El Ministerio de Defensa le envió al juez Julián Ercolini copias certificadas de las trece actas secretas de la Junta Militar donde se habla de la transferencia de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón y se asocia esa operación con las detenciones de la familia Graiver y su entorno. Ese aspecto es el que hace que sea una prueba documental novedosa en el expediente, cuya incorporación genera expectativas en las querellas. “Les doy un valor muy importante a esas actas, porque de ellas puede surgir la verdad, que no es otra cosa que la connivencia que hubo entre los tres diarios y el gobierno de facto para quedarse con Papel Prensa”, le dijo a Página/12 el ex accionista Rafael Ianover, quien, además, espera que “esto acelere la investigación”.

La incorporación de las actas secretas no es la única razón por la que la causa judicial tiene alguna chance de salir de su letargo: el 21 de noviembre habrá finalmente una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal, previa a que sus integrantes resuelvan si aceptan la unificación de las querellas que intenta el juez Ercolini. Es un tema conflictivo, porque los querellantes se oponen y el tribunal de alzada tendrá que saldar la discusión. Su argumento es que cada uno persigue su propio reclamo, y que tanto Ianover como Lidia Papaleo (la viuda de David Graiver) podrían pretender iniciar acciones contra el Estado, lo que generaría una incompatibilidad si fueran querellantes con la Secretaría de Derechos Humanos, la que a su vez quedaría complicada si quisiera actuar en instancias internacionales.

La cuestión de las querellas es uno de los tantos escollos burocráticos que fueron apareciendo en esta causa, que en un comienzo se mudó de los tribunales platenses a los porteños, aunque la discusión sobre quién es el juez competente duró hasta septiembre último, cuando la Cámara de Casación dispuso que quede en manos de Ercolini. Este año dio su testimonio una vez más Lidia Papaleo, y después de su declaración el juez dispuso hacer una pericia contable para que se determine si, tal como han planteado ella y Ianover, accionista y testaferro, la empresa se vendió a un precio vil y bajo presión de los diarios y las Fuerzas Armadas.

Ambos relataron que el traspaso de acciones se hizo bajo intimidaciones, amenazas y métodos extorsivos, lo que llevó a que la venta se hiciera el 2 de noviembre de 1976 a un valor de 946.600 dólares. Después de aquel traspaso forzoso fueron secuestrados y torturados varios accionistas y personas vinculadas con el grupo Graiver, dueño original de buena parte de Papel Prensa. Jorge Rubinstein, quien fue mano derecha de Graiver, murió en la tortura.

“Hubo un plan proyectado por (José Alfredo) Martínez de Hoz y Héctor Magnetto, ejecutado en condiciones ventajosas para ellos. Pretendían que las acciones no entraran en la sucesión de Graiver, ya que el juez de Menores en defensa de la heredera no hubiera permitido la venta a precio vil”, dijo Ianover. “Como la firma para la venta se hizo bajo presión, nos detuvieron poco después para que no pudiéramos ejercer ninguna acción. A mí me hicieron un consejo de guerra, que me dio la libertad, pero seguí detenido un año más a disposición del PE nacional. Los Graiver y colaboradores estuvieron seis años presos”, relató.

De las actas secretas, hasta ahora se conocía sólo una (la 14), que es aquella en la que la Junta Militar acepta la transferencia a los tres diarios y se establece que el otro 49 por ciento sería para diarios del interior, algo que finalmente no se concretó, sino que fue para el Estado. Algunas de esas actas recientemente halladas unen esa transacción con las privaciones de la libertad del grupo Graiver, incluso hay constancias de reclamos de familiares, y podrían ser una prueba que abone la teoría de que en el caso se cometieron delitos de lesa humanidad.

La Secretaría de Derechos Humanos pidió varias veces la indagatoria de Magnetto; la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el ex secretario de redacción Reinaldo Bandini; Bartolomé Mitre, de La Nación; Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, por La Razón; el ex secretario de Desarrollo Industrial Raymundo Podestá; y los ya fallecidos en medio de este proceso Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz.