El pedido de detención contra 46 represores acusados de genocidio, terrorismo y torturas enviado por el juez español Baltasar Garzón ya está en la Argentina. La oficina de Interpol se comunicó con el juez de turno, Rodolfo Canicoba Corral, y le informó que los papeles estaban en el país. El magistrado podría ordenar el cumplimiento de la solicitud que llegó desde Madrid o mandar el caso a sorteo, pero el Gobierno deberá tomar una decisión respecto de los reclamos de los jueces extranjeros que buscan hacer justicia con los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado.
Los reclamos de arresto contra Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi y otros 42 militares son un paso previo a los pedidos de extradición. Si la Justicia argentina detiene a los represores que reclama Garzón (o los llama al juzgado y les concede la excarcelación), el magistrado español deberá iniciar luego el juicio formal para que los acusados sean juzgados en Madrid.
El decreto 1581/O1 firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa no impide los arrestos provisorios, aunque adelanta que una vez que el Gobierno tenga que opinar sobre el tema, rechazará los reclamos para extraditar a los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura. El gobierno de Néstor Kirchner elaboró un proyecto para anular esa resolución, pero el Presidente partió primero a Europa y luego a Estados Unidos sin haber anunciado si barrería con el papel que impide que los represores sean juzgados en el extranjero. El hecho de que el pedido de Garzón ya esté en manos de la Justicia obliga a una definición, ya que dejar las cosas como están implicaría de hecho continuar con la posición de los gobiernos de Carlos Menem y De la Rúa.
Kirchner aseguró en varias oportunidades que su postura sobre los juicios a los represores de la última dictadura es “por la justicia y la memoria” y que las extradiciones son “un tema de la Justicia”. En realidad, el Gobierno preferiría que los militares sean juzgados en el país, pero aquí la Corte Suprema todavía no definió si anulará las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que traban los procesos en Argentina.
El escrito que firmó hace dos semanas Garzón es una reiteración del que el magistrado español envió al país el 30 de diciembre de 1999. En esa ocasión los acusados eran 48, pero el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y el marino Francis Whamond murieron en el interín. En 1999, el entonces juez Gustavo Literas solicitó a España –aunque no era necesario– que reiterara el reclamo por vía diplomática pero los papeles quedaron encallados en la Cancillería.
Varios represores incluidos en la solicitud de Garzón están siendo juzgados acá, lo que sería un impedimento para su traslado a Madrid. Ese es el caso, por ejemplo, de Videla, Massera, Carlos Guillermo Suárez Mason y Héctor Antonio Febres, quienes están procesados por su responsabilidad en el plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Pero Astiz, Bussi y Luciano Benjamín Menéndez están en libertad y en condiciones de ser extraditados.
El Gobierno espera que no haya arrestos masivos y por eso quiere impulsar la modificación en el Congreso de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Esa norma establece que quienes esperan una extradición no pueden ser excarcelados mientras dura el juicio. Pero en el caso de España el acuerdo entre ese país y Argentina establece la posibilidad de que los jueces decidan si los acusados son dejados en libertad o no antes de subirse al avión. Por otro lado la imposibilidad de excarcelación fue impugnada por distintos tribunales del país.
Para que el trámite comience, el juez tendría que abrir el expediente y notificar a Garzón acerca de si decidió detener o excarcelar a los acusados. Canicoba Corral recién hoy analizará los papeles que llegaron deEspaña y luego verá si se hace cargo del expediente o lo envía a la Cámara Federal para que se sortee un nuevo magistrado.