Por Fernando Cibeira e Irina Hauser

El presidente Néstor Kirchner transparentó su deseo acerca de los pedidos de extradición de represores que fueron procesados en España, hoy detenidos a disposición de la Justicia. “Habría que juzgarlos en la Argentina”, anunció por primera vez el Presidente. La declaración es una señal al Congreso, que estudia tratar un proyecto para dictar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero, sobre todo, a la Corte Suprema, la verdadera apuesta del Gobierno. “Siempre dije que eran inconstitucionales”, respondió Kirchner cuando le preguntaron por las dos leyes que impiden que se juzgue en el país a quienes violaron los derechos humanos. Si la Corte necesitaba una señal política, ya la tiene.
Los funcionarios más cercanos al Presidente comenzaron a reconocerlo apenas el juez Rodolfo Canicoba Corral libró la orden de detención contra los 46 represores requeridos por Baltasar Garzón. El pedido llegó en plena visita presidencial a los Estados Unidos y, en las calurosas calles de Nueva York, los kirchneristas cambiaban de humor al imaginar aviones con represores volando a distintas partes de Europa. “Queremos que se haga justicia en Argentina”, admitía el jefe de la SIDE, Sergio Acevedo.
El Presidente, hasta ayer, se había cuidado de hacer una consideración de ese tipo. A la vuelta del viaje, Kirchner derogó el decreto de Fernando de la Rúa que impedía las extradiciones y se pronunció por que la Justicia sea la que resuelva el destino de cada militar acusado de violar los derechos humanos. Pero durante la aparición que realizó ayer con el gobernador Felipe Solá en La Plata fue bastante más explícito.
“Yo creo que habría juzgarlos en la Argentina, pero si todavía no se los puede juzgar en la Argentina es porque se han generado normas para generar impunidad. Si desaparecen las normas se los podrá juzgar”, respondió el Presidente cuando le preguntaron sobre el destino de los represores. Luego se dedicó en extenso a las leyes de impunidad. “Mi postura histórica en este tema fue de justicia y memoria. Siempre estuve en contra del indulto y en contra de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final”, agregó. Y siguió: “Toda la vida dije que eran inconstitucionales y que habían sido obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado”.
Congreso
En coincidencia con los deseos de la Rosada, un grupo de diputados justicialistas comenzó ayer a estudiar un proyecto para declarar nulas las leyes. Kirchner avaló esa posibilidad, aunque planteó sus reservas. “Si el Congreso de la Nación sanciona la nulidad de las leyes me parece bien. Espero que no tenga problemas de cuestionamientos de tipo jurídico esta decisión, que los puede tener por toda la teoría y la jurisprudencia que hay en el tema”, opinó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y el titular de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, ya están analizando la viabilidad jurídica de la nulidad vía Parlamento, cuestión que se abrirá a la discusión del bloque del PJ en la reunión del miércoles próximo. Uno de los temores es que con la nulidad algunos militares puedan plantear la prescripción de las causas que tengan más de 15 años de antigüedad.
“Hay una voluntad compartida por muchos diputados para que los militares sean juzgados en la Argentina y que se los juzgue prolijamente”, explicó el tucumano Falú. “Lo que estamos tratando de entender es en qué medida estaremos facilitando la prescripción de algunas causas. No queremos que queden presos sólo los que recibieron órdenes, sino que consideramos imprescindible que lo estén quienes las daban”, añadió.
Pero aun acelerando las discusiones, los diputados del oficialismo consideran que no llegarán a tiempo para la sesión especial del 12 de agosto solicitada por la autora de uno de los proyectos de nulidad, la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh. Por eso le piden a Walsh que acepte postergar el debate una semana. Según sostiene buena parte de los especialistas, el Congreso no podría declarar nula una ley votada por él mismo. El único antecedente –bastante diferente, por cierto– es la anulación de la ley de autoamnistía que se dictó el régimen militar mientras buscaba la salida.
Por otro lado, cerca del Presidente admiten que los acusados podrían reclamar acogerse al principio de ser juzgados por la ley más benigna, con lo que la aplicación de la nulidad también quedaría en tela de juicio. En definitiva, aun si el Congreso aprobara esta iniciativa, la última palabra la tendría la Justicia. La diferencia, según los diputados que responden a la Rosada, sería que ayudaría a crear un clima propenso a la anulación.
Corte
Pero Kirchner habló de inconstitucionalidad y eso remite a la Corte. Desde hace tiempo, la Corte tiene para su estudio varios fallos en ese sentido dictados por jueces de primera instancia y también por las cámaras federales de Capital y Salta. El Tribunal se maneja sin plazos y a gusto con sus tiempos monárquicos. En la época en que todavía reinaba Julio Nazareno, la mayoría automática tenía listo un fallo estableciendo la validez de las leyes que pretendía utilizar como prenda de negociación con el nuevo gobierno. Pero sus mensajes ya no tenían la efectividad de antes y Nazareno renunció antes de pasar por el martirio del juicio político.
En los pasillos de Tribunales se decía que los supremos que quedaron esperaban una señal política clara para comenzar a actuar. Ayer Kirchner se la dio. El problema es que la Corte está en plena parálisis a la espera de que se resuelva el juicio político contra Eduardo Moliné O’Connor y que asuma Eugenio Zaffaroni, algo que no se resolverá antes de septiembre. Para más, una posibilidad que siempre se barajó es que la Corte derive el tema en la Cámara de Casación Penal, con lo que el fallo definitivo podría demorarse in eternum.
Con todo, ahora que las cartas están sobre la mesa, los supremos comenzaron a moverse en pos de la inconstitucionalidad. El presidente interino del Tribunal, Carlos Fayt, dejó trascender que apenas vuelva de su licencia está dispuesto a poner la discusión en marcha. Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda estarían dándoles forma a escritos fundamentando la invalidez de las leyes de impunidad. Además, desde el Ministerio de Justicia se mantiene abierto el diálogo con otros ministros, como Augusto Belluscio y Enrique Petracchi. Si a este grupo se le suma el casi seguro voto de Zaffaroni, el Gobierno estaría muy cerca de conseguir la inconstitucionalidad en la Corte. “La verdad que sería la forma más prolija de resolver el tema y de encontrar una solución que, creo, hoy quieren hasta los propios acusados”, resumía un allegado al Presidente.