Juan Alfredo Etchebarne era amigo íntimo de José Alfredo Martínez de Hoz, compartió su estudio de abogados y luego del golpe de marzo de 1976 fue nombrado por el ya ministro de Economía como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Etchebarne había sido detenido en abril y acaba de ser procesado por el juez Daniel Rafecas por el secuestro de 23 personas en Campo de Mayo. Las víctimas pertenecían a los grupos económicos Chavanne-Grassi y habían intervenido “directa o indirectamente” en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver. Para el juzgado, “bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de ‘subversión económica’, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento”.

En su acusación, Rafecas sitúa el rol de Etchebarne como “partícipe necesario” y subraya de modo novedoso su rol en la conformación de un “grupo de tareas” no sólo destinado a secuestrar y torturar, sino también a “investigar ilegalmente” el movimiento de fondos de la empresa. “En su carácter de presidente de la CNV fue partícipe necesario en los hechos de privación ilegal de la libertad de al menos veintitrés personas investigadas, a su instancia, por el Equipo de Trabajo o Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi SA, quienes fueron secuestradas entre el 14 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978”. A modo de síntesis, entiende que el caso muestra la “existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores”.

En el contexto del caso de la CNV, uno de los aportes del fallo de Rafecas es que por primera vez avanza, en el ámbito de las causas de lesa humanidad del Primer Cuerpo del Ejército, en un análisis sobre la dimensión económica de la dictadura. A partir de este caso contextualiza su “carácter cívico-militar” y reconstruye líneas para entender la articulación entre el aparato civil y militar.

“La simple enumeración de los actores (...) pone en evidencia el complejo entramado de niveles que participan en los hechos, en una mixtura que involucra a empresarios e industriales como víctimas y (...) la concurrencia de funcionarios civiles y militares en la concreción de los sucesos materia de investigación”. Bajo el titulo de “El carácter cívico-militar del golpe”, menciona: “Las singularidades (...) características de esta instrucción ponen de manifiesto, a criterio del suscripto, la necesidad de hacer visible, junto a la descripción de los hechos (...) una dimensión más amplia (...). Esa dimensión involucra el llamado carácter cívico-militar del régimen instaurado a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el componente político-económico, en términos de objetivos y necesidades, que se trazó el gobierno de facto”.

En el fallo queda planteado cómo la figura de la “subversión económica” permitió “saquear esas empresas con la colaboración de los antes enunciados organismos económicos del Estado”. Y en términos de estructura política, cómo esa matriz de persecución permitió paralelamente la implementación de un modelo económico, basado en la especulación financiera que terminó destruyendo el aparato productivo mientras iba aniquilando las demandas obreras.

El caso

La CNV es el organismo rector del sistema financiero cuyo rol durante la dictadura fue analizado particularmente este año por la nueva dirección a cargo de Alejandro Vanoli, que presentó un informe con el análisis de más de 500 actas de directorio de aquel período. Allí se leyó el papel del organismo como una herramienta política del Ministerio de Economía, que entre otras funciones persiguió a algunos sectores empresarios e industriales en beneficio de otros, en el marco de un proceso más amplio destinado a alimentar las políticas de especulación financiera. El informe es uno de los elementos de prueba tomado por el juzgado que, además, tomó declaraciones testimoniales de la víctimas, documentos del Banco Central, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Justicia.

Además de Etchebarne, Rafecas procesó a cuatro represores: el coronel retirado Francisco D’Alessandri, el comandante de Gendarmería Víctor Rei y el agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti. Entre las víctimas se encuentran los hermanos René y Luis Gra-ssi, cotitulares del grupo empresario rosarino Industrias Siderúrgicas Grassi; así como algunos de sus gerentes y directivos. También integrantes del “grupo empresario Chavanne”, entre ellos sus titulares: los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne; la esposa de Juan Claudio, Sara Duggan, y su socio Jorge Tejerina. Además, otros altos funcionarios del Banco de Hurlingham y auditores.

Durante los secuestros los prisioneros fueron alojados en el centro clandestino de la prisión militar de Campo de Mayo, bajo la órbita del general Carlos Suárez Mason.

Para septiembre de 1978, la CNV había denunciado a los empresarios ante la Justicia y luego ante el Primer Cuerpo. Uno de los datos que subrayó el juzgado es el rol del organismo en la conformación del Grupo de Tareas creado a “instancias” de la “presidencia de la CNV”. El GT quedó a cargo de Roberto Roualdes, segundo comandante y jefe de plana mayor de la Subzona Capital Federal. Roualdes designó a los integrantes que acaban de ser procesados: como jefe a D’Alessandri, por primera vez procesado en una causa. Y entre los operativos, a Víctor Rei y Guglielminetti. Sobre la relación entre Etchebarne y el GT, el fallo menciona viejas declaraciones de “ambos encumbrados militares del aparato represivo estatal”, en referencia a Suárez Mason y Roualdes. Los dos dijeron que la persecución “bajo la burda fachada de un sumario prevencional militar” se inició a instancias de la CNV y Roualdes mencionó “en particular a Juan Alfredo Etchebarne”.

Otro elemento clave sobre la responsabilidad de Etchebarne fue la contribución que prestó a los “interrogatorios”. Cuando Roualdes tuvo a los prisioneros “evidentemente advirtió” que no podía interrogarlos por falta de información y pidió peritos a la CNV y al BCRA. Etchebarne mandó a los peritos en “comisión de servicio” al término de la cual recibió una felicitación de Roualdes.

En este caso, Etchebarne fue procesado por 23 de los 28 casos. Por el resto está sobreseído en una causa que tramitó durante la vigencia de las leyes de impunidad que consideraron el caso prescripto, un aspecto de la resolución que podría ser apelada.