A mediados de septiembre la policía cordobesa sufrió el descabezamiento de una cúpula con mucho poder interno. Los gobernadores de la democracia nunca tuvieron una política para esta fuerza de seguridad que ahora sufre una crisis a la que José Manuel de la Sota parece no encontrarle la vuelta.

La sombra del general Luciano Benjamín Menéndez pesó en Córdoba hasta que fue detenido en 2004, tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Esa influencia se sintió sobre sectores políticos y militares, pero sobre todo en la policía, tanto en los gobiernos radicales como en los peronistas.

De hecho, la policía de Córdoba se convirtió de esa manera en una de las más retrógradas y con fuerzas fácticas de poder interno que las autoridades civiles nunca atacaron, sino que consintieron y estimularon. El único Ministerio de Seguridad en el país dirigido por un policía era el cordobés, hasta septiembre, cuando debió renunciar el ministro ex comisario general Alejo Paredes.

Paredes y el entonces jefe de Policía Ramón Frías renunciaron cuando una investigación del periodista Tomás Núñez involucró al comisario Rafael Sosa, jefe de Drogas Peligrosas, en una causa de tráfico de estupefacientes. Paredes y Frías renunciaron y Sosa está preso. Tres días después de la denuncia periodística apareció el cuerpo sin vida del agente Juan Alós, de 33 años. Tenía un tiro en la cabeza y se lo dio por “suicidado”. Alós se desempeñaba en la Dirección de Drogas Peligrosas. Diez días después apareció con un tiro en la boca el cuerpo de la agente Damaris Roldán, de 24 años, también “suicidada” y a quien también se relacionó con la causa de narcos policías.

Los organismos de derechos humanos habían cuestionado la designación de Paredes porque el jefe policial se había desempeñado bajo el mando de Carlos “el Tucán” Yanicelli, ex jefe de Inteligencia Criminal durante el gobierno de Ramón Mestre y, según los organismos de derechos humanos, hombre de confianza del entonces ministro provincial de Asuntos Constitucionales, Oscar Aguad. El mismo Aguad se lo propuso a Mestre.

En la actualidad, