El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó la política del gobierno nacional en contra de la sanción e implementación de una eventual ley de derribo de aviones, que propician desde distintos sectores opositores como parte de la lucha contra el narcotráfico –en línea con la política estadounidense de incluir a las Fuerzas Armadas en temas internos de seguridad– y que abarca al massista Frente Renovador, el PRO y la UCR. “Significaría pena de muerte sin juicio previo”, afirmó Rossi, quien aseguró que ya está radarizado el 95 por ciento de las rutas aéreas de la Argentina. El peronismo anti-K, en cambio, salió en defensa del derribo a través de Francisco de Narváez y el gobernador Juan Manuel de la Sota.

“Estoy en contra. La ley de derribo tiene varias falencias, desde el punto de vista de lo que significa nuestra estructura jurídica y todo lo que es el derecho penal, esta ley significaría pena de muerte sin juicio previo”, contestó Rossi en una entrevista radial donde lo consultaron si estaba a favor o en contra de los proyectos de ley de derribo de aviones que presentaron en el Congreso los diputados De Narváez, la macrista Gabriela Michetti y el radical Ricardo Alfonsín, a cuya idea también se sumó Sergio Massa. Todos como “aporte” a la lucha contra el narcotráfico. Rossi también explicó que “la ley de derribo ha generado bastantes críticas en los países que se aplica, inclusive en Perú, donde existe esta ley, por un error dispararon a una avioneta que trasladaba turistas norteamericanos, que murieron”. El ministro sostuvo que las apreciaciones de la Iglesia y la Corte Suprema sobre narcotráfico son “bienvenidas”, aunque aclaró que el “Gobierno viene trabajando desde hace bastante tiempo” en el tema, que en ese sentido “la acción de la Gendarmería en todo el norte del país es bastante clara” y remarcó que “la presencia de las fuerzas de seguridad en el norte sigue siendo más que importante”.

Igual, el ministro salió al cruce de los cuestionamientos sobre la radarización del espacio aéreo. “Está radarizado el 95 por ciento de las rutas aéreas argentinas”, afirmó Rossi y recordó que hace diez años sólo “teníamos radares para control civil, comercial, en cuatro lugares, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata”. “En el norte argentino –señaló el ministro– hay funcionando cuatro radares de defensa operados por la Fuerza Aérea y veinte terrestres a cargo del Ejército.” Una tarea que continuará, según el titular de la cartera de Defensa, con la instalación de un radar nuevo del Invap en la zona de Las Lomitas, Formosa, que reemplazará al que funciona actualmente ahí y que será “reparado, integralmente, para después ser ubicado en otro lugar del norte”.

Las respuestas de Rossi generaron la reacción de quienes propician la ley de derribo y salieron a polemizar con el ministro. De Narváez –autor de uno de los proyectos– aclaró que el derribo “es la última opción y una excepción sólo aplicable tras agotarse las seis instancias previas de advertencia”. Al tiempo que recordó que en 2005, cuando se celebró en Mar del Plata la Cumbre de las Américas, con la presencia de los presidentes del continente, el Ejecutivo habilitó esa norma por la vía del decreto.

El gobernador cordobés prefirió utilizar la red social Twitter para criticar la radarización y reclamar una ley de derribo. “Las fronteras son un colador. Radarizar ya y ley de derribo. ¡Basta de discursos políticos!”, tuiteó De la Sota. El diputado macrista Julián Obiglio –redactor del proyecto PRO– no quiso quedar afuera: “El Ministerio de Defensa debe tener al menos tres aviones en condiciones de volar e interceptar los vuelos clandestinos. Con este tipo de delitos no puede haber medias tintas; o se lo combate o se es cómplice de los narcos”, sostuvo.