EL PAíS › OPINIóN
› Por Lucas Bilbao * y Ariel Lede **
Cuando un obispo se pronuncia desde la doctrina católica sobre algún aspecto de la realidad social (homosexualidad, pobreza, familia) siempre hay un sentido político e ideológico que se disimula detrás del discurso religioso. En un país de tradición católica como Argentina, su voz pública ha tenido y tiene peso simbólico, difusión mediática y, en ocasiones, injerencia en decisiones gubernamentales. Dos hechos significativos permiten visualizar este cruce entre religión y política: la famosa homilía del provicario castrense Victorio Bonamín que promovió el alzamiento militar en 1975 y el fallo del Poder Judicial que benefició al ex obispo castrense Antonio Baseotto.
El 23/9/1975 Bonamín celebró una misa por el teniente coronel Argentino Del Valle Larrabure, asesinado en Rosario. Traspasando las fronteras de lo estrictamente religioso, su homilía operó como una proclama política para quienes esperaban una intervención militar: “Cuando hay derramamiento de sangre hay redención. Dios está redimiendo mediante el Ejército la Nación Argentina. [...] Su muerte es muerte de amor, como lo es ésta de los oficiales y suboficiales que han muerto en acción de guerra en Tucumán. Son muertes que tienen una finalidad trascendente. [...] ¿Es audacia decir que el Ejército argentino está expiando por todos? [...] ¿No querrá Dios algo más de las Fuerzas Armadas que esté más allá de su función de cada día? [...] Debe alzarse lo que está tan caído y qué bueno es que sean los primeros en alzarse los militares. [...] Yo sé que es un motivo, un argumento, que surge ahí del altar, lo que le está pasando al Ejército”.
La dirigencia política cuestionó la homilía por representar “un agravio al pueblo argentino y a sus instituciones, y una incitación a las Fuerzas Armadas para la quiebra del orden institucional”. El obispo se excusó alegando que sus expresiones “no tenían ningún trasfondo político”. Si bien los repudios en el ámbito gubernamental fueron unánimes, las adhesiones no pasaron desapercibidas en el mundo castrense y el eclesiástico. El obispo Tortolo, autoridad máxima de la Iglesia argentina, expresó que la homilía “estaba dentro del magisterio de un obispo”. Y una solicitada en La Nación del 27/9/1975 respaldó a Bonamín: “Como soldado de Cristo, usted honra su fe. Lástima para la Patria, que no ciña espada”.
Frente a las repercusiones el provicario escribió en su diario personal: “Inde, irae!... et amores!” [Desde allí, ira... y amores!]. Despertando más amores que odios, la homilía de Bonamín significó el ápice de la sacralización y la bendición pública que la jerarquía eclesiástica ofreció a la “guerra santa”. Este “reaseguro divino” terminó de consolidar la imagen y el discurso de un “Ejército redentor”. La sangre de los militares muertos no era en vano, sino que se convertía en el medio más eficaz –si no el único– para la “expiación”. Eclesiásticos y jefes militares tranquilizaban a sus subalternos asegurándoles que esas muertes eran “muertes de amor”.
Treinta años después, Baseotto dirigió una carta al ministro de Salud Ginés González García cuestionando su política de prevención y salud reproductiva: “La multiplicación de los abortos que usted propicia con fármacos conocidos como abortivos es apología del delito de homicidio... Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar”. Paradójicamente, quien estaba haciendo apología del delito era el denunciante. La respuesta del presidente Néstor Kirchner no se hizo esperar: las reaccionarias palabras del obispo, “invocando alegorías de connotaciones muy fuertes en la República Argentina, que recuerdan los llamados vuelos de la muerte, reivindican los métodos de la dictadura, apoyan a los ejecutores de tales crímenes y lejos están de aportar a la paz...”. Mediante el decreto 220/2005 se dejó sin efecto la designación de Baseotto (acordada entre el ex presidente Duhalde y Juan Pablo II en 2002) y suspendió su remuneración mensual de 5000 pesos. Dos años después, Benedicto XVI aceptó la renuncia de Baseotto por haber superado la edad de 75 años, quedando desde ese momento el cargo vacante. El gobierno nacional permanece hasta hoy en la postura de no otorgar su consentimiento para ninguna designación.
Según informó La Nación el pasado 19 de septiembre, el Poder Judicial revocó la decisión del gobierno nacional y ordenó el pago inmediato de la jubilación a Baseotto –que equivale al 70 por ciento de la remuneración de un juez de primera instancia– desde 2007 a la actualidad. El mismo día el sociólogo Fortunato Mallimaci presentó los resultados de una investigación científica que demuestra la existencia de una notoria pluralidad de creencias en nuestro país y una creciente desinstitucionalización de las prácticas religiosas. Pese a la persistencia del imaginario de una “Argentina católica”, los datos arrojaron la radiografía de un país donde otras confesiones y la indiferencia religiosa han avanzado en detrimento del catolicismo. En este escenario, se insiste en sostener un privilegio de la Iglesia Católica: el monopolio de los bienes religiosos en el ámbito de las FF.AA. y de seguridad.
En los más de 30 años que pasaron desde que Bonamín golpeara la puerta de los cuarteles convocando al golpe militar, el obispado castrense nunca se cuestionó su participación político-religiosa en el terrorismo de Estado. Los prelados que lo condujeron desde el retorno democrático no se corrieron del encuadre ideológico de sus predecesores. Baseotto lo confirmó en el 2005. Pero tal vez convenga no desesperar: un papa argentino que “nunca fue de derecha” –según él mismo manifestó– hará lo imposible por suprimir uno de los resabios del autoritarismo en la actual democracia.
* Historiador.
** Estudiante de Sociología
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