EL PAíS › OPINION
› Por Raúl Kollmann
El Memorándum de Entendimiento pone en tensión a todos los actores de la causa AMIA. Es que gran parte de los protagonistas –el juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Alberto Nisman, la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas– saben que si el proceso del Memorándum avanza habrá que poner sobre la mesa las evidencias, que algunos creen razonables y otros saben que son muy flojas.
La investigación del atentado fracasó esencialmente porque los responsables de encontrar a los culpables –el Estado argentino, el gobierno de Carlos Menem, los encargados de la Policía Federal, la SIDE– no pudieron determinar ninguno de los aspectos concretos del atentado: si hubo o no un suicida, quién fue realmente, cómo entró en la Argentina, quién proveyó los explosivos –no sólo el amonal, de fácil acceso, sino también el trotyl o similar con el que se puso en marcha el amonal–, dónde estuvo la camioneta Trafic en la semana anterior al atentado, quién armó el explosivo y todo lo que tuvo que ver con el hecho en sí mismo. El Tribunal Oral que juzgó el caso AMIA, durante el juicio más largo de la historia argentina –tres años–, invirtió cuatro meses en escuchar a los peritos y concluyó que el atentado se cometió con la Trafic, pero no pudo avanzar más allá. Se habían perdido los primeros días y semanas de la investigación, el tiempo clave para descubrir a los participantes de la trama. El juez Juan José Galeano, los fiscales y hasta el presidente de la DAIA terminaron imputados por desviar la investigación y deben afrontar un juicio oral por encubrimiento.
Transcurridos 19 años, la causa no tiene ni un detenido. El rumbo que tomó la pesquisa es el de apuntar a la conexión internacional, algo que no es fácil si no se tiene identificada la mano de obra local del ataque. La base entonces son informes de Inteligencia de la CIA y la SIDE, datos poco confiables, muy politizados y complicados de transformar en pruebas judiciales.
Por ejemplo, el fiscal Nisman sostiene que en el atentado hubo un suicida, Ibrahim Hussein Berro, un libanés de Hezbolá. Oficialmente, Berro habría muerto en El Líbano en una batalla contra fuerzas israelíes. Nisman sostuvo que dos hermanos de Berro, Abbas y Hassan, que viven en Estados Unidos, le confirmaron que Ibrahim fue el suicida. Sin embargo, leyendo sus testimonios, parecen afirmar lo contrario: que no fue. A los medios de comunicación le dijeron lo mismo: “Nosotros estamos seguros, ciento por ciento, que Ibrahim no tuvo nada que ver con esto”, dijeron desde Detroit.
Lo que queda, entonces, es que Nisman afirma que desde Buenos Aires, en los días previos al ataque hubo llamadas desde esta ciudad a la casa de los Berro en El Líbano y a un cuartel de Hezbolá. Y eso tiene base fundamentalmente en informes de inteligencia. O sea, poco confiables.
Desde el punto de vista científico, nunca se hizo un ADN. El fiscal sostiene que no hay elementos para hacerlos, mientras que algunos genetistas afirman que lo que no se podía hacer con una gota hace diez años, hoy se puede hacer sobradamente. Pero lo cierto es que no hay prueba científica.
El Memorándum establece que son cinco las personas a ser indagadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral, porque se trata de los cinco sobre los cuales Interpol mantiene las órdenes de captura con alertas rojas. De esos cinco, tres eran funcionarios del máximo nivel de Teherán y su imputación tiene que ver con la orden de cometer el atentado, supuestamente decidido en la ciudad de Mashad en 1993.
Los tres altísimos funcionarios son el ex ministro de Información, Alí Fallahyan, el ex jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohsen Rezzai, y el ex comandante de la fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi. Las dos últimas son agrupaciones orientadas a la exportación de la revolución islámica iraní. El problema es que no hay ningún participante de aquella reunión en Mashad que aporte un testimonio directo: se trató de un encuentro del gobierno persa, que salió en los diarios, pero que disidentes iraníes que viven en el exterior sostienen que fue la reunión en la que se decidió el atentado. A primera vista, no parece muy verosímil, pero, además, será difícil probarlo.
