El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) se reunió con el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, para denunciar la actuación de grupos de civil que ingresaron a predios de familias de esa organización en la región rural de Pinto e incendiaron más de mil hectáreas de monte. La delegación responsabilizó al gobernador Carlos Juárez y a su ex secretario de Seguridad, Antonio Musa Azar, de “contratar a los paramilitares que operan en la provincia”.
La comisión dejó en el área de Derechos Humanos un trabajo que recopila pruebas y descripciones de otros doscientos episodios de violencia en localidades como Los Juríes, Quimilí, Tintina y La Simona, donde hay conflictos por la posesión de la tierra.
El último de los casos, el de Pinto, tiene como centro un pozo de agua surgente. Según Angel Strappazon, del Mocase, “el sábado a las seis de la tarde se presentó en el lugar un grupo de personas de civil en seis camionetas, con reflectores, armas y perros dogos, diciendo que el lugar era de ellos”, luego de lo cual hubo una situación de amenazas y quema del monte que continuó al menos hasta ayer a la mañana.
La organización plantea que esos grupos “tienen Itakas, armas calibre 45, chalecos antibala, perros policías y dogos” por su vinculación con el juarismo y el sistema montado por el represor Musa Azar.
“Nos hemos reunido para tomar conocimiento sobre los hechos”, dijo el ministro Beliz al término del encuentro. “Toda denuncia en materia de Derechos Humanos realizada en Santiago del Estero es un tema de preocupación nacional.”
El funcionario se comprometió a “seguir muy de cerca el respeto a las libertades y garantías individuales en esta provincia”, mientras que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, opinó que se está ante una situación que genera “profunda preocupación” para el gobierno nacional, ya que “no se trata de un hecho aislado ni puntual”.
Para Duhalde, la provincia vive “una situación de inseguridad general que viene siendo denunciada desde distintos sectores”. El secretario agregó que los intentos de desalojo de las familias, cuya posesión de las tierras es reconocida por la ley de posesión veinteañal, está “al margen de todas las disposiciones legales”.
La audiencia de Beliz y Duhalde con seis integrantes del Mocase se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En la provincia, el Mocase agrupa a unas 8 mil familias. Entre sus reclamos principales está la regularización de la tenencia de las tierras, una situación que nace de la época de La Forestal, cuando todo el territorio era obraje y los que vivían en el lugar eran empleados de la empresa, que se extendía por Santiago del Estero, Chaco, Salta y Jujuy. Bajo el control de La Forestal hubo tres millones de hectáreas. Cuando la empresa desapareció, esas tierras pasaron a manos del ferrocarril. Muchos de los antiguos trabajadores se quedaron donde estaban, sobreviviendo gracias al campo por varias generaciones. Eran campos abiertos, hasta que el Estado comenzó a delimitar y vender grandes extensiones a empresas y particulares. Con el traspaso de la tierra a manos privadas llegaron los desalojos.
El Movimiento se ocupa, junto al problema de la tierra, de todo lo vinculado con el desarrollo de la producción y la distribución de lo producido. En lo político, tienen un planteo de autonomía en relación con los partidos y el Estado. Se oponen al desmonte que llevan adelante las grandes empresas y trabajan con el concepto de soberanía alimentaria, vinculado a que cada país debe ejercer la posibilidad de elegir qué alimentos producir para alimentar a sus habitantes.
En la entrevista de ayer, los referentes le hablaron a Beliz del “derecho a ejercer la autodefensa donde no llegue la autoridad estatal” para impedir los episodios de violencia. La delegación quiere que la Nación actúe para desarmar los mecanismos de complicidad entre grupos económicos, el Poder Judicial y la policía juarista.