El acuerdo de ayer de la Corte Suprema fue atípico. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, pidieron salirse del temario de expedientes para quejarse ante sus colegas de cómo quedó finalmente redactado y aprobado en el Senado el Código Civil y Comercial unificado, que todavía debe ser votado en Diputados. Lo que sucede es que ambos jueces supremos integraron, junto con la mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, una comisión que redactó el anteproyecto inicial, presentado con bombos y platillos en la Casa Rosada en marzo del año pasado. “Nosotros propusimos un texto moderno y actual, lo que se votó no tiene nada que ver con nuestro proyecto”, maldijeron ante sus colegas.

En el discurso dirigido a sus colegas supremos Highton habló de los aspectos más técnicos y Lorenzetti aludió a la pulseada más política. Expusieron unos diez minutos cada uno. Al resto de los jueces, en rigor, el tema no los desvive. Lo ven más bien como patrimonio del presidente y la vice, que provienen del derecho civil. Aunque a algunos los irrita, como a Carlos Fayt, quien días atrás en una reunión se mostró en desacuerdo con la apertura del debate a múltiples consultas. Y dijo que Dalmacio Vélez Sarsfield escribió el Código Civil de 1869 solo, encerrado en una quinta. Carmen Argibay, entre colegas y amigos, se ha quejado de la integración de la bicameral que retocó el proyecto. Enrique Petracchi, al parecer, dio a entender que cree que nunca lo van a aprobar.

Una de las más grandes diferencias con el anteproyecto que había presentado la comisión que encabezó Lorenzetti es que aquél incluía, dentro del mismo código, las regulaciones sobre responsabilidad del Estado, que finalmente el Frente para la Victoria decidió votar como una ley aparte. El argumento es que las demandas contra el Estado de personas o empresas deben tramitar ese en el fuero contencioso administrativo, no como demandas civiles. La oposición en el Congreso ha dicho que es un intento por blindar responsabilidades estatales a la hora de indemnizar. De fondo, hay una vieja pelea de poder entre civilistas y administrativistas.

También fue modificada la redacción del artículo 19, que establecía que la vida comienza con la implantación del embrión en el seno materno, aunque se volvió a la tradicional interpretación que sostiene que comienza con la concepción (lo que abre la puerta a inferir que el embrión no implantado es persona) y poner en cuestión técnicas reproductivas. Se eliminó toda la regulación inicial sobre subrogación de vientre. Se eliminó y quedó fuera del texto la función social de la propiedad, que preveía una herramienta jurídica para mejorar el acceso al suelo, al territorio y a la vivienda a familias pobres, en ciudades y en zonas rurales.

La Corte, o Lorenzetti y su comisión, no pueden hacer demasiado más que protestar. Además de que dicen “que se tiró abajo la línea de pensamiento,” de ellos, se molestaron porque, pese a que ellos consultaron a cien especialistas, el tema siguió bajo debate.