Un error formal en una presentación judicial de los directivos de Clarín y La Nación, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, les jugó una mala pasada y puso fin a la discusión sobre qué juez investigará cómo se produjo la transferencia de Papel Prensa durante la dictadura. Sus abogados olvidaron poner sus números de documento al presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene establecido que ese descuido burocrático equivale a “tener por no presentado el recurso”, con lo cual se les pasó la oportunidad de una revisión. Así, el expediente seguirá en manos del juez federal porteño Julián Ercolini y no, como pretendían ellos, de un juez de La Plata.

La investigación sobre la venta de Papel Prensa tuvo un paso por los tribunales porteños y otro por los platenses. Tanto el juez Daniel Rafecas como los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, de La Plata, señalaron que la transferencia de la planta del grupo Graiver a Clarín, La Nación y La Razón se habría concretado mediante la comisión de delitos de lesa humanidad.

En distintos ámbitos –empezando por una investigación interna en la Secretaría de Comercio–, Lidia Papeleo (la viuda de David Graiver) y su ex testaferro Rafael Ianover relataron que el traspaso de acciones se hizo bajo intimidaciones, amenazas y métodos extorsivos, lo que llevó a que la venta se hiciera a un precio vil, de 946.600 dólares. Después del traspaso forzado fueron secuestrados y torturados varios accionistas y personas vinculadas del grupo Graiver. A uno de ellos, Jorge Rubinstein, que era mano derecha de David Graiver, las torturas le provocaron la muerte.

La causa finalmente terminó en manos del juez Julián Ercolini, tras una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque los directivos de los medios que se encuentran implicados seguían batallando porque el expediente regresara a La Plata, al juzgado de Arnaldo Corazza. Los defensores de Magnetto y Mitre, los abogados Hugo Wortman Jofre y Alejandro Pérez Chada, intentaron llevar la discusión sobre la competencia a la Corte. El 24 de septiembre el alto tribunal, en seis renglones, señaló que los letrados “no han dado cumplimiento a la intimación que le formuló el secretario del tribunal” en función de dos acordadas (13/90 y 35/90) y “por ello, corresponde tener por no presentado el recurso de hecho”.

Lo que les pedían era que completaran los datos personales, porque faltaban los números de documento de los apelantes. Es información que se pide para que, si les rechazan el recurso, poder ejecutarles una suma obligatoria, que es de cinco mil pesos. Les dieron cinco días, pero no lo hicieron, y la presentación naufragó y quedó Ercolini a cargo de la causa. Firmaron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Este año, Ercolini le tomó testimonio a Lidia Papaleo. Ahora debe empezar una pericia contable para determinar el valor real que tenía Papel Prensa en el momento de ser vendida a una cifra irrisoria.