Las autoridades francesas enviarán dentro los próximos ocho días el pedido de extradición de Alfredo Astiz, condenado en ausencia a cadena perpetua en 1990 por los asesinatos de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. Así fue informado de manera oficial en París, donde un vocero del Ministerio de Justicia explicó que el plazo de una semana está vinculado al tiempo que llevará la traducción al castellano de todos los documentos. También en Israel y Alemania hubo movimientos en favor de solicitar las extradiciones de militares argentinos por crímenes cometidos contra nacionales de dichos países, aunque se trata de medidas que aún están en sus inicios.
La solicitud de Francia tendrá la particularidad de basarse en un caso con condena firme. Astiz fue juzgado por las muertes de las misioneras Domon y Duquet, secuestradas en diciembre de 1977 por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma. Las monjas, que participaban de las primeras reuniones de las Madres de Plaza de Mayo, fueron marcadas por el marino con un beso, en la iglesia de la Santa Cruz. Detenidas en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, antes de matarlas y para responder a los reclamos internacionales que se empezaban a escuchar, el marino les sacó una foto con una escenografía armada al efecto, en la que aparecían con una bandera de Montoneros de fondo.
Sophie Thonon, abogada de las víctimas, explicó que si es extraditado el represor no pasará automáticamente a cumplir la condena, sino que deberá enfrentar un segundo juicio, ya que así lo fija la ley francesa. “Como el fallo fue en ausencia, tendría que pasar por un nuevo proceso”, señaló a Página/12.
En los tribunales de ese país hay abiertos otros procesos que podrían llegar rápidamente a un juicio de extradición. Son los que involucran a Jorge Olivera –por la desaparición de Marie Anne Erize– y Osvaldo “Balita” Ribeiro por la aplicación del Plan Cóndor.
La lista podría ampliarse si el juez Gerard Caddeo libra una orden de detención contra unos cuarenta represores cuya participación fue probada en el secuestro de algunas de las 15 víctimas de origen francés de la dictadura.
En Israel, pocas horas antes de que en París se diera a conocer el comunicado oficial, el Parlamento aprobó por unanimidad una resolución dirigida al gobierno del primer ministro Ariel Sharon para que impulse el juzgamiento de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad contra israelíes.
El plenario legislativo tomó esta decisión luego de estudiar un informe de la Comisión interministerial que estudió el tema de los dos mil desaparecidos judíos por la dictadura.
El trabajo recomendó que se prohibiera la entrada a 99 militares y policías argentinos, entre ellos el ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, medida que ayer puso en vigencia el ministro del Interior israelí Abraham Poraz.
La resolución aprobada por el Knesset, que cuenta con mayoría de legisladores del oficialista partido Likud, autoriza además al gobierno israelí a pedir la reapertura de las fosas comunes para permitir la sepultura de las víctimas en cementerios judíos y contiene la exigencia al ministro de Exterior de que inicie una investigación sobre por qué el gobierno no hizo lo suficiente para salvar la vida de los judíos argentinos.
Las novedades en Alemania se produjeron por impulso de la Coalición contra la Impunidad, que decidió gestionar ante los tribunales un pedido para el arresto de los militares Carlos Suárez Mason, Pedro Durán Sáenz y Juan Bautista Sasiaiñ, imputados por la desaparición de la joven Elizabeth Kesemann. Los casos de ciudadanos germanos desaparecidos en la Argentina suman más de 30. En su momento, la solicitud de extradición no prosperó debido al decreto de Fernando de la Rúa, que las impedía, pero que fue derogado por el presidente Néstor Kirchner el viernes pasado.
Alemania había presentado una demanda contra ese decreto, tema que estaba pendiente de un fallo de la Corte Suprema. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Coalición contra la Impunidad estima como muy probable que ahora se pueda a insistir con las solicitudes de arresto, tal como lo hiciera el juez español Baltazar Garzón.