Liliana Catucci (en el centro) preside la Sala III de la Cámara de Casación Penal.

En una decisión unipersonal, la jueza de la Cámara de Casación Penal, Liliana Catucci, resolvió impedir que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) filme toda la audiencia pública que se realizará en ese tribunal el miércoles próximo, como parte del proceso de revisión de la sentencia del juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. Catucci está facultada para tomar esa medida como presidenta de la Sala III, donde tramita el expediente, pero sus propios colegas advierten que va a contramano del espíritu de las disposiciones de la Corte Suprema que alientan la publicidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos y su registro, excepto en la etapa en que se despliegan las pruebas (que, en esta causa, ya pasó). No es el único caso en el que la jueza Catucci dispuso medidas que impactan de uno u otro modo en el desarrollo de las causas por crímenes de lesa humanidad.

El nombre de Catucci –una de las integrantes originarias de Casación, de las que integran la cámara desde sus inicios– venía sonando hasta hace unos días en el contexto de la pelea por la sucesión de la presidencia del tribunal, ahora en manos de Gustavo Hornos. Es porque ella misma, según les dijo a ciertos colegas, considera que es su turno de encabezar el cuerpo, en contraposición con Alejandro Slokar, quien sostiene que le toca a él. De todos modos, la pulseada se complejizó en estos últimos días y ahora brotan otros candidatos a la vez (ver aparte). En este contexto, quienes fueron aliados en otros momentos, circunstancias o expedientes, son oponentes ahora o al revés. La cuestión de la presidencia se discutirá este martes.

En el expediente sobre el plan sistemático, Catucci firmó sola la resolución sobre la filmación porque tiene la potestad de hacerlo como presidenta de la Sala III. Su decisión, del 22 de noviembre último, dice que el personal del Incaa podrá filmar sólo la apertura de la audiencia y luego ser retirará, informaron allegados a la cámara. La jueza invocó una acordada de la Corte del año 2008 sobre publicidad de las causas, que dice que cada juez puede establecer y reglamentar sus propios mecanismos para garantizarla y que para las audiencias de los juicios orales sólo permite filmar el inicio y el cierre, pero excluye el tramo en que se exhiben las pruebas y declaran los testigos. A su vez, el alto tribunal firmó a fines de 2009 un convenio con el instituto de cine para que aporte su capacidad técnica para filmar los juicios de lesa humanidad y se constituya una suerte de archivo. Las imágenes son propiedad del Poder Judicial.

“Para nosotros este proceso tiene un valor no sólo judicial sino histórico, y nos parece fundamental que quede registrado el juicio íntegramente, es lamentable que se pierda. El recurso de casación es parte del juicio. La limitación no tiene ningún sentido porque la audiencia que se va a realizar es pública”, explica Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, quien alentó la filmación. “La audiencia, a la que puede ir el que quiera, será una discusión sobre los recursos de las defensas, el fiscal y las querellas acerca de los montos de las penas impuestas en la sentencia del año pasado o las absoluciones, pero no hará falta evitar que un testigo escuche a otro o preservar las evidencias, eso fue durante el juicio”, agregó.

En el Incaa no estaban notificados de la decisión hasta el viernes; habrá que ver si tienen chance de cuestionar las limitaciones esta semana. Lo que estará en discusión es la sentencia del Tribunal Oral Federal 6, que en julio del año pasado condenó por la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado al dictador Jorge Rafael Videla –ya fallecido– a cincuenta años de prisión, al ex jefe de operaciones navales Antonio Vañek a cuarenta años, al capitán de fragata Jorge “Tigre” Acosta (al mando operativo de la ESMA) a treinta años, al ex comandante del IV Cuerpo de Ejército Santiago Omar Riveros a veinte años, a Reynaldo Bignone a quince años, al ex capitán del Ejército Víctor Gallo le dieron quince años de prisión, al ex integrante el grupos de tareas 3.3 de la ESMA y apropiador de Victoria Donda, Juan Antonio Azic, a catorce años; al obstetra de la Armada, Jorge Luis Magnacco, a diez años, y a Susana Colombo, apropiadora de Francisco Madariaga, a cinco años. El ex agente de inteligencia Eduardo Ruffo y el almirante retirado Rubén Franco fueron absueltos.

Catucci se trenzó en una discusión con su colega Mariano Borinsky la semana pasada, a quien le cuestionó, como criterio general, que priorice las audiencias por casos de lesa humanidad. Ambos tendrán que resolver las apelaciones del juicio sobre plan sistemático junto con Eduardo Riggi.

A partir de la audiencia, que será el 4 de diciembre, el tribunal tiene veinte días para tomar una decisión. Ese término difícilmente se cumpla en otro expediente, el de los fusilamientos de la Masacre de Trelew, donde después de la audiencia, que se hizo el 30 de octubre último, Catucci pidió los registros de audio del juicio oral con una resolución que tiene entre sus efectos el de suspender los plazos para dictar sentencia. Lo que preocupa a la fiscalía y las querellas es que los condenados están en libertad y hay pedidos de detención pendientes de definición para todos ellos y para los absueltos también (que formularon los fiscales Dante Vega y Adriana García Netto), lo que indica que podría haber riesgo de fuga si una resolución se demora. El tribunal oral condenó por el asesinato de 19 militantes políticos a los marinos Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino, y exculpó al ex jefe de la Base Militar Almirante Zar Rubén Paccagnini y al ex juez Jorge Bautista.

Para resolver este caso, la sala está integrada en forma transitoria también por Slokar. En una alianza infrecuente, circunstancial, Slokar y Borinsky impulsan una resolución a tiempo y la lectura de la sentencia en Trelew, a lo que Catucci se opone. En otros casos, como el de la llamada Masacre de Pompeya, Catucci y Borinsky estuvieron de acuerdo en condenar a Fernando Carrera a 15 años de prisión por un supuesto robo de 250 dólares y por atropellar a cinco personas en una persecución policial basándose en pruebas controvertidas. Ambos jueces sintonizaron en dejar a la policía a salvo, pese a las denuncias de armado de pruebas.

La semana pasada, Borinsky y Slokar se juntaron para denunciar una situación que también rozó a Catucci: un prosecretario de la Sala I fue acusado de acosar sexualmente a una empleada de la limpieza de los tribunales federales de Comodoro Py. La jueza perteneció históricamente a esa sala, donde convivió con el ex camarista Alfredo Bisordi, con quien firmó un fallo escandaloso que anuló la condena a tres skinheads que molieron a palos a Claudio Salgueiro al grito de “mueran los judíos”. En una reunión de presidentes de sala, cuando se conoció el caso de presunto acoso, ella habría relativizado la denuncia si la mujer no la hacía penalmente y pidió que le tomen declaración. Slokar y Borinsky pidieron la intervención de la Corte y una fiscalía especializada.

En otro caso de lesa humanidad, algunos de sus colegas responsabilizan a Catucci de dilatar el expediente por secuestros, torturas y desapariciones contra el teniente Juan Amelong, preso en Marcos Paz, a quien la Corte santafesina en un fallo dividido le restituyó la matrícula de abogado, argumentando que la condena no está firme.