“Los grupos de tareas estaban conformados por policías y militares, comandados por un capitán del Ejército y un oficial de policía, en operativos que surgían cuando el sospechoso en actividades terroristas no comparecía a una citación”, dijo ayer el represor Musa Azar en la primera audiencia de un juicio que comenzó ayer en Santiago del Estero, donde es procesado junto con integrantes de un grupo de tareas que encabezaba.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó con la lectura de la acusación fiscal. El ex jefe de Inteligencia Azar, principal acusado, decidió asistir al recinto, aunque las sucesivas audiencias las presenciaría por videoconferencia desde el Hospital Carrillo, donde ya cumple otra condena. “Nuestra misión era elaborar informes diarios relacionados con conflictos sociales, paros de gremios, que eran enviados a la SIDE central, a la Jefatura de Policía, a la guarnición militar y al gobernador”, dijo ayer aprovechando el auditorio, y luego deslindó responsabilidades en los demás acusados al explicar que “en general, no iba a los operativos”, sino que se quedaba “en su despacho”.

Musa Azar está siendo juzgado por el asesinato de la empleada doméstica Consolación Carrizo y el secuestro y torturas de otras 34 personas. Se trata de la denominada Megacausa II de Santiago del Estero, en la que alrededor de 120 personas, en su mayoría víctimas de la última dictadura, prestarán su testimonio durante los próximos tres meses.

En la misma causa también están acusados los ex policías santiagueños Miguel Tomás Garbi, segundo ex jefe de la División Informaciones Policiales; Ramiro López, Francisco Laitán, Juan Bustamante, José Brao, Carlos Capella y Pedro Ledesma. También escucharon las acusaciones por delitos de lesa humanidad el ex militar Jorge D’Amico y Marta Noemí Cejas, la primera esposa de Musa Azar, unión matrimonial de la que nació Julio Elías Azar Curi, abogado que asumió la defensa de sus padres. La ex esposa del jefe de la denominada Gestapo santiagueña se desempeñó durante la dictadura bajo las órdenes de Musa Azar en la Dirección de Informaciones Policiales (DIP) y, según denuncias, tenía a su cargo el traslado de presas políticas. En la misma causa, también se encuentra imputado el ex oficial Roberto Díaz, que hace varios años se encuentra prófugo de la Justicia y por el que se ofrece una recompensa de 150 mil pesos para el que aporte datos que permitan su detención.

Familiares de desaparecidos, dirigentes y militantes de distintas organizaciones de derechos humanos se movilizaron para reclamar prisión perpetua para los acusados. La mayoría de los represores juzgados cumple actualmente condenas de prisión perpetua por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas, antes y durante la última dictadura militar. En el caso de Musa Azar, López y Garbi también cumplen esa condena por el asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, en noviembre de 1976.

Estas denuncias fueron impulsadas en 2004 por el fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, durante la intervención federal de Pablo Lanusse. Entre las víctimas por los secuestros y torturas entre los años 1976-77, que integran el Grupo 4, figuran Mercedes Yocca, Luis Avila Otrera, Héctor Galván, Ricardo García, Rina Farías de More, Gerardo More, María Gómez de Salomón, Sara Salomón, Rubén Salomón, Juan Serrano y Roberto Zamudio.