El 28 de junio de 1957, el Vaticano y el gobierno dictatorial del general Pedro Eugenio Aramburu firmaron el Acuerdo sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las fuerzas armadas, erigiendo en Argentina un vicariato castrense “para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire”. La jurisdicción de este vicariato era “personal” y no “territorial”, es decir, su feligresía se extendía a todos los militares, independientemente de la diócesis donde se encontraban. Al mismo tiempo, disponía que en las “zonas militares” esa jurisdicción era “acumulativa con la de los obispos diocesanos”, aunque el vicario y los capellanes militares la ejercían “primaria y principalmente”. Así, la nueva institución generó un doble movimiento respecto de los obispos territoriales: se superpuso y se independizó de ellos. Este ordenamiento territorial se convirtió en uno de los motivos de conflicto entre el vicariato y los obispos diocesanos del ala renovadora. La otra razón era doctrinaria y política. Desde los inicios de la década de 1970 se produjeron conflictos con obispos como De Nevares, Devoto, Marozzi, Ponce de León y Enrique Angelelli, asesinado por los militares en agosto de 1976.

Desde su llegada a La Rioja en 1968, Angelelli sufrió hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas armadas a causa de su trabajo pastoral en favor de los campesinos, la promoción del Movimiento Rural Diocesano y su enfrentamiento con la elite terrateniente. Para 1976, la “espiral de violencia” que denunciaba había alcanzado su punto más agudo, ante lo cual escribió al resto de los obispos, el 25 de febrero: “Entiendo que el asunto va más allá de La Rioja, nos incumbe a todos... solicito a mis hermanos obispos, porque urge, una evaluación más profunda... Necesitamos urgentemente clarificar la misión que nos corresponde a las Diócesis y a la Vicaría Castrense... Es hora que abramos los ojos y no dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la Fe Católica... No es casualidad querer contraponer la Iglesia de Pío XII a la de Juan y Pablo... Hoy cae un Vicario General [el 12 de febrero había sido detenido Esteban Inestal por orden del Ejército]; mañana (muy próximo) caerá un Obispo. Por ahí se me cruza por la cabeza el pensamiento de que el Señor anda necesitando la cárcel o la vida de algún Obispo para despertar y vivir más profundamente nuestra colegialidad episcopal”. El provicario castrense Victorio Bonamín, a cargo de más de 200 capellanes militares, registró en su diario personal el 5 de marzo de 1976 una conversación con el vicario Adolfo Tortolo. El tema: “Una carta desorbitada de Angelelli contra los militares de La Rioja por las detenciones”.

Como respuesta a las persecuciones por parte de los jefes militares, al rechazo del sacerdote Gabriel Longueville como capellán de la base aérea de Chamical, y a la inacción del Episcopado, Angelelli ensayó un nuevo intento defensivo: declaró la pena de entredicho, un tipo de censura eclesiástica mediante la cual prohibía al clero riojano oficiar misa en el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (Celpa). Esta resolución dejaba a los militares afuera de la distribución de los “bienes religiosos”, adquiriendo el hecho un significado político. Por esta razón, desde la base aérea recurrieron al provicario castrense, quien el 27 de junio asistió al quince aniversario del Celpa invitado por el Estado Mayor “en vista de la triste situación espiritual de nuestra gente, sobre la cual pesa la pena de ‘entredicho’ –práctico– sancionada por el obispo diocesano”, subrayó en su diario. En la homilía, Bonamín desafió a Angelelli, diciendo a los soldados: “Por deficiencia nuestra, tal vez por deficiencia del Vicariato Castrense que yo represento, carecéis de una asistencia espiritual a la que tenéis derecho y a la que todos deberemos venir en auxilio. [...] El veneno que pueda haber en algunas criaturas no está dispuesto por Dios para el mal del hombre. Todo ello ha entrado por las argucias del demonio, y de quienes están de su parte. Son trabajadores de la muerte y han de sufrir sus consecuencias”.

Además de Bonamín, participaron de la misa el capellán Felipe Pelanda López (denunciado ante la Conadep por colaborar en los interrogatorios y justificar la aplicación de tormentos a los detenidos) y el sacerdote Julio César Goyochea, antiguo opositor de Angelelli a quien el diario riojano presentó amablemente como “ayudante de la vicaría castrense”. Respecto de Goyochea, anotó Bonamín: “posible candidato a Capellán de Celpa, si lo deja el obispo...”. La intención de Angelelli era que la asistencia religiosa en la base aérea estuviera a cargo del párroco de Chamical, Gabriel Longueville, pero Bonamín tejía una estrategia para ubicar allí a un sacerdote ligado ideológicamente al vicariato.

