El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh) acaba de poner on line el primer catálogo de fondos documentales que contienen archivos sobre las acciones y políticas represivas vinculadas a la Operación Cóndor. El catálogo es una guía que reúne la información de 115 fondos situados en los distintos países de la región. En general, son de las fuerzas de seguridad, aunque hay algunos vínculos hacia archivos privados como el caso de Emilio Mignone del CELS. No son los archivos de las dictaduras sino un mapa que muestra cuáles son las instituciones o lugares que los custodian o los administran. La iniciativa es importante porque por primera vez articula en un mismo espacio virtual a la región y las políticas de Estado que impulsan la organización y apertura de archivos. También muestra quiénes están más avanzados y dónde hay cuestiones pendientes. A la vez, es una herramienta que puede contribuir a potenciar los procesos de justicia en aquellos países en los que están pendientes y los reclamos de desclasificación donde esos procesos avanzaron, como el caso argentino, pero muchos de los fondos documentales siguen sin desclasificar.

Víctor Abramovich, coordinador del Ippdh, describe la iniciativa y sus sentidos políticos: “Antes se construía memoria desde enfrentar al Estado, las organizaciones de derechos humanos tenían sus archivos. Como director del archivo del CELS, me acuerdo que era un archivo de la resistencia, estaba atrás, cerrado con llave, nadie entraba porque era el archivo con el cual uno iba a impugnar un ascenso, a presentar un juicio. Pero ahora, la idea es buscar documentos para salir a la esfera pública para generar debates sociales. Me parece clave que esté ocurriendo. Y esto creo que es porque hay un punto común: hay políticas de archivo. Lo novedoso es el intento de coordinarlo en el espacio del Mercosur”.

–La guía no son los documentos, sino un muestrario de dónde están. ¿Cuál es su potencialidad?

–Es una herramienta para acceder más fácilmente a la información sobre los archivos que contienen, o podrían contener, datos relevantes respecto del Cóndor y, más allá del Cóndor, sobre la coordinación represiva del Mercosur. No concentra documentos, es una guía con la descripción de los principales centros documentales. Orienta al historiador, a un investigador, un fiscal o a las comisiones por la Verdad que tienen que tener pistas para saber dónde buscar. Pone en un único espacio virtual toda esa información: cuáles son los fondos, qué tipo de documentos e información tienen o qué institución la produjo para que uno pueda comparar. Por lo general, producen información instituciones de seguridad, Ejército o Inteligencia. Pero también, hay organizaciones vinculadas a los trabajos de resistencias, como organizaciones sociales o de personas. Está el dato sobre el fondo de archivo de Mignone, de dirigentes sociales brasileños. El mapa permite a su vez reconstruir la historia de las coordinaciones represivas porque cruza varios fondos sobre una misma información. No está el documento que cuente cómo se mató a una persona, pero sí los datos de contexto aunque no quiere decir que a futuro esto también esté.

–¿Cuál es la importancia en términos políticos?

–Tiene también un análisis de cómo acceder y los niveles de acceso: si son reservados, si hay un procedimiento para acceder a ellos. Muchos, sobre todo los brasileños, están más adelantados en cuanto a digitalización. Cuelgan todos los documentos en la web, un proceso que acá nunca se dio de esa manera. Hay un link a los archivos que están desclasificados. En ese sentido, la guía puede pensarse que orienta pedidos de exhorto o a los investigadores de las comisiones por la Verdad o los intercambios entre distintos países. Detrás hay un objetivo político que es apuntalar el proceso que se está dando en los países de la región y no es tan conocido como el proceso de justicia, pero es el relevamiento, ordenamiento y desclasificación de archivos. Es menos conocido porque es más burocrático, más lento. Los archivos se ordenan, pero no se publican. Quedan archivos localizados, muchos son confidenciales, pero un juez o una comisión podría pedirlos.

–Los fiscales de la región pidieron articular espacios de investigación sobre el Cóndor. ¿Esto es otra cosa o plantea alguna relación?

–Creo que son procesos que se van retroalimentando. El archivo tiene un valor, es evidencia para los procesos judiciales. Los procesos tienen testimonios y archivo. Como se investigan hechos que ocurrieron hace 30 o 40 años, los testimonios cada vez son menos y los archivos tienen un peso de evidencia muy fuerte. En las causas de las dictaduras, cuando aparece un archivo es decisivo. A veces, no tiene la prueba de un crimen pero cuenta relaciones, destinos de funcionarios, aparatos burocráticos, quién ordena a quién. Eso es clave para construir las cadenas de mando para la autoría mediata en materia penal. Tienen peso de evidencia. Ahora bien, hay países que no están juzgando. Por ejemplo, Brasil no juzga pero tiene el proceso de verdad, de memoria muy fuerte. Allí los archivos están teniendo un peso muy fuerte en la discusión pública sobre la dictadura. Aparece un archivo y dispara un debate, como cuando aparece un cuerpo y se identifica no podés frenar la discusión sobre quién era la victima. Por un lado, entonces, está esa Comisión por la Verdad que funciona con reglas de confidencialidad reservadas pero los archivos disparan discusión pública: ese valor político que tienen los archivos para el debate público es muy importante.

