A diez años de la declaración de nulidad insanable de las leyes de punto final y obediencia debida en el Congreso, el escenario es completamente otro. Por lo pronto, tras un largo período de impunidad, ahora hay 415 represores condenados en todo el país por crímenes de lesa humanidad y 400 juicios que están en marcha. Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica cómo se desarrolló este proceso que permitió ir liberando obstáculos para enjuiciar a los responsables de las atrocidades del terrorismo de Estado. Qué papel tuvieron los distintos poderes y los organismos de derechos humanos. Señala las dificultades iniciales, marcadas en buena medida por la desaparición de Julio López, y los desafíos pendientes en materia de reforma judicial y de fuerzas de seguridad cuyas falencias quedan en distintas circunstancias: desde la falta de sentencias firmes hasta la fuga de los acusados.

–¿Qué cambió a partir de la anulación de las leyes de impunidad en el Congreso?

–La declaración de nulidad en el Congreso fue una medida muy importante dentro de un proceso donde participaron todas las instituciones del Estado. Tuvo un efecto más político que legal, pero fue fundamental para darle el espaldarazo político del Congreso y del Poder Ejecutivo, con el impulso de Néstor Kirchner, al proceso por la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad que culminó con el fallo de la Corte Suprema en 2005. El proceso argentino tuvo una primera etapa de verdad y justicia, luego la impunidad provocada por las leyes, luego los Juicios por la Verdad, que tuvieron el objetivo de remover los obstáculos que permitían la impunidad, y otra vez el camino de la Justicia. También estuvo la declaración de Adolfo Scilingo (sobre los vuelos de la muerte).

–¿Piensa, como dicen algunos sectores, que el Gobierno se apropió de la bandera de los derechos humanos?

–Los organismos y las víctimas venían reclamando medidas para remover la impunidad, si fue el Gobierno el que impulsó medidas para que sucediera está muy bien. Pero es interesante rescatar el rol del Congreso, que tomó esta bandera y la llevó adelante. En la declaración del Bicentenario afirmó que los juicios de lesa humanidad son una política de Estado. Es bienvenido que todas las instituciones se apropien de este tema. Muchos hablan del consenso social y político, incluso el presidente de la Corte. Algo que fue impulsado por las víctimas y organizaciones se transformó en un logro de toda la sociedad.

–¿Cómo se vivieron dentro del CELS esos momentos de inflexión a los que aludía? ¿Hubo algún caso o hecho que los haya marcado particularmente?

–Hubo muchos hitos, pero con la primera sentencia, la que condenó al Turco Julián, nos juntamos en el CELS con el hermano de Claudia Poblete (nieta recuperada) y a pesar de que existe una tradición de que las organizaciones no celebran sus triunfos, hubo una gran celebración. Muchos miembros del CELS ya no estaban en ese momento, pero habían hecho mucho por lo que se logró, como Emilio Mignone, Augusto Conte y Boris Pasik. También pasó con la sentencia en el caso de (la madre de Plaza de Mayo) Carmen Lapacó. En la sentencia del Turco Julián se dio la coincidencia de que fue el caso en que se basó la Corte para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

–¿Qué balance hace sobre la evolución de los juicios contra represores?

–Desde 2006 se dictaron 103 sentencias según nuestra base de datos, en las cuales se condenó a 415 personas, 35 fueron absueltas y hoy hay casi 400 causas activas por crímenes de lesa humanidad en el país. Las absoluciones marcan la legitimidad del proceso, con apego a la legalidad y las garantías.

–Pero hubo y hay dificultades...

–Hoy el proceso de justicia mirando hacia atrás es robusto y está consolidado. No fue así al principio. Las instituciones no estaban preparadas para llevar adelante lo que significaba investigar estos casos. Los primeros dos años hubo serias falencias. Sucedió, sin ir más lejos, la desaparición del testigo Julio López, y nunca se pudo establecer qué pasó con él. Luego se creó la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración, clave para tener una estrategia de persecución penal para estos casos. La Cámara de Casación Penal fue un gran obstáculo, un embudo, por su composición, que se fue resolviendo. Pero quedan temas pendientes: falta celeridad en la revisión de las sentencias. Hay pocas con condena firme. Videla murió sólo con una sentencia firme.

–¿Cómo impactó en las causas y la situación de los testigos la desaparición de López?

–Fue un impacto fuerte y prendió muchas alarmas. En los testigos, mucha incertidumbre, y puso en evidencia la necesidad de que el Estado tuviera políticas de protección de testigos. Al principio los juicios se tramitaban como un robo de pasacasetes y en los primeros días de la desaparición de López rondaba la idea de que pudieran existir actores residuales que intentaran desestabilizar el intento de justicia.

–¿No existen esos “actores residuales” con capacidad operativa? ¿Cómo es, por ejemplo, que se fugan los represores?

–No diría que existe un aparato armado y fuerte, pero nadie debe bajar la guardia. Hay actores dispuestos a hacer trastabillar el proceso.

–Los prófugos son unos 60 y dos se escaparon hace poco de un hospital tras ser condenados, ¿cómo lo evalúa?

–Esto desnuda las debilidades de la Justicia y de depender de fuerzas de seguridad que no han sido parte del proceso de reforma democrática; muestra todo lo que queda para hacer. Hablo de reformas del sistema penal (a un sistema acusatorio) y del Ministerio Público. La creación de policías de investigación que formen parte del Ministerio Público y no de las fuerzas de seguridad y políticas de atención de víctimas de crímenes graves.

–¿Advierte resistencia judicial corporativa en este proceso?

–En tanto la Justicia es consciente de que hay un consenso político y social de que no hay regresión, puede haber resistencias aisladas, pero corporativas. En esto incluso la Corte es como un bastión.

–¿Qué posibilidades ve de que se avance en el juzgamiento de civiles, desde empresarios hasta jueces?

–Es con el proceso de justicia encaminado que se empieza a pensar en avanzar en la complicidad civil. Ya hay procesamientos, como el de Carlos Blaquier, los directivos de Ford y la elevación a juicio de la parte de Campo de Mayo donde se investiga la desaparición de trabajadores de empresas de Zárate-Campana. Se ha ordenado investigar a Loma Negra y a La Nueva Provincia. Contra jueces hay varias causas en trámite. Es evidente que todo ha servido para depurar a la Justicia de personajes que hasta hace poco la integraban y que pudieron actuar en complicidad con el terrorismo de Estado. Además se ha avanzado en otro tema muy relevante, que es la investigación de los crímenes de violencia sexual. A las víctimas también les tomó mucho tiempo poder hablar de esto.

–¿Es cierto que la Argentina está internacionalmente a la vanguardia en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad?

–Seguramente Argentina junto con Chile y Perú en menor medida son los países donde más se ha avanzado. Y lo estamos haciendo con mecanismos de justicia nacional, no con tribunales especiales ni internacionales. Eso es una muestra de madurez de la sociedad argentina y sus instituciones. Cuando lo cuento en otros países genera admiración. Pero siempre digo: esto llevó treinta años y hubo momentos de mucho desasosiego.