El informe sobre las mediciones de contaminación de UPM-Botnia que la Cancillería va a dar a conocer esta semana se basa en las inspecciones que el comité científico viene haciendo a la planta desde el año 2011. En vísperas de que se difundan esos resultados, una fuente vinculada con el monitoreo explicó a Página/12 cómo se realizan las tomas de muestras en los ingresos a la planta, en los que se han encontrado una seguidilla de irregularidades.

El comité científico entra a la pastera doce veces por año. Son cuatro científicos –dos argentinos y dos uruguayos– que van a la planta acompañados por funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente Uruguaya (Dinama). Aunque la frecuencia con que se toman las muestras es considerada aceptable, existe un condicionamiento del que se quejan los argentinos y es que deben avisar a la empresa. Ese aviso se está mandando con diez días de anticipación y hasta hoy nunca se han podido hacer inspecciones sorpresa.

Adentro se toman dos juegos de muestras. Una queda en manos de la Dinama y la otra es llevada a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional que tiene a su cargo el monitoreo. En la CARU, las muestras se fraccionan para ser enviadas a los laboratorios. Se guardan además contramuestras para el caso de que surjan dudas o controversias sobre los resultados.

Los laboratorios que analizan el material son los canadienses Pacific Rim y Exova, el argentino INA (Instituto Nacional del Agua) y el uruguayo LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay).

Pese a que se suponía que la CARU iba a dar a conocer los resultados a medida que se obtuvieran, los datos del monitoreo no han sido difundidos hasta ahora, con la excepción de un informe parcial que la Cancillería argentina publicó en septiembre pasado con la denuncia –entre otras cosas– de que Botnia tenía un vertedero clandestino de efluentes.

La razón esgrimida sobre por qué se trabó la difusión de los resultados es que, aunque los datos de los análisis están, hay discrepancias sobre con qué parámetros leerlos. De esto depende, por ejemplo, cuál será la temperatura del efluente considerada aceptable y cuál no o qué proporciones de cromo, fenoles o fósforo son consideradas contaminantes. La Argentina plantea que debe aplicarse el Digesto del Río Uruguay, un tratado que ambas naciones firmaron en noviembre de 1990, en el que establecieron los parámetros de contaminación aplicables al río compartido. Uruguay defiende en cambio la aplicación de una norma propia, el decreto 253 del año ’79.

Salvo en el caso de una situación catastrófica, la contaminación es un proceso difuso y su prueba está sujeta a interpretaciones. Si un día el río amanece cubierto de peces muertos, nadie dudaría de que algo grave está pasando, pero si una (o varias) especie desaparece silenciosa y progresivamente, ¿cuántos llegarían a darse cuenta? Por esto, como parte del monitoreo se había acordado instalar a lo largo del cauce dispositivos con almejas, que por su sensibilidad a los tóxicos funcionan como alarmas ante episodios de contaminación. También en esto los argentinos acusan a los uruguayos de poner obstáculos que frenan la aplicación de la medida.