Las acusaciones contra Irán por el atentado contra la AMIA, la respuesta iraní y la política que decida el presidente Néstor Kirchner pueden estar hoy en el centro de la escena en el viaje del primer mandatario a Washington. Por un lado, el régimen de Teherán desmintió ayer una vez más su participación en el atentado, se manifestó contra cualquier acto terrorista y, por supuesto, les adjudicó las acusaciones “a los sionistas”. Por el otro lado, al presidente George W. Bush le vendría muy bien que Argentina hiciera una declaración formal sobre el tema señalando a Irán como “un estado que alienta el terrorismo” o una fórmula parecida.
Washington tiene como centro político la guerra contra el terrorismo y en un momento en que está cuestionada la invasión a Irak, el caso AMIA implica una acusación trascendente contra el llamado Eje del Mal, integrado por Irak, Irán y Corea. En el medio de estos fragores, existe una investigación realizada por la CIA, el Mossad y la SIDE, convalidada por el juez Juan José Galeano, que inculpa a Irán por el atentado contra la AMIA y derivó en el pedido de captura de varios iraníes. Teherán no quiere entregar a ninguno porque dice que la investigación es falsa y la respuesta de Néstor Kirchner concentra ahora toda la atención.
Lo que el Presidente diga o no diga sobre Irán puede ser el impacto mayor en el viaje a Washington y, según se señala en privado, gran parte del diálogo con Bush podría centrarse en esa cuestión. Más que las cuestiones económicas, a la Casa Blanca le importa la cuestión de Irán porque lo que han llamado la lucha contra el terrorismo absorbe hoy casi toda la estrategia internacional norteamericana.
Kirchner ha mostrado en ese terreno cualquier cosa menos pasividad. Abrió los archivos de las fuerzas de seguridad y la SIDE para profundizar la investigación y, por primera vez desde los atentados, un gobierno argentino tomó en serio la decisión judicial de pedir la captura del ex agregado cultural de Irán, Moshen Rabbani, y varios otros funcionarios iraníes. El canciller Rafael Bielsa le ordenó al embajador argentino en Irán que presente los pedidos al gobierno de Irán. Y eso ya provocó tres rebotes.
u La primera vez, el régimen de Teherán devolvió el pedido de captura sin siquiera recibirlo oficialmente.
u La segunda, lo recibieron, pero contestaron que no corresponde.
u La tercera vez utilizaron una maniobra dilatoria: dijeron que estaba mal traducida. El canciller ordenó hacer una nueva traducción y eso es lo que está ocurriendo en este momento.
Ante este cuadro, el gobierno de Kirchner tiene en vista dos caminos. La primera es emitir una declaración acusando a Irán de no colaborar con el esclarecimiento de los atentados terroristas y, de hecho, acusar al régimen de Teherán de complicidad con los ataques. La otra posibilidad que se barajó es la llamada “solución Lockerbie”, que consiste en buscar un tercer país que tanto Irán como Argentina acepten como sede para juzgar a los imputados iraníes. A raíz del atentado contra un avión de pasajeros de la empresa norteamericana PanAm, Libia terminó aceptando que los dos libios imputados sean juzgados en Holanda. Estados Unidos también aceptó esa solución y, tras el juicio, uno de los acusados fue condenado y el otro quedó libre por falta de pruebas.
El retrógrado régimen iraní se despachó ayer con un feroz comunicado emitido por la embajada de ese país en Buenos Aires. En el texto se sostiene que “en este aniversario del atentado se han hecho acusaciones carentes de toda verdad y fundamento. El escenario producido y proyectado por el sionismo internacional tiene como fin impresionar y manipular a la Argentina y sus gobiernos”. En los últimos días, Kirchner evitó pronunciarse sobre la cuestión, pero algunos funcionarios de la Cancillería dicen que hoy abordará el tema. Habrá que ver cómo afronta el delicado tema de la relación con Irán en el que se mezclan las acusaciones de los servicios de inteligencia y Galeano, la negativa de Irán a entregar a los imputados, la expectativa de Washington, un comercio nada despreciable con Teherán –compra 400 millones de dólares por año– y la postura antiterrorista del Presidente.