El ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, procesado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, fue detenido el jueves por la noche en la ciudad de Reñaca, Chile, luego de que la Suprema Corte de ese país confirmara el fallo que ordenó extraditarlo a la Argentina. El ex hombre fuerte del Poder Judicial cuyano, que huyó del país hace exactamente dos años para evitar la cárcel, volverá a cruzar los Andes en los próximos días, esta vez como detenido. El embajador argentino en Chile, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, y el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, manifestaron su satisfacción por la decisión de la Justicia chilena de aprobar la extradición del ex magistrado, que será juzgado por su participación en casi un centenar de secuestros, tormentos y homicidios entre 1975 y 1983, cuando se desempeñaba como fiscal federal y juez subrogante en Mendoza.

Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a Romano el jueves en su departamento en Reñaca, donde cumplía arresto domiciliario nocturno. Luego de una escala en Viña del Mar, quedó detenido en instalaciones de Interpol en Santiago. El plazo máximo para extraditarlo es de 30 días, pero “creo que en la semana que viene ya va a estar acá”, afirmó el abogado Pablo Salinas, querellante en Mendoza. Mendoza On Line informó ayer que, una vez en la Argentina, Romano pasará primero por la U32 de Mendoza y luego será trasladado al Pabellón 6 de San Felipe, donde purgan sus condenas los represores de la dictadura.

Las declaraciones de los funcionarios celebrando el fallo de la Corte chilena fueron durante la Quinta Reunión Binacional de Ministros de la Argentina y Chile y la III Reunión Binacional de Intendentes Chilenos y Gobernadores Argentinos de la Frontera Común, que se realiza en Santiago. González García manifestó su satisfacción “y la de todos los argentinos por la decisión de las autoridades chilenas de extraditar a Otilio Romano”. El ministro Puricelli explicó que “esta noticia es buena precisamente porque en la lucha por imponer los derechos humanos evitamos que quienes tienen responsabilidades criminales puedan evitar la Justicia, como lo intentó hacer Romano”. “Nosotros creemos que esto es consecuencia de la integración que se viene dando entre ambos países”, agregó. El gobernador Pérez consideró que “la Justicia chilena ha dado un paso muy importante y así podemos tener un horizonte con la Justicia de ambos países a un reclamo de una persona que está imputada por más de 120 casos de lesa humanidad”.

Romano fue procesado, cuando todavía estaba en funciones, como partícipe necesario en 103 casos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones. La decisión del juez federal Walter Bento fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, integrada entonces por jueces subrogantes. En su última etapa al frente de la Cámara, Romano se empeñó en liberar represores y obstaculizar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. En paralelo se dedicó a dilatar el proceso de destitución en su contra en el Consejo de la Magistratura. El 24 de agosto de 2011, hace hoy dos años, cuando el Consejo se aprestaba a suspenderlo y dejarlo sin fueros, aprovechó el privilegio de la libertad que le otorgaba el cargo y se tomó un avión de LAN rumbo a Chile, donde pidió refugio como perseguido político.

En mayo de 2012 el Ministerio del Interior de Chile rechazó el pedido y le anuló la visa de residencia temporaria. “Del estudio de todos los antecedentes aportados y recabados, no fue posible acreditar la existencia de un fundado temor de persecución”, dictaminó y echó por tierra la estrategia de victimización de Romano. Comenzó entonces el trámite ante el Poder Judicial chileno. El 18 de junio último el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo se pronunció a favor de la extradición, decisión que confirmó este miércoles la sala segunda de la Corte Suprema. Los jueces Milton Juica, Hugo Domestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva ratificaron que Romano no es un perseguido político sino que existen “presunciones fundadas” sobre su participación en delitos de lesa humanidad. Destacaron la obligación del Estado chileno de “promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”, que incluyen “la sanción del genocidio y de delitos de lesa humanidad”.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados de los organismos y/o representantes de las víctimas del terrorismo de Estado le solicitaron al Tribunal Oral Federal de Mendoza la acumulación de todas las causas elevadas a juicio y la incorporación de Romano a la lista de acusados. Si los jueces Alejandro Piña, Juan González Macías y Raúl Fourcade aceptan ese criterio, el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un megajuicio con casi cuarenta imputados, incluidos cinco ex jueces acusados de omitir denunciar e investigar delitos de lesa humanidad.