El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli rechazó la medida cautelar solicitada por un grupo de organismos de derechos humanos que pretendía suspender el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) desde el Hospital Durand, donde funciona desde su creación, hasta un edificio propio bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología nacional. Los promotores del recurso se expresaron “enojados y conmovidos”. Abuelas de Plaza de Mayo, por su parte, celebró la decisión judicial: “El fallo reconoce lo que veníamos diciendo desde un principio, que el traslado no entraña ningún riesgo para las muestras de los familiares allí preservadas”, expresó Alan Iud, abogado del organismo.

En un documento de casi 20 páginas, Marinelli repasó cada paso de la causa, concluyó en la “desestimación de la medida cautelar solicitada”, cuyo objetivo era impedir la mudanza de la institución, y consideró acreditado que la cartera liderada por Lino Barañao “se encuentra abocada a dotar al traslado del BNDG de adecuadas medidas de seguridad y transparencia, sobre todo en cuanto respecta a las muestras, los documentos y registros”.

La principal razón que sostenía el pedido de suspensión del traslado impulsado por los organismos, entre los que se encuentran la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Anahí, tenía que ver con el “peligro” que implicaría el movimiento “debido a que no están brindadas las garantías de transparencia, de cuidado, de prudencia y de celeridad que deben tenerse en consideración antes de realizar cualquier tipo de movimiento del material, equipamiento, muestras y otros elementos que hacen al funcionamiento” del banco. Además, mencionaron que el traspaso englobaba “maniobras que no son de conocimiento público” mediante las que se quería “insertar al banco en el negocio de la genómica médica”. En su solicitud, las entidades denunciantes exigieron también la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548 que regula el funcionamiento del banco, cuestiones que Marinelli definirá en cuanto reciba los argumentos de las partes, aún no presentados.

El juez consideró válida la respuesta otorgada por el Estado respecto del primer punto. Según fijó en su fallo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología aseguró que entre esa cartera y la de Salud porteña “están analizando” un convenio de transferencia que incluye “un protocolo de seguridad tendiente a garantizar la inalterabilidad de las muestras, que prevé la confección de informes e inventarios y un detalle del equipamiento que utiliza actualmente y que deberá ser transferido a la nueva sede”. El fallo dispone, sin embargo, como medida de mayor resguardo, que se trasladen todas las muestras y registros existentes en el BNDG, incluidos aquellos que no estén vinculados con el terrorismo de Estado, hasta que se dicte una sentencia definitiva. Además, destacó que no está cuestionado que el banco funcione en dependencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología. “El traslado a otra sede aparece como una lógica derivación de su nueva naturaleza jurídica”, puntualiza el magistrado, que evaluó suficiente lo aportado por el Estado, aunque reconoció que “el traslado conlleva en sí mismo un cierto margen de riesgo en razón de los imponderables que pueden llegar a tener lugar en la ocasión”.

“Mover esa cantidad de muestras de donde están, algo que nos costó mucho lograr, me parece casi un sacrilegio –dijo Isabel “Chicha” Mariani, presidenta de la Asociación Anahí–. ¿Quién puede garantizar que un pequeñísimo accidente en cualquier caso no provoque la pérdida de registros o muestras? Hay familias que ya no existen, como la mía, que ya no existen”, explicó a este diario.

Por su parte, desde Abuelas de Plaza de Mayo, organismo que solicitó al magistrado actuante ser considerado como “tercero interesado”, celebraron el fallo. “Reconoce lo que veníamos diciendo desde un principio, que el traslado no entraña ningún riesgo para las muestras de los familiares allí preservadas. Desde Abuelas jamás impulsaríamos nada que significara un riesgo para esas muestras”, remarcó Iud.

El juez desechó las denuncias de una utilización del BNDG para investigaciones privadas ligadas a la genómica por considerar que quienes la formularon “no habían logrado acreditar suficientemente la existencia” de tales situaciones, decisión que desde Abuelas de Plaza de Mayo entendieron como “muy importante”, ya que “señala de manera contundente que no se probó que exista ninguna maniobra que tendiese a desnaturalizar el banco y su sentido o a hacer negocios económicos con investigación genómica denunciada por diferentes agrupaciones y amplificada por muchos medios de comunicación”.