Los otros dos imputados con alertas rojas son dos hombres que sí estuvieron en la Argentina: el agregado cultural, Mohsen Rabbani y el tercer secretario de la embajada de Irán en la Argentina, Ahmad Asghari. Nisman afirma que Rabbani fue el hombre clave del atentado, que estuvo cerca de la AMIA en el momento de la explosión, que albergó a quienes vinieron a realizar el ataque y que el coordinador fue Samuel Salman El Reda, casado con una secretaria de Rabbani. Tal vez sobre estos dos últimos, Nisman pueda poner el acento en las indagatorias.
Nada será fácil de probar y hay un antecedente negativo. En 2003 fue detenido en Londres quien fuera embajador de Irán en la Argentina en la época del atentado: Hadi Soleimanpour. En ese entonces, el todavía juez Juan José Galeano envió 400 páginas de información y evidencias al juez británico, Justice Royce, quien dictaminó que las pruebas eran insuficientes. No sólo liberó a Soleimanpour sino que lo indemnizaron con 20.000 libras esterlinas. Nisman considera que hoy la situación es distinta y que hay más elementos.
Parece cantado que tras la reunión de ayer, el Memorándum tampoco transitará por una alfombra roja, sin obstáculos. Hoy por hoy el texto es motivo de un expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia, porque la AMIA y la DAIA lo consideran inconstitucional. El máximo tribunal debe resolver si la causa será tramitada por un juez federal –Rodolfo Canicoba Corral– o por una jueza en lo contencioso administrativo, María Alejandra Botti. La Corte recibió la controversia en julio, pero todavía no decidió de quién es la competencia. En verdad, hasta ahora el tema era abstracto porque Irán no había manifestado su voluntad de avanzar.
En Comodoro Py, Canicoba siempre se mostró dispuesto a viajar a Teherán a tomar las indagatorias, en tanto y en cuanto evaluara que el procedimiento se haría de acuerdo con lo señalado por el Código. El magistrado, además, debe pedir autorización a la Corte por el gasto a realizarse, pero la idea es hacer una presentación amplia ante el máximo tribunal.
Entre los familiares, la mayoría está a favor de avanzar. Memoria Activa señaló esta semana que ya había pasado demasiado tiempo desde la firma del Memorándum y que había que poner un plazo. En diálogo con este diario, sus dirigentes manifestaron que siguen apoyando el Memorándum, con la condición de que se avance. La agrupación que lidera Sergio Burstein también está de acuerdo y lo mismo señaló Olga Degtiar ayer en la Agencia Judía de Noticias. Del otro lado, Luis Czyzewski, reiteró su rechazo al Memorándum.
El vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, ayer pronunció una frase llamativa: “El estancamiento de la causa es malo, pero el Memorándum es peor”. Parece claro que, como lo fue la larguísima negociación entre Estados Unidos y Libia por el caso Lockerbie, nada será fácil, pero la realidad actual es que el 18 de julio del año próximo se cumplirán 20 años del atentado sin que se haya podido romper la impunidad.
La Argentina empezó a negociar con Irán hace un año. Las críticas fueron despiadadas. El viernes, Barack Obama habló por teléfono con el presidente iraní, Hassan Rohani, y se están buscando caminos. Se encontraron los cancilleres de ambos países, Rohani se reunió con el presidente de Francia, todo está en movimiento. Ojalá el caso AMIA sea parte del diálogo entre Washington y Teherán y si hay un culpable iraní, que Teherán acepte los procesos penales.
Se firmó el Memorándum en enero pasado. Se dijo que era una trampa y que se levantarían las órdenes de captura de Interpol con alertas rojas. No ocurrió. Se dijo que era muy ventajoso para Irán, pero se ve que tan ventajoso no era: tardaron nueve meses en dar una primera aprobación.
Nada garantiza el éxito del Memorándum. El régimen teocrático de Teherán no pasó ahora a ser Heidi. Es posible que las indagatorias no lleguen a concretarse, pero la peor de las variantes es no hacer nada. Y aún peor es que las cosas queden en la nebulosa y algún trasnochado termine utilizando el caso AMIA, entre otros argumentos, para justificar un bombardeo y centenares de muertos.
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