- Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno porteño: “Estoy de acuerdo con la derogación del decreto. Es una clara señal del gobierno que no va a obstaculizar los pedidos de extradición ya formulados. Esto no significa ningún tipo de persecución ni a las instituciones militares ni a los propios militares. Estos procesos están dirigidos sólo a quienes tuvieron responsabilidad en la última dictadura y precisamente sirven para separar a quienes tuvieron responsabilidad en violaciones gravísimas a los derechos humanos del resto de las Fuerzas Armadas. Como argentino hubiera preferido y prefiero que sean juzgados en nuestro país, pero ante la vigencia de las leyes de impunidad, la única opción que queda es la investigación y juzgamiento en otras jurisdicciones”.
- Julio César García Elorrio, candidato a diputado nacional por la UCeDé: “Lamentamos que el Presidente haya cedido a las presiones de grupos no representativos que encuentran su razón de ser en mantener abiertas heridas del pasado. Nos preocupa que sea el mismo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el que entregue a sus subordinados a jueces extranjeros y el impacto que tendrá esa medida sobre nuestras Fuerzas Armadas”.
- José María Díaz Bancalari, presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista: “Ahora debe actuar la Justicia. Hay que proceder al juzgamiento en el ámbito interno. El principio de territorialidad, en materia de delitos contra la humanidad, indica que o se los juzga acá o se los entrega. La derogación del decreto no significa que partan todos los acusados en un charter, hay que sortear problemas de carácter jurídico que llevarán tiempo”.
- Partido de la Revolución Democrática (PRD): “Apoyamos y nos solidarizamos con la decisión del Presidente Kirchner, de derogar el decreto que limitaba las extradiciones de militares. Es nuestra más profunda convicción que la convivencia democrática no se puede lograr violando las leyes elementales que conforman el sistema jurídico argentino. Es misión de la sociedad asumir las consecuencias ocasionadas por las leyes de obediencia debida y punto final, así como los indultos otorgados por el ex presidente Menem, que pretendieron alcanzar la paz liberando a los genocidas”.