al primer grupo de 17 represores el año pasado y, ante la falta de garantías de los jueces locales, lo integran tres subrogantes ajenos a la corporación local: Jorge Ferro, de Mar del Plata; José Triputti, de Santa Rosa, y Martín Bava, de Azul. En representación del Ministerio Público, tras la designación de Abel Córdoba en la Procuraduría de Violencia Institucional, asumieron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. Las querellas representan a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a familiares de las víctimas.

Tres de los acusados actuaron bajo el mando del condenado Jorge Mansueto Swendsen; Alejandro Marjanov y Carlos Stricker fueron subjefes del Batallón 181 y llegaron al grado de coronel; Ricardo Gandolfo, ex jefe de sección, fue dado de baja en 1978 como subteniente. Los coroneles José Héctor Fidalgo y Miguel Antonio Villegas rinden cuentas por su rol en los “consejos de guerra” que se utilizaron para blanquear a los secuestrados en la cárcel. Los baqueanos Bernardo Cabezón y Felipe Ayala fueron guardias de La Escuelita. El primero se retiró como sargento en 2002, en tanto Ayala fue dado de baja tras su paso por Bahía Blanca. El octavo imputado es Fernando Antonio Videla, jefe de los suboficiales que fueron guardias de La Escuelita, y fue dado de baja del Ejército en 1982.

El juicio debió tener una decena de imputados. A la huida de Arroyo, que a pesar de los insistentes pedidos de los fiscales estaba excarcelado, se sumó la baja de otro ex guardia de La Escuelita, Armando Barrera, alias Pato, en el centro clandestino, quien morirá impune luego de que dos juntas médicas dictaminaran que no está en condiciones de ser juzgado. “Lo de Barrera es parte de lo que llamamos impunidad biológica. Estas personas ya son añosas y sus funciones vitales comienzan a declinar. La demora en llegar a los debates orales produce estas injusticias”, destacó el fiscal Palazzani.

Miembros de organismos de derechos humanos manifestaron ayer tener “mucha expectativa” por el juicio. Eduardo Hidalgo, sobreviviente de La Escuelita y secretario de la APDH, lamentó que “se ha retrasado el proceso: a esta altura del año tendríamos que estar cerca de iniciar la causa de la Armada”, el proceso por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías, que ya tiene a una treintena de marinos y prefectos en condiciones de ser juzgados. Consultado sobre la posibilidad de que surjan datos sobre el paradero de los niños nacidos en cautiverio, Hidalgo dijo que los imputados “saben dónde está uno de los chicos o por lo menos quién se lo llevó, y (el juicio) debería ser un punto de inflexión importante para ese tema”. Alejandra Santucho, de HIJOS, destacó que “pasaron 36 años y cada día que corre nos juega un poco en contra: está la impunidad biológica, los represores se mueren de viejos, entonces necesitamos que los juicios sean rápidos y que se aceleren”.

Hoy, a las 18.30, en la Escuela de Artes Visuales de Bahía Blanca, el centro de estudiantes y la Comisión de Apoyo a los Juicios designarán dos aulas con los nombres de Heinrich y Loyola. El domingo a la noche se cumplirán 37 años de sus secuestros. Los pedidos de detención de Massot y del ex secretario de redacción de La Nueva Provincia Mario Gabrielli fueron rechazados por el juez federal subrogante Santiago Martínez y están ahora en manos de la Cámara Federal de Bahía Blanca.