El macrismo consiguió aprobar la mayor ampliación presupuestaria de toda su gestión. Se trata de 7190 millones de pesos que se sumarán al presupuesto. El proyecto se destinará al aumento de los empleados municipales, a subsidios a la empresa Metrovías y a la redeterminación de precios de los contratos de recolección de basura. El PRO reunió pocos votos además de los propios: buena parte de la oposición porteña denunció que usan el aumento a los trabajadores para conseguir redestinar fondos a diversas áreas. En un informe detallado, la legisladora Rocío Sánchez Andía especificó que la parte de los fondos viene del dinero de deudas que la gestión PRO tomó y luego no usó. Contra lo que habían prometido, los macristas no devolvieron todos los fondos a las áreas sociales específicas que habían recortado este año.

Para aprobar el presupuesto, el PRO pudo contar con sus propios votos, los de Patricia Bullrich y dos legisladores kirchneristas: Alejandro Amor y Mateo Romeo. Sumaron 30 votos afirmativos. El resto se abstuvo e incluso el legislador del MST Alejandro Bodart votó en contra. “Con la excusa de un magro aumento a los estatales porteños, Mauricio Macri subsidia con fondos públicos a las empresas del subte, la basura y la educación privada. A Metrovías le da 429 millones sin tener una auditoría de los costos reales y encima, como el plazo legal para hacerla venció ayer, la posterga para después de la elección de octubre”, consideró Bodart.

El vicepresidente primero, Cristian Ritondo, defendió el aumento de subsidios a Metrovías “ante la necesidad de solventar las erogaciones originadas en la prestación del servicio y en el retraso en la actualización de las tarifas”. Por su parte, el titular de la Comisión de Presupuesto, Rogelio Frigerio, indicó que se incrementan “los subsidios sociales, la asistencia en villas, las ayudas sociales a ex combatientes de Malvinas y a víctimas de Cromañón”. El dinero destinado a esas partidas es de cerca de 713 millones de pesos.

Sánchez Andía, del bloque de la Coalición Cívica-ARI, elaboró un informe que se titula “Otro cheque en blanco para el PRO” y que señala que la práctica de subestimar los ingresos para luego votar a mitad de año una ampliación del presupuesto se repitió todos los años. La diferencia es que en 2011 la ampliación era del 4 por ciento del presupuesto, en 2012 fue del 11 por ciento y este año alcanza al 18 por ciento de todo el presupuesto. Es la más grande de toda la gestión y no se genera sólo en una mayor recaudación, sino que hay 1125 millones que provienen de deudas que tomó el PRO para obras viales y para refinanciar deudas, y luego no usó esos fondos. “Macri endeudó la Ciudad de Buenos Aires y confirmamos que no necesitaba ese dinero y lo está utilizando para otras cosas. Y sigue pensando al momento de distribuir en cosas que no son prioritarias. No invierte en salud, educación y vivienda”, indicó Sánchez Andía.

Sánchez Andía indica que el 44,9 por ciento del presupuesto va a los salarios, incluidos los recursos para la educación privada. “Al PRO le gusta usar la recomposición a los trabajadores como una moneda de cambio para decir que si nos oponemos a esto, le negamos el salario de los trabajadores. Chantajean a la oposición”, indicó la legisladora.

La distribución del resto del dinero tiene su pico en el Ministerio de Espacio Público (ahí va el 38 por ciento de los fondos, principalmente a la basura), seguido por la Jefatura de Gabinete (21,5 por ciento). En cambio, Salud recibe el 9,4 por ciento; Educación, el 4,3 por ciento; y Cultura, el 1,2 por ciento. “Más de la mitad de los siete mil millones es un dinero que va para las empresas, para los contratos millonarios de la basura y de Metrovías, y va cada vez menos para la inversión y para garantizar las prioridades de la gente”, sostuvo Sánchez Andía, quien destacó que los legisladores no contaron con un detalle de las obras a las que se le redeterminaron los precios ni tampoco de las nuevas inversiones que iba a hacer el gobierno de Macri.

Lo más llamativo es lo que ocurre con las partidas de Vivienda. Página/12 informó que el gobierno de Macri recortó los fondos del IVC y del programa Ciudadanía porteña –destinado a un subsidio a pobres e indigentes– para utilizar esos recursos en las indemnizaciones a los damnificados por la inundación. Cuando se publicó la información, desde el gobierno porteño salieron a aclarar que pensaban devolver ese dinero con la ampliación presupuestaria, que se votó ayer. Según relevó Sánchez Andía, no fue tan así. Los macristas habían recortado 40 millones del programa de Hotelados, otros 20 millones al programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos y otros 20 millones a los créditos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

En la ampliación, al IVC le devuelven sólo 20 millones de los 80 que recortaron y lo asignan a otro rubro (transferencias). Los otros 60 millones se lo asignan a la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS): 20 millones van a las cooperativas de trabajo, sobre lo que Sánchez Andía señaló la discrecionalidad con las que se reparte el dinero; el resto va al presupuesto de atención en villas. Al programa de Hotelados no volvió nada. Sánchez Andía concluye: “Hasta en la asistencia a los más vulnerables, como es Ciudadanía porteña, se hacen recortes y lo que se les quita no se les devuelve en las proporciones que se debía”.