Un muerto y alrededor de cien heridos. Saqueos, incendios y destrozos en unos mil comercios. Esas fueron las primeras consecuencias de la crisis de seguridad en Córdoba luego del acuartelamiento de un sector de la policía provincial, que comenzó a normalizarse recién al mediodía de ayer, tras el acuerdo salarial firmado entre el gobierno de José Manuel de la Sota y representantes de los efectivos policiales. Con la situación inicialmente controlada, De la Sota, que regresó de Panamá a la madrugada, intentó responsabilizar al Ejecutivo nacional por no atender los pedidos de auxilio y no enviarle efectivos de Gendarmería. “Pareciera ser que los cordobeses tenemos que quemar nuestros documentos, porque algunos no nos consideran parte de la República Argentina”, se quejó. Desde el kirchnerismo le salieron al cruce el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quienes aseguraron que el pedido del gobernador fue realizado recién a las 8 de la mañana de ayer. De la Sota “especuló política y mediáticamente de manera lamentable. Intentó victimizarse en vez de hacerse cargo de este conflicto”, le retrucó Randazzo.

Durante aproximadamente 30 horas, en la ciudad de Córdoba y alrededores se vivió una situación caótica, que se calmó recién ayer al mediodía, con la firma del acta acuerdo entre el jefe de la policía, el comisario César Almada, y la ministra de Seguridad provincial, Alejandra Monteoliva, con los representantes de los efectivos. Allí se estipuló un salario básico de ocho mil pesos para las categorías iniciales y la realización de “incrementos sobre componentes remunerativos”, lo que permitió destrabar el conflicto. Dada la prohibición de sindicalizarse de las fuerzas de seguridad, el petitorio de reclamos era impulsado hace tiempo por las esposas de los oficiales. Sobre algunos de los puntos se había logrado avanzar, pero el nudo principal se encontraba en el salario, que rondaba los cinco mil pesos. En el acta se incluyó, además, un “monto adicional y transitorio” en concepto de “gasto de uniformes” a abonarse en dos cuotas mensuales de dos mil pesos. Por otro lado, tanto el municipio como la provincia adelantaron que brindarían ayuda económica a los damnificados.

Con el acuartelamiento de alrededor de tres mil efectivos, la seguridad en la capital provincial quedó notoriamente disminuida, sobre todo en los comercios medianos y pequeños, que sufrieron la mayor parte de los robos y saqueos. Dueños de locales y vecinos se enfrentaron con quienes intentaban robar, lo que provocó más de un centenar de heridos y una víctima fatal. Según confirmó el director del Hospital San Roque, Daniel Mercado, se trata de un joven de 20 años, baleado durante un saqueo en Ciudad Evita, en la periferia de la capital cordobesa. Se difundió también que un hombre de 85 años falleció producto de una descompensación durante un asalto, pero luego esa información fue desmentida.

Este conflicto se desarrolló en un marco de crisis producto de supuestos vínculos de la policía local con narcotraficantes, lo que derivó en una investigación judicial y el descabezamiento de las autoridades provinciales en la materia. En septiembre renunció el jefe de Policía Ramón Frías y el ministro de Seguridad, Alejo Paredes.

En este contexto, De la Sota aumentó la tensión política deslindando la responsabilidad de la crisis en el gobierno nacional. El gobernador difundió una carta en la que enumera gestiones que habría realizado su jefe de Gabinete, Oscar González; la ministra Monteoliva y su secretario privado para contactar tanto a Capitanich como al secretario Berni y la flamante ministra Cecilia Rodríguez. Según esta versión, desde las 21 se intentó pedir ayuda y en dos oportunidades González logró comunicarse con la secretaría privada de Capitanich, sin conseguir respuesta por parte del funcionario nacional. Horas después de aterrizar, De la Sota hizo un pedido a la Presidenta a través de la red social Twitter a las 4 de la madrugada.

Ayer por la mañana, Capitanich, al igual que Berni y Randazzo, insistieron en que no hubo comunicación del gobernador. “De la Sota miente, porque desde el gobierno nacional siempre estamos abiertos al diálogo, y ningún funcionario de la provincia se comunicó ayer ni con el Ministerio del Interior, ni con la Jefatura de Gabinete de Ministros. Recién hoy a las 7.56, y luego de un día entero de caos en el que incluso hay víctimas fatales, ingresó por fax una solicitud de auxilio a la Nación”, detalló Randazzo. Capitanich sostuvo que el conflicto de Córdoba es una cuestión “estrictamente salarial” y que le compete “en forma exclusiva y excluyente al gobierno de la provincia”.

El senador opositor Luis Juez relató que sí pudo comunicarse con Berni el martes por la noche y que el secretario de Seguridad le manifestó que estaba “a disposición”, pero que “hasta que el gobernador cordobés no se hiciera cargo de la situación y pidiera ayuda oficial, él no podía hacer nada”. El líder del Frente Cívico cordobés agregó que “De la Sota vive de vacaciones”. Tras el pedido formal, Berni anunció el envío de 2000 gendarmes a la provincia, equipados y con vehículos especiales. De todas maneras, el secretario consideró “una payasada” del gobernador “mandar un pedido de auxilio por Twitter a las 4 de la mañana”.

A las pocas horas, el gobierno provincial firmó el acuerdo con el abogado Miguel Angel Ortiz Pellegrini y los policías se reincorporaron rápidamente al servicio. En conferencia de prensa, De la Sota prometió “perseguir a todos los delincuentes y saqueadores” que causaron desmanes, y dijo que “su lugar es la cárcel”. “@CFKArgentina agradecemos el anuncio de enviar 2000 gendarmes. Hacían falta anoche. Hoy el conflicto está resuelto”, ironizó más tarde De la Sota, otra vez vía Twitter. El Ministerio de Seguridad nacional dio marcha atrás con el envío de los gendarmes “en virtud del anuncio del gobernador de hacerse cargo de la crisis de seguridad provincial”.

El próximo martes, Capitanich tiene previsto recibir a De la Sota en el marco de las reuniones con gobernadores que viene llevando adelante. “Vamos a reclamar que nos paguen lo que nos deben a los cordobeses”, adelantó el mandatario, en referencia a la larga disputa por el traspaso de la caja de jubilaciones a la Anses, entre otros items.

Durante el día, todo el arco político se refirió a la crisis cordobesa. La oposición apuntó contra el gobierno nacional, mientras que el kirchnerismo responsabilizó al gobierno local, en tanto que el Senado expresó su “más enérgico repudio” a los incidentes. En un esbozo de autocrítica, el jefe de Gabinete local reconoció que “probablemente frente a esta situación no hubo una valoración de la dimensión del reclamo en un momento determinado”.