“Las leyes que el Gobierno ha impulsado en materia de salud tienen como objetivo garantizar el acceso a un derecho humano inalienable. La salud es un bien social, no un negocio”, manifestó ayer la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld. Fue en respuesta a declaraciones de las empresas de medicina prepaga, que en un encuentro sectorial criticaron los cambios normativos que procuran ampliar la cobertura para incluir nuevas dificultades de salud. “Una fiesta de leyes sin razón de ser fueron aprobadas espasmódicamente por el Congreso”, calificaron las empresas.

Son varias las leyes sancionadas desde 2007 que mejoran el acceso de los afiliados a la salud, pero afectan la rentabilidad de las empresas. Se trata de la ley de medicación por hepatitis crónica, de ligadura de trompas, de tratamiento hormonal de emergencia, de drogadependencia, de conductas alimentarias, de obesidad mórbida, de celiaquía, de asistente domiciliario, de discapacidad, de alcoholismo y de fertilización asistida.

El director del Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, Marcelo Marchetti, habló de las “exageraciones de las regulaciones” y sostuvo que “el Programa Médico Obligatorio en Argentina se parece a todo lo que aparezca y, ante la duda, los jueces dicen: ‘Todo lo que hay’”. En la misma línea, Luis Fontana, gerente médico de Gestión de OSDE, se lamentó de que “nadie se va a poner en contra de una ley que legisle la cobertura de una discapacidad, sobre el alcoholismo, los trastornos alimenticios”. En relación con la recientemente sancionada Ley de Fertilización Asistida, manifestó que “no se tomaron el tiempo de consultar a nadie que supiera de fertilización asistida ni de infertilidad. Esta ley es una aberración científica”. Las declaraciones tuvieron lugar durante el último Congreso Anual de la Asociación Civil de Asociaciones Médicas Integradas (Acami), realizado hace dos semanas en Bariloche, donde hubo 200 ejecutivos de empresas de medicina prepaga.

Korenfeld ayer respondió a los empresarios. “No legislamos para resguardar privilegios, trabajamos pensando en los derechos colectivos. Cuando se vive en democracia, los intereses de sectores económicos deben armonizarse con los intereses, también legítimos, del conjunto”, subrayó.

También el Ministerio de Salud, a través del secretario de Políticas, Regulación e Institutos, Gabriel Yadlin, salió al cruce de las empresas. “En todas las leyes trabajamos con la Academia Nacional de Medicina, con universidades, con organizaciones no gubernamentales y con la gente. No estamos en contra de las prepagas, pero hay que garantizarle a la gente que acceda a los recursos. Hay que igualar para arriba”, señaló.

Fontana además arriesgó que “el poder de lobby de las asociaciones de consumidores tiene mucha más llegada al Gobierno y a los medios de comunicación que las entidades de medicina prepaga”. La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Colombo, en tanto, pidió que las prepagas “se hagan cargo de que la atención de la salud no sólo es cuidar de aquello que es rentable para la empresas”. Por parte de las entidades de defensa del consumidor, Sandra Merlo, del Instituto de Defensa del Usuario y Consumidor, dijo que las declaraciones de las empresas “reflejan una vez más que velan pura y exclusivamente por sus intereses económicos y no por los de los consumidores y usuarios”. En tanto, Osvaldo Bassano, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), destacó que “lo que han hecho estas leyes es proteger la salud de la voracidad de estas empresas, cuyo fin ciertamente no es del tipo sanitario sino más bien financiero”.