La noticia la dejó helada. Y para colmo no tenía puesto su abrigado tapado de visón. Desde anoche, María Julia Alsogaray quedó en el foco de la lucha anticorrupción iniciada por Néstor Kirchner. Fue al conocerse un decreto que impide a la empresa Meller cobrar un llamativo resarcimiento de 400 millones de pesos. La ex funcionaria menemista, durante su controvertida intervención a Entel, había estampado su firma obligando al Estado nacional a realizar el pago.
Mary July firmó esa resolución en 1996, haciéndole cargo a ENTel de supuestas deudas con la firma por la publicación de las guías telefónicas de la Ciudad de Buenos Aires y la comercialización de publicidad en las mismas durante los años ’88,’89 y ’90.
El decreto conocido ayer revocó la resolución de la gestión menemista, declarándola “nula de nulidad absoluta e insanable e irregular” al encontrar una retahíla de “vicios” que no son sólo de procedimientos.
Las tres principales razones del decreto firmado por Kirchner; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el procurador general del Tesoro, Horacio Rosatti, son:
- Que Alsogaray dio luz verde al pago pese a que Meller renunció expresamente a ese resarcimiento.
- Que María Julia hace cargo a Entel de no haber informado de la supuesta deuda a Meller –por cobros no realizados a los abonados– sabiendo que el Estado no estaba en condiciones de hacerlo.
- Que esas actuaciones administrativas se iniciaron en 1996 pese a que los ingresos para la consolidación de los reclamos se podían hacer hasta mediados del `95.
La medida no hace otra cosa que poner en relieve el difícil futuro que le aguarda a la ingeniera Alsogaray. El juez Jorge Ballestero –por orden de la Cámara Federal porteña– ya la citó a indagatoria luego de que se reabrieran la actuaciones por el caso Meller. Y también había dado expresas señales al Ejecutivo para que suspendiera el resarcimiento, que por la demora creció de casi 29 millones hasta más de 400 millones de pesos.
El decreto blanquea lo que hasta anoche era un secreto a voces en la Casa Rosada: que se consolidaba una avanzada contra Mary July, a quien muchos consideran paradigma de la corrupción de los ’90. El aperitivo fue la detención, hace doce días, de Mario De Marco Naón. El ex presidente del Instituto Nacional de Agua, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente que conducía Alsogaray, está acusado de malversar caudales públicos.
En Gobierno nadie se animaba anoche a vaticinar el impacto que la decisión tendría sobre el proceso que Diputados sigue contra el supremo Eduardo Moliné O`Connor. El caso Meller fue también una de las tantas causas que impulsaron el juicio político a Julio Nazareno, instancia a la que finalmente no se llegó por la renuncia del presidente de la Corte.
Las primeras denuncias sobre el caso Meller fueron presentadas por la Sigen y la Oficina Anticorrupción. Página/12 las publicó en exclusiva y conforman la base argumental del decreto oficial. En resumen:
- En 1999 Meller le reclamó a Alsogaray, y ésta aceptó, el reintegro de 2,9 millones de dólares, más sus intereses, en bonos de tesorería a diez años. La Sigen sostuvo que se había pagado un 142 por ciento de más, y no en bonos sino en efectivo.
- El 28 de junio de 1995, Meller reclamó una “rendición de cuentas y liquidación final” del contrato. Pero en los registros informáticos de Entel el expediente figura abierto recién el 15 de enero de 1996. Ese cambio de fecha era crucial, ya que el 30 de junio de 1995 vencía el plazo para peticionar créditos otorgados antes de 1991.
- ENTel comunicó que en sus archivos no había documentación referida a la publicidad en las ediciones del 88/89/90 y Meller afirmó que según la contabilidad de Entel le debía 43,6 millones. Alsogaray reconoció 28,9 y dispuso pagarlos. “¿Cómo conocer si los valores finalmente alcanzados conla rendición de cuentas fueron inflados, sobreestimados o tan siquiera valuados demasiado convenientemente a los intereses de la reclamante? No hubo manera. ¿Quién defendió los intereses económicos del Estado argentino en dicho reconocimiento de deuda? Nadie”, afirmó la Oficina Anticorrupción.
- El reclamo se abrió a prueba de acuerdo a los registros contables y documentales de la contratista, auditados por un estudio ofrecido por Meller, Grant Thorton, Riádigos, Trossero & Asociados. La Sigen recomendó elevar la actuaciones en consulta con el Ministerio de Economía y Obras Públicas, cuya Dirección de Asuntos Jurídicos sostuvo que no correspondía el pago: al recibir 2,9 millones por 1988, Meller había renunciado a nuevos reclamos por 1989 y 1990.
- La Procuración del Tesoro dictaminó el 13 de febrero que los hechos y derechos invocados eran falsos y que ENTel no debía nada. Según la ley 12.954, era de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, Alsogaray sólo suspendió el pago, sin revocar la decisión. Luego el hipermenemista Rodolfo Barra, en carácter de consultor externo, dijo que correspondía pagar a Meller. Con ese aval, Meller apeló ante el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que falló en su favor. La Oficina Anticorrupción destacó la “vehemencia y favorable disposición” con la que Alsogaray buscó la forma de “mantener incólume la decisión de abonar”.
La mayoría automática de la Corte Suprema no sólo la avaló sino que también convalidó el resarcimiento de Meller, que sin tregua fue trepando hasta los 400 millones de pesos. La Oficina Anticorrupción presentó en el 2001 una denuncia penal. Ballesteros terminó archivando la causa hasta que a principios de julio la Cámara Federa porteña ordenó su reapertura. Ahora María Julia volverá a recorrer los tribunales.