El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo ayer que “el Memorándum de Entendimiento suscripto por nuestro país y la República Islámica de Irán es una herramienta de cooperación internacional puesta a disposición de la Justicia para que avance en una investigación penal que está próxima a cumplir 20 años, que aún no ha dado respuestas ni a las víctimas ni a la sociedad.” Por lo que, agregó, “llama la atención que el fiscal Alberto Nisman pretenda obstaculizar el acuerdo que permite el avance de la causa, en un proceso de amparo en el que no es parte”.

Alak salió así a responder en nombre del gobierno a Nisman, el fiscal especial de la causa AMIA, quien el miércoles presentó un dictamen al juez federal Rodolfo Canicoba Corral considerando el acuerdo firmado por Argentina con Irán como “parajudicial” y “groseramente anticonstitucional”. Lo llamativo fue que lo hizo en una causa promovida por la AMIA y la DAIA para impugnar el acuerdo en el que Nisman no es parte. Fue una presentación “espontánea”. El Gobierno, en tanto, tiene hasta el miércoles próximo para presentar sus argumentos a favor de la validez del memorándum.

“En una investigación penal de estas características no puede existir, y mucho menos justificarse, temor alguno a que las pruebas sean puestas sobre la mesa y en conocimiento de todos”, enfatizó ayer Alak en su respuesta. El ministro agregó que “esta herramienta fue promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en su búsqueda incansable de justicia”.

El Gobierno sostiene que este acuerdo es la única vía para avanzar en una causa que se encuentra paralizada, y que el juez y el fiscal puedan interrogar a los sospechosos iraníes, que tienen pedido de captura de Interpol, en Teherán. De acuerdo con lo acordado por los cancilleres de Argentina e Irán, en los próximos días deben reunirse en Ginebra funcionarios técnicos de ambos países para fijar fecha cierta a la conformación de la llamada Comisión de la Verdad –integrada por cinco juristas que revisarán la documentación reunida en la causa– y el viaje del juez Canicoba Corral a Irán.

En ese sentido, Alak consideró ayer que “este gobierno no escapa a los desafíos dejando que los grandes conflictos de nuestra sociedad permanezcan irresueltos. Hacemos los máximos esfuerzos para que las violaciones a los derechos humanos sean juzgadas y sus responsables castigados en el marco de una política de estado fundamental de memoria, verdad y justicia”. Agregó que “bajo ningún punto de vista puede utilizarse el memorándum como un impedimento para que los funcionarios judiciales pongan en conocimiento de la sociedad y de las partes todas las pruebas y medidas que promuevan un avance concreto de la investigación”.

Respecto del funcionamiento de la Comisión de la Verdad, cuestionada por Nisman, el ministro expresó que “de ninguna manera” puede considerarse que “tenga alguna facultad o función jurisdiccional que entorpezca la labor de las autoridades judiciales”. Explicó que “como claramente establece el memorándum, los informes de la Comisión de la Verdad no son vinculantes, sino meras recomendaciones a los estados. Ni siquiera estarán dirigidos a las autoridades judiciales locales”, dijo el ministro.

Por eso, concluyó que el memorándum “brinda la posibilidad concreta de sentar al juez de la causa frente a los acusados por el fiscal Nisman, para que de una vez por todas pueda avanzarse en la investigación que lleva siete años paralizada”. Alak enfatizó que “no nos conformamos con acusar a los posibles responsables, queremos que la Justicia argentina los interrogue, que los procese y que los lleve a un juicio oral y público en el que sean condenados. La Justicia no ha podido resolver esta situación, es por eso que acordamos esta herramienta para brindarle las posibilidades de avanzar”.