La Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña quedó paralizada ayer por un paro de su personal. El motivo de la medida es el pase de noventa trabajadores de planta permanente al Procam (Programa de Educación Científica y Ambiental), que para los afectados constituye el paso previo a un despido. Bajo el argumento de reasignarles tareas en otras áreas del Estado, como Salud o Cementerios, se los derivaría allí “para ver si se cansan o se van por propia voluntad”, denunció un empleado.

El conflicto se desencadenó mientras la conducción de la AGC es cuestionada por sus trabajadores, sectores privados afectados por controles considerados abusivos y legisladores opositores a la gestión de Mauricio Macri, que acompañaron la medida. El paro podría continuar el lunes próximo si no se reven los traslados. Y podría agravarse todavía más si a la lista de noventa desplazados se agregan otros cuarenta, como se comenta en la Agencia. Por la medida, los perito-verificadores no retiraron sus designaciones, lo que provocó la paralización de las visitas a obras que se levantan en la ciudad.

Asimismo, la Cámara de Pubs, Bares y Afines de Entretenimiento Nocturno (Capbaen) de la Ciudad denunció al gobierno porteño por el cierre de tres mil locales en los últimos cinco años. La queja de su presidente, Demián Español, es por clausuras “indiscriminadas” y la imposibilidad de conseguir “habilitaciones permanentes”. Sobre todo, en el barrio de Palermo. Le apuntan por ello a la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) de la AGC, que conduce un funcionario cuestionado por la Cámara: Luis Pedro Chapar.

La AGC depende orgánicamente del ministro Guillermo Montenegro, pero en los hechos sus funcionarios responden políticamente al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Su titular, el mayor retirado Juan José Gómez Centurión, es tan criticado como sus antecesores en el cargo: desde el ex juez Federico Young, un apologista de la última dictadura, al vocal titular de la comisión directiva de Boca Juniors Oscar Ríos.

La semana pasada, Página/12 publicó una serie de notas sobre las desatenciones de la AGC ante hechos graves que ocurren en la Ciudad. Por ejemplo, los accidentes en obras en construcción y la caída de ascensores. La Asociación de Profesionales Perito-Verificadores (APPV) le mandó cinco notas a Gómez Centurión entre mayo y julio; le pidió también una audiencia, pero nunca fue recibida. La intención de su comisión directiva era describirle las irregularidades que se cometen en el control de obras, comercios y edificios.

“Los sorteos no se corresponden con la etapa de avance de la construcción que nos llaman a verificar y se nos envía siempre tarde”, denunció la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, presidenta de la APPV.