A la mayoría de los diputados de la Comisión de Juicio Político les creció el espíritu de furia cuando, cerca del final de la reunión de ayer, se pusieron a debatir qué hacer con el juez Norberto Oyarbide, que impulsa una causa contra ellos iniciada por una denuncia de Nito Artaza y sus huestes de ahorristas enardecidos. Todos los legisladores presentes, con excepción, otra vez, de la menemista Alejandra Oviedo, votaron un proyecto de resolución para impulsar la destitución del magistrado federal y del fiscal general Carlos Sáenz. Llevarán la propuesta ante el pleno de la Cámara de Diputados para que de ahí surja un pedido de juicio político que se presentaría ante el Consejo de la Magistratura, donde ya investigan al juez por escuchas telefónicas irregulares en otro caso.
Días atrás Oyarbide envió un oficio a la comisión exigiendo información sobre sus integrantes, así como detalles sobre los denunciantes y las denuncias contra los ministros de la Corte. Lo hizo en base a una denuncia del ahora candidato radical Artaza y compañía, quienes acusaron a los diputados de perturbar con el enjuiciamiento a los ministros del alto tribunal, que debían encargarse de resolver la redolarización de los depósitos. El fiscal Carlos Stornelli se había negado a impulsar la acción y, por eso, lo hizo el fiscal Sáenz.
A los ojos de la Comisión de Juicio Político el juez y el fiscal incurrieron en un “intento de presión” hacia ellos, en una “intromisión” flagrante y en una total “ignorancia del derecho”. Recordaron inclusive que Oyarbide ya había tenido una iniciativa similar en febrero de 2002. Y el radical Carlos Iparraguirre señaló, además, que el magistrado “debió haberse excusado en esa causa porque algunos de los diputados que hoy estamos en la comisión también la integrábamos cuando él fue acusado” años atrás, envuelto en una trama de protección policial de prostíbulos. En aquel entonces Diputados efectivamente lo acusó, pero el Senado lo salvó.
Finalmente los legisladores resolvieron cerca del mediodía no contestar el oficio del magistrado y apoyaron un proyecto de resolución elevado por el radical Juan Mínguez para promover tanto su juicio político como el de Sáenz “por mal desempeño y por posible delito”, procurando “que sean suspendidos preventivamente”. Además, pedirán que sea un “tema de preferencia” en la próxima sesión de Diputados.
Oviedo, en la tónica con que se venía expresando, se alzó en defensa de los ahorristas y los supremos. “Estoy horrorizada”, gruñó. “Se está avanzando contra el Poder Judicial sin ningún tipo de límite”, dijo. A pesar del desaire de sus compañeros de la comisión, la diputada lograba atraer la atención de los micrófonos y las cámaras. Por eso, al terminar la reunión, Iparraguirre y Mínguez corrieron tras ella para refutar sus argumentos ante la prensa.