El gobierno nacional solicitó formalmente al Uruguay que retrotraiga su decisión de otorgar a UPM-Botnia permiso para aumentar su producción y que vuelva a la mesa de diálogo. Así lo informó el canciller Héctor Timerman en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que dio a conocer el informe completo sobre las mediciones hechas en la pastera. La planta lleva seis años funcionando y la de ayer fue la primera confirmación oficial de que contamina. Según el trabajo de los dos integrantes argentinos del comité científico que realiza el monitoreo, Botnia está contaminando el río Uruguay con fósforo y fenoles y causando un daño ambiental con la alta temperatura de su efluente. Además, se han detectado de manera intermitente cantidades de cromo y níquel por encima de lo permitido.

El canciller dijo que no llevará inmediatamente la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. “Le mandamos a Uruguay dos mensajes, éste es el tercero. Voy a esperar un par de días”, contestó en la sala de prensa cuando le preguntaron cuándo planteará el reclamo ante el tribunal internacional.

El informe completo se puede consultar en la página web de la Cancillería (www.mrecic.gov.ar). En sus puntos principales, denuncia:

- La temperatura del efluente supera en un 60 por ciento la condición natural del río Uruguay. Es de 32 grados promedio, mientras que la temperatura media del río es de 20 grados. Hay que recordar que se trata de un efluente de enorme magnitud: vuelca al río 709 litros por segundo, 61 millones de litros por día.

- Se encontraron fenoles (sustancias tóxicas) en contenidos superiores a los permitidos en once oportunidades sobre un total de 27 ingresos a la planta.

- En todos los muestreos se detectó que la pastera está contaminando el río con fósforo.

- En cuatro oportunidades, los análisis encontraron excesos de níquel y en cinco, de cromo. En este último caso, en una cantidad cuatro veces mayor a la permitida.

- Por otra parte, los análisis alertaron sobre la presencia en el efluente y en los desagües pluviales de endosulfán, un compuesto de uso prohibido por su alta toxicidad.

Otro aspecto de la denuncia es el de las limitaciones puestas al monitoreo. Los funcionarios de la CARU, el organismo binacional cuya delegación argentina preside el embajador Hernán Orduna, se quejan de no haber podido poner en marcha todavía controles acordados hace casi tres años. Entre ellos está la instalación de dos jaulas con almejas, una antes y otra después del efluente, para que funcionen como organismos de alarma. Las almejas, por su sensibilidad a los tóxicos, darían una mayor garantía de la calidad del agua, a la vez que harían de protección a la diversidad de especies.

Vale recordar que hasta ahora nunca se han podido hacer visitas sorpresa a la planta. Las autoridades uruguayas piden que los ingresos sean anunciados a la Dinama (la dirección de ambiente oriental), que a su vez avisa a la empresa de la visita del comité científico. El trámite está llevando actualmente unos diez días, tiempo en el que, denuncian los argentinos, la transnacional puede corregir eventuales irregularidades en el vuelco del efluente antes de que el comité llegue para tomar las muestras.

En la misma situación que la jaula con almejas, hay una sonda perfiladora para hacer mediciones que fue comprada hace un año y todavía no ha podido ser instalada por la oposición de las autoridades uruguayas. El sitio en el que debería ponerse es 50 metros aguas abajo del caño por el que la pastera tira su efluente.

El trabajo fue realizado por los dos integrantes argentinos del comité científico que monitorea a la pastera, el ingeniero Esteban Lyons y la doctora en ciencias químicas Mabel Tudino.

En la conferencia en la Casa de Gobierno, Timerman estuvo acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien no hizo declaraciones. El canciller insistió en que el permiso otorgado a UPM-Botnia para aumentar su producción viola el fallo de la Corte de La Haya, que emitió su dictamen en base a una producción anual de un millón de toneladas de pasta de celulosa. Con la ampliación, la pastera pasará a 1,3 millón por año. Recordó que, además, el permiso viola el estatuto del río Uruguay, que establece que las decisiones que afecten al río deben seguir un mecanismo de consulta y acuerdo. Finalmente, consideró que la medida tomada por el presidente José Mujica, por sobre todo, “privilegia los intereses de UPM-Botnia sobre la historia de dos pueblos hermanos”.

En cuanto a las medidas que tomará el gobierno argentino, el ministro reafirmó que “en la última semana hemos solicitado por canales informales que Uruguay retrotraiga su decisión sobre el aumento de producción y volvamos a discutir el tema ambiental sin obtener respuesta alguna hasta el momento”. Por eso, insistió en que “en esta ocasión el gobierno argentino solicita formalmente al gobierno uruguayo que retrotraiga la decisión y continuemos en la mesa del diálogo”.