El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la captura internacional del teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, quien se fugó el martes mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la Alcaidía de Tribunales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto, ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde información para capturarlo. “La complicidad de la policía es evidente, porque son personas preparadas y ágiles frente a una persona mayor”, consideró el fiscal bahiense Miguel Palazzani. “Es el sexto prófugo de Bahía. Hay que tener plata y logística para ser prófugo. Evidentemente, hay sectores de poder que los apañan”, apuntó su par José Nebbia. “La serie de prófugos que se está dando, cada vez con mayor frecuencia, nunca podría llevarse a cabo sin la ayuda externa de una logística que los ampare”, coincidió H.I.J.O.S. Bahía Blanca. “Algo extraño está pasando. Esto es reiterativo, es peligroso”, alertó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Lawless, que había estado prófugo durante casi un año en 2010, fue detenido por la PSA a media mañana del martes en la comisaría 49ª, a la que debía presentarse periódicamente para dar señales de vida. Tras una escala en la sede de la PSA en Aeroparque, la camioneta se detuvo a las 13.30 en Lavalle al 1300, frente a la entrada a la Unidad Penal 28 del Servicio Penitenciario Federal. Según la versión que la PSA presentó a la Justicia, el oficial ayudante Hoz de Vila ingresó a la Alcaidía para anunciar la llegada del detenido, quien quedó bajo custodia del oficial ayudante Quintero. Quince minutos después, al salir del edificio, un agente penitenciario le informó que acababa de ver a Quintero corriendo a Lawless, que estaba sin esposas. Cuando Hoz de Vila levantó la vista, vio volver a su compañero solo. La persecución habría sido por Talcahuano y habría concluido en avenida Corrientes, donde se le habría perdido el rastro. Pese a que la fuga fue en hora pico y en pleno microcentro porteño, los agentes aeroportuarios dijeron no haber encontrado a otros testigos presenciales más que dos penitenciarios estacionados adelante de la camioneta de la PSA, donde quedó el bolsito de mano del represor fugado. La causa por evasión quedó a cargo del juez Oyarbide, que de inmediato pidió a Interpol la captura internacional de Lawless.

“La complicidad de la policía es evidente, porque son personas preparadas y ágiles frente a una persona mayor, sin las mismas habilidades. Todo es muy burdo”, afirmó Palazzani, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Es necesario “investigar a los autores directos de la facilitación de esta evasión, tomar las medidas que la ley decida y no quedarse con que la responsabilidad termina en ellos”, agregó. “Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen apoyo, gente que les da sustento”, sostuvo el fiscal Nebbia. Destacó que Lawless “es el sexto prófugo de Bahía” y que “el resto (los militares Aldo Mario Alvarez, Miguel Angel García Moreno, Carlos Arroyo, el marino Ricardo Molina y el sacerdote Aldo Omar Vara) lleva mucho tiempo profugado”.

“Creemos que nadie puede fugarse en casos como éstos sin ayuda, primero de la Justicia, que debía tenerlo preso desde hace ya tiempo por la gravedad de sus delitos aberrantes de lesa humanidad, y segundo, porque ya tenía antecedentes de fuga”, destacó H.I.J.O.S. Bahía Blanca en un comunicado. “Creemos que la serie de prófugos que se está dando en estos casos, cada vez con mayor frecuencia, nunca podría llevarse a cabo sin la ayuda externa de una logística que los ampare”, agregó la agrupación.

“Creo que hay complicidad. (Lawless) ha conseguido salir como si nada. Es negligencia o, para pensar muy mal, complicidad. Esto es grave, se tendrá que investigar y sancionar a los responsables reales. Esto es una ofensa para todos”, reflexionó Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su preocupación por la reiteración de las fugas de represores y recordó que no hay noticias sobre los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se escaparon en julio del Hospital Militar Central Cosme Argerich cuando, en teoría, los custodiaba el Servicio Penitenciario Federal. “Casos así merecen una investigación muy seria, porque ofenden el esfuerzo y el dolor que hemos sufrido como sociedad para que los delitos que cometieron no queden impunes y sus responsables sean juzgados con las leyes de la Constitución”, señaló. Calificó a los represores como “depredadores”, destacó que “todavía existen núcleos minoritarios que expresan malestar” por el avance de los procesos de lesa humanidad y sugirió que esos sectores “se avienen a facilitar esta libertad espuria”.

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Lawless se le escapó a la PSA el martes pasado el mediodía, en pleno microcentro.