La policía y las fuerzas de seguridad deberían someterse a mayores controles ante movilizaciones sociales. Esto fue lo que una docena de organizaciones, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales, exigieron al ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Beliz. “Este proyecto plasma los presupuestos mínimos que tiene que tener una policía en democracia”, explicó a Página/12 Gustavo Palmieri, del CELS. Entre otras exigencias, el documento menciona que en las marchas, actos públicos o piquetes los uniformados tendrían que estar siempre bien identificados, al igual que sus vehículos, y debería cumplirse la prohibición de portar armas letales. Además, de esos operativos no podría participar personal comprometido con la represión ilegal de manifestaciones y los policías deberían respetar la tarea de la prensa.
El 19 y 20 de diciembre de 2002, al cumplirse un año de la sangrienta represión ordenada por el gobierno de Fernando de la Rúa en retirada, el CELS y otras organizaciones habían exigido esta serie de medidas al anterior ministro, Juan José Alvarez. En las manifestaciones que tuvieron lugar para recordar aquella masacre no hubo mayores incidentes. Sin embargo, las medidas no se aplicaron en protestas posteriores y durante el primer semestre de 2003 se repitieron los hechos de represión ilegal. En los desalojos de Brukman y del ex Padelai la Policía Federal utilizó automóviles sin ninguna identificación, gases lacrimógenos de alto poder en forma indiscriminada, se produjeron detenciones ilegítimas, muchas de ellas por parte de personal policial de civil, y se denunciaron maltratos dentro de las comisarías, ataques a trabajadores de prensa y hasta el uso de municiones de plomo contra los manifestantes.
“La idea es institucionalizar estos mecanismos de control para que no dependa de la voluntad de un ministro, y para que las fuerzas policiales y de seguridad modifiquen su rutina y asimilen los cambios”, expresó Palmieri, director del programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS. Esto podría quedar plasmado en un decreto que reglamente el accionar policial ante las manifestaciones, para que sea una norma de mayor jerarquía que los reglamentos internos de los uniformados, que en algunos puntos se contradicen con la actitud pretendida. Por ejemplo, el artículo 611 del reglamento interno de la Policía Federal prohíbe al denunciante conocer el resultado de una pesquisa.
Además de establecer la reglamentación del deber de identificar a los policías y a sus vehículos, de controlar el armamento y de excluir a los policías comprometidos en la represión ilegal, se pidieron otras medidas:
- Establecer rutinas y responsabilidades para el control del personal policial. “En los casos de manifestaciones con amplia concurrencia u otras circunstancias que así lo requieran, el Poder Ejecutivo deberá designar e identificar al funcionario político responsable de la coordinación de las acciones vinculadas con el operativo de control”, explica el documento.
- Protección de los trabajadores de prensa. “Durante las manifestaciones públicas el personal de prensa y los reporteros gráficos no podrán ser molestados, detenidos, trasladados, interrogados, intimidados o sufrir cualquier otra restricción a sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, planteó el CELS. Palmieri destacó el valor del trabajo de los reporteros gráficos en el esclarecimiento de responsabilidades en las causas por las recientes masacres del puente Pueyrredón y Plaza de Mayo.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación de Reporteros Gráficos, la asociación Periodistas, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Poder Ciudadano, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia acompañaron al CELS en esta iniciativa.