Por A.M.

La Justicia le dio la razón, pero en breve podría darle un nuevo dolor de cabeza. La Cámara Federal aceptó reducir en mil pesos los honorarios de dos abogados que defendieron a María Julia Alsogaray, al resolver un recurso presentado por la ex polifuncionaria menemista en el que calificó de “exorbitantes” las sumas pretendidas por esos letrados. Sin embargo, Página/12 pudo saber que tras la feria judicial sería procesada nuevamente en una de las causas que aún tiene abiertas.
En caso de que el juez Rodolfo Canicoba Corral firme la resolución en la que la acusaría de falsedad ideológica, malversación de caudales, fraude y peculado en un expediente iniciado por una denuncia de la Oficina Anticorrupción referida a sobreprecios en una refacción de la Secretaría de Recursos Naturales, Alsogaray sumará su sexto procesamiento. Y cuando alguna de las causas llegue a juicio oral, la acumulación de las presuntas penas podría llevarla tras las rejas.
Mientras tanto, la ex funcionaria pretendía pagar sólo mil de los tres mil pesos que le reclamaban sus ex abogados, pero la sala I de la Cámara Federal aceptó parcialmente su reclamo y redujo el monto a dos mil. Los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo recordaron que los letrados trabajaron para la ex secretaria de Recursos Humanos desde el 17 de noviembre de 1999 al 24 de enero del 2001, en la causa en la que el juez Canicoba Corral la procesó por la cesión irregular de predios de Radio Nacional, según informaron a Télam fuentes judiciales. Oscar Rabinovich y el ya fallecido Roberto Eliosoff renunciaron a la defensa de Alsogaray por “razones particulares”, y desde entonces comenzaron a pelear sus honorarios en cada juzgado donde se tramitan causas contra la ex funcionaria. De hecho, el reclamo también llegó al Tribunal Oral Federal 4, donde se prepara un juicio oral por “enriquecimiento ilícito”. La ex interventora de ENTel. se negó a pagar a quienes la defendieron en la primera parte de la causa. Alsogaray renunció a contratar defensores particulares cuando fue inminente la elevación a juicio oral de la causa por enriquecimiento que tramitó el juez federal Juan José Galeano. Primero planteó a los distintos magistrados su deseo de ejercer su propia defensa pero esto fue rechazado y tuvo que designar una defensora pública oficial y gratuita, Perla Martínez de Buck.