La Cámara Federal porteña ordenó investigar al ex ministro del Interior Carlos Corach por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El ex funcionario menemista había quedado desligado de los expedientes en los que se ventila el pago ilegal de 400 mil dólares al acusado Carlos Telleldín y el desvío de la llamada pista siria. Pero ahora el juez Ariel Lijo deberá incluirlo en las pesquisas.

En una resolución dictada por la Sala I, integrada para este caso por los conjueces de la Cámara del Crimen Jorge Rimondi, Gustavo Bruzzone y Carlos González, se encomendó a Lijo investigar la “existencia de una imputación concreta hacia la persona de Carlos Vladimiro Corach, que no ha sido tratada hasta el presente” .

Corach no figura entre los procesados en las causas penales ya elevadas a juicio oral por el pago ilegal a Telleldín y por el desvío de la pista siria. Quienes sí deberán enfrentar un juicio en fecha sin definir aún ante el Tribunal Oral Federal 2 por estos hechos son el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Jorge Anzorreguy, el ex juez del caso Juan José Galeano, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, Telleldín y su ex mujer y el abogado Víctor Stinfale. Todos están acusados de peculado, delito que tiene hasta diez años de prisión.

Después de estar dos años preso, Telleldín cobró 400 mil dólares luego de incriminar al entonces comisario Juan José Ribelli y a otros policías bonaerenses. Lijo debe investigar ahora cuál fue la participación del entonces ministro del Interior en el hecho.

En la misma resolución, los camaristas revocaron los sobreseimientos de secretarios judiciales y ex jefes policiales bonaerenses que trabajaron junto al destituido ex juez Galeano en la investigación del atentado del 18 de julio de 1994. Esa decisión fue informada por Página/12 el miércoles. Entre los hechos cuestionados está la destrucción de videos que registraron conversaciones del entonces juez Galeano con el detenido Telleldín, en las cuales se pactó el pago secreto. Estos videos, según la causa, fueron tomados en el despacho de Galeano con una cámara oculta detrás de un biombo y estuvieron en el juzgado, hasta que luego de hacerse pública su existencia el entonces secretario del juez y actual abogado particular Carlos Velazco los sacó y los destruyó en su casa particular.

La Cámara ordenó volver a evaluar y dictar una nueva resolución sobre los secretarios de Galeano en la época, entre ellos Velazco, Susana Spina, Javier de Gamas y José Pereyra. En idéntica situación quedaron los por entonces policías que fueron parte de la pesquisa, como Luis Vicat y el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, comisario general Armando Calabró. También abarcó al entonces abogado y actual titular de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, quien patrocinó a uno de los ex policías bonaerenses acusados del atentado, Bautista Huici, y en ese rol habría sugerido a su defendido admitir haber visto la camioneta Trafic supuestamente usada en el ataque como coche bomba estacionada en una comisaría bonaerense, como un intento de “plantar” una prueba falsa.

Los camaristas instaron a Lijo a volver a dictar una resolución sobre todos los imputados con “una mirada global de sus actuaciones” para determinar si hubo como fin último el de “obstaculizar el accionar de la Justicia en su camino hacia la averiguación de la verdad”.