El macrismo consiguió aprobar la venta de 41 inmuebles públicos y obtuvo la primera votación de un proyecto para colocar bares en plazas y parques públicos. La primera votación la consiguió con el apoyo del Frente para la Victoria y el radicalismo. La segunda, con una parte de los integrantes de Unen (la otra, votó en contra junto con el kirchnerismo). Las votaciones se dan en el contexto de una negociación entre las fuerzas políticas por los cargos de los organismos de control, adonde irían seis legisladores que terminan su mandato en diciembre.

El macrismo tiene previsto aprobar una serie de proyectos controvertidos de aquí a fin de año. El primero que logró aprobar fue la venta de edificios públicos. Es una lista de la que quitaron al Centro Cultural La Nube, luego de la resistencia que generó su venta. El dinero será destinado a infraestructura educativa y sanitaria, dos de las partidas con mayor subejecución desde 2008. El proyecto fue aprobado con 41 votos positivos contra 15 negativos. Además del bloque PRO, lo votaron los legisladores del Frente para la Victoria (excepto María Rachid), los del ibarrismo, la UCR y la legisladora de Buenos Aires para Todos (BApT) María América González. En contra se pronunciaron el resto del bloque de Fabio Basteiro, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el MST y Proyecto Sur.

La defensora adjunta del Pueblo Graciela Muñiz denunció que “acompañados por muchos de los que dicen ser de la oposición, aprueban estas ventas con argumentos insólitos, como decir que son innecesarios, aunque estén ocupados por actividades sociales, o que tienen 50 años y es difícil su mantenimiento, sin considerar que si aplicamos este criterio habría que vender casi todos los edificios de la Ciudad”. Entre los edificios está el que ocupa el Ministerio de Salud frente al Obelisco.

El segundo proyecto que puso en juego el PRO busca instalar bares en las plazas públicas y parques mayores a 50 mil metros cuadrados. Se trata de una ley de doble lectura, por lo que deberá tener una audiencia pública y una segunda votación. Luego de una discusión sobre si eran necesarios 40 votos (dos tercios), en plena sesión extraordinaria cambiaron el término “concesión” por “permiso” para que se pudiera aprobar con 31 votos. La iniciativa tuvo 33 votos a favor y 19 en contra. La votaron los macristas, la UCR, la Coalición Cívica (menos Rocío Sánchez Andía); González, de BApT, y el presidente del bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, que votó distinto que el resto de su bancada. En contra votó el interbloque kirchnerista. “Votaron la privatización de los parques. Lástima que con el voto de quienes se dicen de izquierda”, afirmó la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, mientras el diputado de Proyecto Sur Adrián Camps remarcó que “el Estado debe garantizar los servicios en los espacios públicos y no encubrir el déficit con concesiones a favor de emprendimientos privados”.

Esta votación –y las que están por venir– se da en medio de una negociación entre el PRO, el kirchnerismo y Unen por los cargos de la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador de la Ciudad. A este último iría Raffo, quien deja su banca de legislador y no consiguió entrar al Congreso nacional en la lista de Unen. Con la Defensoría del Pueblo porteña –cuyos mandatos se vencen en marzo– el acuerdo sería para que el dirigente de Sutecba y legislador del Frente para la Victoria Alejandro Amor sea el defensor del Pueblo. Para esto, Amor deberá renunciar a su banca (con mandato hasta 2015) e ingresaría la dirigente de La Cámpora Paula Penaca. En caso contrario, cuando Juan Cabandié asuma como diputado nacional, no quedarán legisladores porteños de La Cámpora.

Como defensores adjuntos, entrarían el radical Claudio Presman y Laura García Tuñón, de BApT, además de tres macristas (entre ellos, Lidia Saya). Si este acuerdo se cae, el vicepresidente primero Cristian Ritondo quiere impulsar a Presman como defensor general. De esta forma, seis legisladores que terminan sus mandatos entrarán a la Defensoría y uno irá al Ente Regulador. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ya envió la propuesta de funcionarios para el ministerio público: por el kirchnerismo, Horacio Corti llegará a la defensoría general, el macrista Martín Ocampo será el fiscal general, mientras que la asesoría tutelar –actualmente conducida por una opositora– quedará para Yael Bendel, que responde a la vicejefa María Eugenia Vidal. Así cesarían las denuncias sobre desalojos.

Para fin de año quedan todavía las leyes que venden terrenos públicos en la comuna 8, las que modifican la redeterminación de precios con los contratistas para ajustarlo al IPC porteño y la que modifican la ley de compras y contrataciones, para facilitar las contrataciones directas.