Ese día Bonamín almorzó con los jefes militares Lázaro Antonio Aguirre y Luis Fernando Estrella, este último miembro de Falange de Fe, un desprendimiento del grupo integrista Ciudad Católica que logró cierta adhesión en la Fuerza Aérea. Apenas 21 días después, el 18 de julio, Estrella participaría del homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Rogelio Longueville. El tribunal de La Rioja, en la sentencia que lo condenó a prisión perpetua en diciembre de 2012, expuso que estos asesinatos no fueron hechos aislados, “deben interpretarse y comprenderse precisamente en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos. [...] Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia, de un sector de la misma, considerados ‘enemigo’ y ‘blanco’ [...], por tanto un elemento subversivo a eliminar” (TOF La Rioja, 7/12/2012). El 4 de agosto asesinaron a Angelelli en un simulado accidente automovilístico. El prelado les había advertido a los obispos que sería “el próximo”. La caracterización de Angelelli como enemigo político, la indiferencia cómplice del Episcopado y la exacerbación de la violencia militar por parte del vicariato castrense son algunos de los elementos que conforman el contexto del asesinato.

La complicidad pasiva y activa de la jerarquía eclesiástica es inocultable. El Episcopado sostuvo desde un comienzo –y hasta la actualidad– la versión oficial del “accidente”, aun cuando L’Osservatore Romano –órgano de prensa del Vaticano– puso en duda las circunstancias de la muerte, publicando que el fallecimiento se produjo “en un misterioso accidente automovilístico”. Sugestivamente, el 18 de agosto se reunió la Comisión Ejecutiva del Episcopado y emitió un comunicado en “fraterna solidaridad” con el obispo Vicente Zazpe, detenido en Ecuador el 12 de agosto en el marco de una reunión de cristianos latinoamericanos. Nada dijo sobre la muerte de Angelelli, ocurrida catorce días antes.

El papel del vicariato castrense fue todavía más activo. Utilizando su influencia sobre los militares, participó en la construcción de una imagen negativa del obispo riojano y socavó la legitimidad de su ministerio episcopal y pastoral. Tanto el aspecto políticoideológico como el jurisdiccional son factores explicativos de un conflicto que derivó en crimen. El vicariato debe ser considerado un actor funcional a la estrategia de los militares de ir cercando y quitando apoyos a Angelelli. Tal afirmación está avalada por las conversaciones, que Bonamín revela en su diario (02/09/1976), posteriores al asesinato: “En reunión de Obispos me involucraban a mí por la homilía de Celpa!”. Se refiere a una de las reuniones que los miembros de la Comisión Ejecutiva del Episcopado (arzobispos Primatesta, Zazpe y Aramburu) mantuvieron con Videla y el nuncio Pío Laghi el 22 de julio de 1976. Allí los arzobispos atribuyeron a Bonamín responsabilidad en la acentuación de la hostilidad de los militares hacia el clero riojano. Fue el mismo Zazpe quien se lo insinuó por carta a Angelelli poco antes de su muerte: “Con respecto a Mons. Bonamín, creo que las cosas pueden tomar un cariz desagradable para él, ya que la actuación en Chamical fue descabelladamente desacertada”.

Bonamín estaba en Europa el día del asesinato, pero el 2 de septiembre, a pocos días de su regreso al país, anotó en su diario: “Mons. Angelelli: ¿un tiro en la cabeza?”. El interrogante de Bonamín es contundente al confirmar que Angelelli era uno de los “asesinables” y fortalece la hipótesis del homicidio, si pensamos que se trata de un funcionario religioso que ocupaba una importante posición en el entramado castrense, con acceso al tráfico y circulación de información confidencial (hecho que queda confirmado con la lectura de sus diarios personales). Y, lo que es más sugerente, guarda relación con los resultados de la necropsia practicada por los peritos forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009: “La causa del fallecimiento está en relación directa a fracturas múltiples de cráneo...”. Si bien no murió por disparo de arma de fuego, “existe hundimiento de zona occipital con desprendimiento de sustancia ósea que se encuentra desplazada hacia el interior del cráneo”.

En 2001, pasados veinticinco años del asesinato, los obispos argentinos se vieron obligados a hablar de Angelelli, aunque cuidándose de no mencionar la palabra “asesinato”. Según concluyeron después de largas meditaciones, al obispo riojano “la muerte lo encontró”. El recurso metafísico en declaraciones sobre hechos notoriamente concretos es una constante entre los prelados argentinos. En realidad, la muerte “lo encontró” porque contaba con servicios de inteligencia, planificación, sicarios y bendición episcopal.

Testigos directos de una época y de una complicidad institucional, los diarios de Bonamín esperan en la estantería a ser llamados a declarar. En la memoria colectiva parece estar cada vez más clara la idea de que la última dictadura fue cívico-militar-religiosa. Resta aún que sea citada por los tribunales.

* Autores de la investigación sobre los diarios personales de Bonamín (1975-1976).