–¿Cómo están los otros países?

–En Argentina, desde que se abrieron los juicios, hay una política de ordenamiento de archivos así como hay una política de sitios de memoria. Y existe la mejor política: unidades de búsqueda de documentos que combinan gente con formación archivística con quien sabe qué buscar porque tiene conocimiento histórico que le viene de su propia militancia política. Eso permite hacer búsquedas, armar colecciones, fondos documentales. Se está haciendo en muchos lugares. La (ex) Dipba, Córdoba, Mendoza. Los archivos de las Fuerzas Armadas en Defensa. En Cancillería, en Seguridad. En Uruguay se hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos archivos policiales. En Chile hay un trabajo de archivos en varios espacios. Los archivos funcionan para distintos propósitos, pero para que existan tiene que haber una decisión política y una política de archivo. Yo creo que ese es un cambio importante. Hay políticas de archivo impulsadas desde el propio Estado.

–En ese sentido, también permite ver lo que falta.

–La guía es también una forma de ver qué está pasando en la política de archivos. Hay campos en los que no se empezó a buscar y ordenar documentos que pueden ser importantes para el tema de la coordinación represiva. El de las organizaciones sociales, las iglesias. Memoria Abierta armó una guía de archivos de organizaciones no gubernamentales. También hay áreas estatales que será clave que estén como Migraciones. Y, por supuesto, el trabajo que acá hace Seguridad y Defensa en Brasil no se hace. Son otros los archivos que aparecen, algunos de policía que hacía control político. Pero hay otras áreas que todavía faltan.

–Al poner a todos los países juntos, los compara. ¿Es como una línea que marca hacia dónde hay que ir?

–Otra cuestión que surge son debates todavía abiertos sobre las reglas de acceso. Toda documentación vinculada con violación grave de derechos humanos tiene que ser pública en principio. Es cierto que hay información de seguridad o defensa que son más sensibles. Ahí empiezan a cruzarse intereses que son contrapuestos. Lo que señalamos es que hay países que tienen legislación o decretos que parecerían propiciar mayor apertura, pero cuando llegás a la institución con el archivo no tiene un protocolo claro de cómo es el criterio de reserva, cuándo o cómo desclasificar. No tiene procedimiento estandarizado.

–¿Es un primer paso hacia la apertura definitiva?

–Exactamente. Pueden existir causales de reserva, pero la reserva tiene que estar sujeta a una interpretación muy estricta, ante la duda tienen que estar por la publicidad. Muchas veces la inercia burocrática hace lo opuesto: por lo general reservan todo cuando podría haber sólo algo para reservar y abrir el resto.

–Ahora bien, así como en Brasil una desclasificación genera debates, ¿puede pensarse que ese debate empuje procesos de justicia?

–Como en todo, como pasaba acá. En Brasil hay actores refractarios a la apertura de los juicios y otros sociales y políticos que quieren que se juzgue. La regionalización del debate no es neutral, tiene impacto. Las sociedades son distintas, las transiciones fueron distintas, pero llevar esto al espacio regional tiene peso sobre los procesos nacionales. Por otra parte, el juzgamiento está vinculado con principios internacionales y regionales. El principio de que estos crímenes tienen que ser juzgados es un principio internacional que los países van incorporando en sus sistemas nacionales. Creo que cada país atraviesa procesos distintos pero tienen una dimensión regional que influye en lo local. Qué puede pasar en Brasil, es difícil anticiparlo, pero si uno mira para atrás creo que el tema está mucho más fuerte. Uno puede decir que optan por informes de la Comisión de la Verdad, pero los procesos de Verdad no son inocuos en términos de justicia, porque más verdad hace más difícil justificar que no vas a juzgar como si nada hubiera pasado.

–Una de las demandas de los fiscales respecto del Cóndor era cómo pensar en términos de imputación el rol de Estados Unidos. ¿Esta guía cómo incluye ese rol?

–Las instituciones que relevamos son de países de Mercosur y Chile. Pero no hay ninguna investigación en la región que no muestre el papel central sobre el rol de Estados Unidos en el Mercosur. Pero también estamos discutiendo ampliar dentro de los fondos los documentos desclasificados, por ejemplo, de la National Security o de organizaciones que siguieron estos procesos y su coordinación represiva. O los del Acnur sobre los casos de exiliados.

* La guía puede consultarse en la página web del Ippdh. O en http://www.ippdh.mercosur.int/ArchivoCondor