Un nuevo contingente de querellantes llegó al país para denunciar a ex funcionarios de la dictadura española. Tres testigos que debían declarar en mayo, desde Madrid, ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, se presentaron ayer en Comodoro Py luego de que esas videoconferencias fueran suspendidas por pedido expreso del gobierno de Mariano Rajoy. Todos brindaron testimonio por primera vez ante la Justicia. Hasta el momento, la magistrada libró órdenes de detención internacional –para tomarle declaración indagatoria– contra Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Giralte y Juan Antonio González Pacheco, ex policías del régimen franquista. La querella argentina alcanza a los crímenes cometidos por el franquismo, en el marco de la causa 4591/2010 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

La primera en declarar fue Merçona Puig Antich, que llegó al país desde Girona, Cataluña. Su hermano Salvador fue condenado a muerte y asesinado por garrote vil durante el gobierno de Francisco Franco el 1º de marzo de 1974. Aún movilizada por contar su verdad, luego de 39 años de silencios judiciales, Merçona se siente feliz porque, asegura, su testimonio permite que se cambien los roles y los imputadores pasen a imputados. Su denuncia apunta a Utrera Molina (87 años), suegro del actual ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, y uno de los ministros franquistas que firmó la ejecución de la pena de Salvador. “Todos estos años intentamos que nos reabrieran el caso en España, fuimos al Tribunal de Estrasburgo dos veces para que tomaran partido y siempre nos dijeron que no”, señala la catalana en diálogo con Página/12. “Estamos súper agradecidos porque nos están escuchando”, agrega. Merçona confiesa su admiración por cómo la Argentina trató su pasado para crear un futuro mucho mejor. “España está a años luz de vosotros”, completa.

El madrileño Pablo Mayoral Rueda, ex militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, fue acusado por la muerte de un policía y de pertenecer al Partido Comunista de España. Presentó su querella contra el ex ministro de Trabajo Fernando Suárez González (80 años), responsable de haber firmado el 27 de septiembre de 1975 una sentencia aprobada por el Consejo de Ministros, del que era miembro, contra sus compañeros José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Angel Otaegui. Todos condenados a muerte por la dictadura.

Lo detuvieron cuando salía de la casa de un compañero de trabajo. En la Dirección General de Seguridad, que funcionaba como brigada político-social del régimen, fue torturado ocho días. Luego lo enviaron a la cárcel de Carabanchel, donde lo sometieron a un Consejo de Guerra y lo condenaron a 30 años de cárcel. Finalmente, fue liberado por la Ley de Amnistía de 1977. Mayoral Rueda aguarda a que Servini de Cubría pida la detención internacional del ex fiscal militar Jesús Cejas Mohedano (67 años), que participó en el Consejo de Guerra que lo sentenció, y de Suárez González. “Espero que se pueda tirar de ese hilo para que ninguno de los responsables que están vivos salga indemne”, afirma. “La jueza nos dio esperanza de justicia y reparación”, añade.

El testimonio de Andoni Txasko Díaz señala a Rodolfo Martín Villa (79 años), quien encabezó el asalto a la iglesia de San Francisco de Asís ubicada en Vitoria, País Vasco. El 3 de marzo de 1976, Villa y sus hombres dispararon gases contra la iglesia. Al menos cinco mil personas participaban allí de una asamblea de trabajadores en huelga. La represión dejó un saldo de cinco muertos y un centenar de heridos, la mitad de ellos por balas de plomo. Al día siguiente Txasko Díaz era detenido y apaleado por la policía. Por los golpes recibidos le quedó una visión residual del dos por ciento. “La jueza debe escuchar el clamor popular de España para que no tenga miedo e intervenga”, señala el ex preso político. “El Estado español nos criminalizó, nos trató de terroristas, dijo que la policía tuvo que disparar para preservar sus vidas”, denuncia Txasko Díaz. Dice que ayer vivió un momento de liberación porque, por primera vez, fue escuchado por la Justicia.