En nombre de la “justicia” y para que no quede “impune” el crimen de Angeles Rawson, ayer se violentó otra vez la intimidad de esta joven. Sus familiares y amigos fueron los principales afectados luego de desayunarse con la tapa de un diario del Grupo Clarín ilustrada con material “muy exclusivo”: una foto del momento en que Angeles fue hallada dentro de una bolsa de basura deshilachada en una planta de residuos de la Ceamse. Ayer también, Claudia Fernández, integrante del Plenario del Consejo de Derechos de la Niñez porteño, solicitó a la fiscalía y al juzgado que se tomen medidas para evitar los excesos mediáticos. “No queremos coartar la libertad de expresión, queremos que se termine con la violación de derechos de las personas menores de edad”, explicó la consejera. El padre de Angeles presentó un recurso para detener la difusión de las imágenes y la Afsca, órgano de control de la ley de medios, adelantó que habrá sanciones para los canales que las utilicen. El día concluyó con una resolución del juez que prohíbe la reproducción de esas fotografías y cualquier información referida a la intimidad de la adolescente.

El escrito presentado por Fernández, en calidad de consejera del Plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, puntualiza que desde el 11 de junio pasado, día en que se supo que Rawson había sido asesinada, varios medios de comunicación masiva difundieron “sin ningún cuidado” fotos, videos, contenido de redes sociales y datos de la vida sexual de Angeles, declaraciones de los compañeros de colegio sin preservar su identidad y “múltiples manifestaciones con detalles sobre la vida privada o sobre las circunstancias que dieron lugar a su muerte”.

Además, Fernández alerta sobre la difusión de documentación de la investigación penal, como “la lectura del informe pericial de la autopsia de la víctima”. La avidez noticiosa derivó en la “difusión descontrolada de imágenes e información que afecta la intimidad de una adolescente”, agrega en el escrito, en el que la consejera advierte que permitir estas prácticas instala en la sociedad “la creencia de legitimidad respecto de acciones que se encuentran prohibidas por ley, y permite la sostenida vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados”.

En el escrito se recuerda que la Constitución Nacional, “en su artículo 75 inciso 22, incorpora la Convención Internacional sobre Derechos del Niño”, una normativa que establece “la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de los niños y a la protección de la ley contra dichas injerencias”. En el derecho doméstico, resalta, existen la ley 114 en la jurisdicción de la Ciudad; la norma 26.061, de protección integral de niños y adolescentes a nivel nacional; y la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Esta última norma, en su artículo 70, establece que se “deberán evitar contenidos que promuevan o inciten o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”. También se cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre una disputa por filiación, en el que trascendió el nombre de una joven menor de edad en los medios de comunicación y los jueces advirtieron que “su reiteración, obviamente, agravaría la violación de un bien protegido por las normas constitucionales que tutelan la intimidad de los menores”.

El pedido de esta consejera fue que tanto la fiscalía como el juzgado interviniente “arbitren las medidas necesarias para evitar la propalación de información en los medios de comunicación masiva, que afecten la intimidad, la moral y/o vulneren derechos con manifestaciones sobre detalles de la vida privada o sobre las circunstancias que dieron lugar a la muerte de Angeles Rawson”. Consultada por Página/12, Fernández comentó que el escrito surgió cuando se dio cuenta, a mitad de semana, de que “esto no iba a parar”. La tapa de diario Muy no hizo más que darle la razón.

Las “imágenes reveladoras” que promocionó el matutino sobre el “terrible hallazgo” del cuerpo de Angeles son dos y fueron tomadas en la cinta mecánica por donde llegó la bolsa desgarrada con el cuerpo de la joven, en la planta de separación de residuos de la Ceamse en José León Suárez. A diferencia del asesinato de los militantes Maxi Kosteki y Darío Santillán, en el que las fotos de los cuerpos fueron determinantes para desmentir la versión oficial del gobierno de Eduardo Duhalde, las fotos de Muy se asimilan a las publicadas por otro matutino sobre el cádaver de Jazmín De Grazia. Ese diario afronta un juicio de la familia por esa edición.

Franklin Rawson, padre de Angeles, también presentó un recurso de amparo por estas fotos. Su abogado, Pablo Lanusse, dijo que la difusión “de una forma realmente bochornosa del cuerpo sin vida de Angeles afecta la dignidad y la intimidad de una persona, un niño”. Luego detalló que su escrito pide que “se ponga fin a ese tipo de cosas que entiendo que no es periodismo ni nada. Nuestra presentación no pretende avasallar la libertad de expresión, sino encontrar un equilibrio entre el derecho y los intereses superiores del niño y la libertad de informar”.

El juez Javier Ríos, según informaron fuentes judiciales, tomó en cuenta ambas presentaciones y emitió una resolución en la que prohíbe la difusión de las fotos del cadáver y de cualquier información referida a la intimidad de la chica asesinada. Esta resolución será comunicada en breve a los medios audiovisuales, radiales y gráficos. La propia comisión interna de AGEA, la editorial de los diarios de Clarín, afirmó que los trabajadores no son responsables de dicha publicación, a la que consideran “de pésimo gusto y nulo valor periodístico”.

Por su parte, la Defensoría del Público, creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que depende del Poder Legislativo, sacó un comunicado en el que cita esta norma que “procura evitar la producción y difusión de imágenes y dichos que menoscaben la dignidad humana o que resulten perjudiciales para la integridad de los niños, niñas y adolescentes”. El organismo recomendó “evitar la truculencia y la sordidez de las coberturas que puedan implicar, precisamente, la violación de derechos consagrados por las normas nacionales e internacionales”.

La Afsca, entidad de aplicación de la ley de medios, evalúa sanciones por la cobertura periodística. “La permanente búsqueda por la primicia debe manejarse con responsabilidad. Asimismo, que tanto en radio como en TV, distintos programas bajo diversos formatos hayan hecho humor con el tema resulta muy alarmante”, señaló el Observatorio de Discriminación de la Afsca. Este organismo también cuestionó las morbosas “reconstrucciones” del crimen en televisión porque “constituyen una espectacularización que no colabora con la averiguación de la verdad material”.

Ayer la consultora Ejes reveló que desde el día de la desaparición de Angeles hasta la fecha, la cobertura televisiva del caso ocupó 594 horas en canales de aire y de cable, lo que equivale a casi 25 días ininterrumpidos de transmisión en un solo canal. “Los diversos debates y segmentos dedicados al caso Rawson transitaron por más de 40 programas de TV distintos”, sostiene el estudio (ver aparte). Ante este panorama atravesado por distintas prácticas mediáticas, “lo mejor es trabajar en la prevención” de la vulneración de derechos, reflexionó anoche Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público.

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