Un grupo de abogados relacionado con la derecha española y con el ex ministro de Justicia de Carlos Menem, Rodolfo Barra, está a la ofensiva para ver si puede trabar las operaciones de YPF y, sobre todo, el acuerdo de exploración y explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Aparece una Asociación Española de Minoritarios de Empresas Cotizadas, Aemec, que con la firma de accionistas muy minoritarios juegan un papel parecido al de los fondos buitres: litigan, obstruyen e incluso esperan que les paguen para retirar las demandas. Actúan en ese terreno contra buena parte de los socios minoritarios de YPF que quieren que a la empresa le vaya bien y, por consiguiente, cobrar los dividendos y ver crecer el valor de las acciones.

Aemec funciona en las oficinas de una gigantesca firma de abogados, Cremades y Calvo Sotelo, en la que Javier Cremades es el titular, un hombre vinculado al Opus Dei e involucrado en campañas para incentivar la existencia de familias numerosas. Lo que sí es numeroso es su plantel de abogados: más de 200, con oficinas en varios países. La esposa de Cremades, Arancha Calvo Sotelo, es bisnieta de José Calvo Sotelo, ministro y político de ultraderecha, cuyo asesinato desencadenó la Guerra Civil. Cremades mismo es un hombre cercano a la derecha española y se lo mencionó varias veces como posible ministro de Justicia o Industria del gobierno de Mariano Rajoy. En la oficina de Cremades y Calvo Sotelo funciona Aemec.

En una conferencia de prensa oficial, Barra fue presentado en Madrid como consultor-asesor de AEMEC en la Argentina, es decir como cabeza de la guerra de esos accionistas minoritarios contra la gestión de YPF que encabeza Miguel Galuccio. Como se recordará, Barra tuvo que renunciar al Ministerio de Justicia cuando se conoció que había militado en una organización nazi juvenil, pero, además, fue artífice del soporte judicial de gran parte de las medidas del menemismo.

Por supuesto existe una feroz batalla legal, nacional e internacional, de Repsol contra YPF por la expropiación del 51 por ciento de las acciones en la petrolera argentina. Y no sólo la pelea es legal, sino también en el terreno de la difusión pública:

- Como ya viene siendo habitual, la jueza en lo contenciosoadministrativa, María José Sarmiento, acogió una demanda de los socios minoritarios y le exigió a YPF que presente toda la documentación del acuerdo con Chevron. La jueza Sarmiento intervino para prohibir el uso de reservas del Banco Central para el pago de deudas y repuso en su cargo como presidente de la entidad a Martín Redrado. La magistrada, hija de un teniente coronel que actuó en Inteligencia, tiene un hermano que defiende a la mayoría de los imputados en la masacre de Margarita Belén.

- Documentos oficiales de Repsol criticaron el convenio con la petrolera norteamericana basándose en que la performance de Chevron fue mala en los últimos años. Los informes no mencionan que YPF es la petrolera más importante de la Argentina y que llegó a bajar la producción en un 10 por ciento en algunos años, tanto en petróleo como en gas, creando un déficit inmenso.

- Repsol también afirma que los resultados de Vaca Muerta eran mejores en épocas de la administración española y hasta ponen en duda las posibilidades de una de las zonas más promisorias del planeta en combustible no convencional. El documento oficial –un newsletter– no dice, por ejemplo, que YPF lleva perforados más de 100 pozos en Vaca Muerta, el triple que todas las demás petroleras y que en agosto se obtuvieron 10 mil barriles por día, contra los 4000 de principios de año. La conducción actual de YPF sostiene que en junio de 2012 había cuatro equipos operativos y a fines de junio de 2013 hay 15, previéndose llegar a 20 en diciembre.

Más allá de estos aspectos, para el público en general hay un dato que se percibe en forma cotidiana: no bien asumió la nueva conducción de YPF dejó de existir el faltante de combustible que era clásico en la mayoría de los fines de semana largo.

Hasta el momento, hubo una intensa campaña en la que se dijo varias veces que el titular de YPF, Miguel Galuccio, había presentado la renuncia; que el proyecto de Vaca Muerta quedaba congelado por falta de inversores; que el acuerdo con Chevrón estaba caído; que sin un acuerdo con Repsol no habría ninguna empresa dispuesta a acercarse e invertir y que las metas de producción no se iban a cumplir. Todo esto intentó instalarse tanto en España como en la Argentina, con el objetivo de trabar el desarrollo de YPF.

Un paso clave se dará en la Legislatura de Neuquén el 28 de agosto en que se debatirá el acuerdo YPFChevrón. El convenio ya fue aprobado en comisión por nueve a cuatro y, según sostienen incluso los opositores, no tendrá problemas en el plenario de la Legislatura que se va a realizar ese día. Según se sostiene en ámbitos petroleros, el acuerdo con Chevrón abriría las puertas a que otras empresas también propongan invertir en el desarrollo del yacimiento.

Hace un mes, Galuccio les dijo a los gerentes de YPF: “Piensen lo siguiente. Nuestros geólogos dicen que tenemos más de 31 mil kilómetros cuadrados de recursos en Vaca Muerta. De ésos, YPF tiene 12 mil kilómetros de concesiones exploratorias. El acuerdo que firmamos ahora abarca sólo 395 kilómetros cuadrados, de los que posiblemente haya 280 o 290 que sean perforables. En la primera faceta del proyecto estamos invirtiendo 1240 millones de dólares solamente para drenar 20 o 25 kilómetros cuadrados de esa superficie. Y si todo marcha como pensamos, vamos a invertir 14 mil millones de dólares más para desarrollar el resto en Loma Lata Norte y Loma Campana”.

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