No hay dos sin tres. La frase podría haber pasado por la cabeza del general Jorge Olivera Rovere cuando se presentó ayer ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. El ex subjefe del I Cuerpo del Ejército había sido arrestado, en los últimos tres años, en otras dos oportunidades, pero había logrado recobrar rápidamente la libertad. Ahora volvió a quedar preso a pedido del español juez Baltasar Garzón. Con casi todos los acusados detenidos, Canicoba Corral notificó a Interpol y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Los tres represores que restan atrapar serán declarados oficialmente prófugos hoy.
Olivera Rovere fue arrestado en abril del 2000 por el entonces juez Adolfo Bagnasco, quien investigó el plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos, pero consiguió salir en libertad. Dos años después, Claudio Bonadío lo arrestó por la desaparición de veinte personas en 1980. El general volvió a tener suerte y otra vez eludió la prisión.
Norberto Giletta, ex juez, que se presentó como abogado de Olivera Rovere ayer ante Canicoba Corral, fue quien expresó la bronca del represor por esta nueva detención. Solicitó la nulidad de todo lo actuado por Canicoba Corral a pedido de Garzón y quiso ser cínico al quejarse porque no sabía si su defendido estaba detenido “por una infracción de tránsito en Madrid”. Pero Olivera Rovere está procesado por genocidio, terrorismo y torturas.
Desde febrero hasta diciembre de 1976, Olivera Rovere fue subcomandante del I Cuerpo del Ejército, cuya jurisdicción comprendía la Capital Federal. Por lo tanto, controló el funcionamiento, entre otros, de los centros clandestinos de detención Club Atlético, Garage Azopardo y Automotores Orletti. Fue procesado por la Cámara Federal porteña, pero lo salvó de la cárcel el indulto firmado por Carlos Menem en 1989.
El marino Jorge Raúl Vildoza y el coronel Arturo Félix González Naya están prófugos. En realidad mantuvieron la condición que ya tenían en otras causas. Vildoza, además de haber sido miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se apropió del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas. González Naya tenía pedido de captura por la desaparición de unas veinte personas en 1980.
El otro militar que falta entregarse es Antonio Arrechea Andrade, quien vive en el interior de Misiones y se supone que aún no pudo ser notificado. El juez recibió una llamada del hijo del acusado y confía que Arrechea se presente voluntariamente. Si eso no se concreta, el hombre podría ser declarado prófugo hoy.
Florencio Varela, abogado de tres acusados, anunció que presentará un pedido para que se rechace inmediatamente la solicitud de extradición de Garzón. El argumento es que ya hubo una solicitud igual en el 2001 y fue desestimada. En realidad, se refiere a un pedido de España por otros 18 represores que derivó en la apertura de dos causas judiciales en la Argentina.
La situación de las 46 personas que reclamó Garzón es la siguiente:
- Dos están muertos: Jorge Alberto Maradona y Mario Arturo Cafarena.
- Diez pasaron parte de enfermo: Luciano Adolfo Jáuregui, José Antonio Vaquero, Luis Santiago Martella, Juan Orlando Rolón, Fernando Humberto Santiago, Luis Alberto Cattaneo, Eugenio Antonio Barrozo, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Juan Antonio Azic y Roberto Heriberto Albornoz. Este último está internado en Tucumán por problemas cardíacos y de hipertensión, y aún no se presentó ante Canicoba Corral. El médico del hospital aclaró que el hombre no está grave y que puede cumplir con la medida judicial.
- Siete ya estaban detenidos y fueron puestos a disposición conjunta de los magistrados que los habían arrestado y de Canicoba Corral (varios están en sus domicilios): Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Rubén Oscar Franco, Héctor Antonio Febres, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Guillermo Suárez Mason y Juan Carlos Rolón.
- Cinco fueron beneficiados con detención domiciliaria: Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya, Luis María Mendía, Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo y Omar Domingo Rubens Graffigna.
- El resto está preso en unidades militares o de fuerzas de seguridad.
Canicoba Corral notificó ayer a Cancillería y a Interpol que los acusados requeridos por España están arrestados. Garzón tiene cuarenta días para enviar el pedido de extradición que será analizado caso por caso y que abrirá un largo proceso judicial. Antes, el magistrado podría disponer que los acusados queden en libertad mientras sigue el juicio.