La Justicia ordenó al gobierno porteño que actualice, en treinta días, el monto de la ayuda social que reciben unas 50 mil familias en situación de pobreza a través de los programas Ciudadanía Porteña y Ticket Social. El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler se produjo ante una presentación formulada por la Asesoría General Tutelar, que precisó que del total de beneficiarios, unas 16 mil familias en situación de pobreza reciben, por hijo, la suma de 2 pesos diarios a modo de subsidio para alimentación. La asesora general tutelar, Laura Musa, destacó la importancia de la decisión judicial, pero exigió que en forma inmediata “se garantice el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad, cuyos derechos están siendo vulnerados”. Musa aseguró que el sistema de subsidios que se aplica en la Capital Federal hace que “cuantos más chicos haya en una familia, el monto que percibirán por cada uno de ellos es cada vez menor”, de manera que “cuanto más numerosa es la familia, menos dinero recibe para comprar comida”.

Ciudadanía Porteña, que es el programa principal, otorga montos mensuales de hasta 1424 pesos para familias de siete o más integrantes en situación de indigencia. Para acceder a ese plan, las familias deben llenar los requisitos establecidos y esperar entre tres, seis o más meses hasta que se les conceda, o no, ese beneficio. Mientras tanto, para paliar la espera, se les otorga el Ticket Social, que ofrece la suma de 250 pesos mensuales.

Un informe del gobierno porteño dado a conocer en abril de este año sostiene que los valores que se aplican se basan en la Canasta Básica de Alimentos del Indec. Aunque el propio gobierno porteño fue actualizando los montos, la Asesoría General Tutelar (AGT) aseguró que “en muchos casos resultan insuficientes” para garantizar la alimentación de esas familias. Esto hizo que los beneficiarios presentaran el reclamo judicial, con el aval de la AGT y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Musa sostuvo que “si bien en algunos casos Ciudadanía Porteña es insuficiente” para garantizar los objetivos que se propuso el plan que se aplica desde el año 2006, “los montos que otorga son visiblemente superiores a las previstos en el programa Ticket Social, que brinda 250 pesos mensuales por familia”, sin tomar en cuenta cuántos son sus integrantes. “En la práctica esto se traduce en que una persona que forma parte de una familia de cuatro miembros subsiste con aproximadamente 2 pesos por día partiendo de un subsidio diario de 8,33 pesos por grupo.” La titular de la AGT subrayó que “si el grupo familiar es mayor a cuatro personas, el reparto es todavía menor”.

En su resolución, el juez Guillermo Scheibler ordenó que el gobierno de Mauricio Macri “adecue los montos de los subsidios alimentarios” y que también “reglamente la ley 1878 que consagra el derecho a la alimentación para garantizar el acceso apropiado al Programa Ciudadanía Porteña”. En razón de la decisión judicial las autoridades porteñas tienen un plazo de 30 días para dar una respuesta positiva a la demanda. La resolución data del 12 de julio, pero sufrirá demoras debido a la feria judicial.

El asesor tutelar Nº 3, Jorge Bullorini, le dijo a Página/12 que “lo que ocurre es que los montos son bajos e insuficientes; el gobierno porteño afirma que los actualizó, pero si esto ocurrió no fue suficiente porque el problema radica en que no hay una pauta de actualización que se base realmente en la Canasta Básica. Hay unas 15 o 16 mil personas que están recibiendo los montos más bajos”, que son los 250 pesos que corresponden a la aplicación temporaria del llamado Ticket Social.

“El problema es grave porque, en el caso del programa Ciudadanía Porteña, no sólo se apunta a la alimentación sino también a promover la educación. Con los montos que se están aplicando, no se llegan a cumplir ninguno de los objetivos planteados”, precisó Bullorini. El asesor tutelar explicó que el Ticket Social es “un paliativo que reciben las familias, mientras se completan los trámites para acceder al programa Ciudadanía Porteña”. El problema que se plantea es que “los trámites que deben realizar las familias, que incluyen un informe socioambiental, pueden demorar cuatro o seis meses, incluso un año, durante el cual las familias reciben en forma mensual sólo 250 pesos”.

Lo que reclama la AGT es que el gobierno porteño “aplique normas claras” respecto de la actualización de los subsidios, que son los únicos que reciben los más de 50 mil inscriptos en la Capital Federal. Para poder acceder a un plan nacional, deben renunciar primero al programa local.

“Los subsidios, en cualquiera de sus dos versiones, deberían también tener en cuenta situaciones especiales, como los de familias que tengan hijos con algún tipo de discapacidad o que sean celíacos”, agregó Bullorini.

El asesor tutelar Nº 3 anticipó demoras en efectivización del fallo judicial: “La medida cautelar se tomó la semana pasada, pero esta semana no avanzó porque la Justicia rechazó el pedido para que se habilitara el juzgado de feria para su rápido tratamiento. Esto hace que los 30 días que fijó el juez como plazo máximo, ahora se estiren hasta los 45 días”.

La titular de la AGT, Laura Musa, insistió en la necesidad de que el gobierno de Mauricio Macri “dé cumplimiento inmediato a la resolución judicial”. También se cuestionó el hecho de que la administración porteña, “apartándose de la normativa vigente, no permita la inscripción directa al programa Ciudadanía Porteña”, ya que los beneficiarios deben pasar antes por el ticket Social.

De todos modos, en la resolución judicial se aclaró que los montos que reciben los beneficiarios por aplicación del programa Ciudadanía Porteña son igualmente bajos. Ese plan, como se dijo, otorga montos mensuales de hasta 1424 pesos para familias de siete o más integrantes en situación de indigencia. Según el informe de abril del gobierno porteño, se pagan por mes 751 pesos a las familias compuestas por cuatro miembros. El informe oficial señala que, a cifras de marzo de 2012, eran 57.967 los hogares beneficiarios del programa. El mayor porcentaje, en cuanto a composición, es el de la familia de tres integrantes. Son 12.181, lo que representa el 21 por ciento del total. Lo sigue la familia tipo de cuatro miembros, con 12.003 componentes, lo que significa el 20,7 por ciento del total.

De todos modos, también es importante el número de familias que están formadas por cinco, seis y siete personas. Reunidas las tres, suman 15.404 familias, que representan el 26,6 por ciento del total. Otro dato que agrava el problema es que de las más de 57 mil familias, un total de 40.795 están integradas por niñas, niños y adolescentes. Esto representa el 70,4 por ciento del total de las familias asistidas por estar en situación de pobreza e indigencia. El resto están compuestas por adultos.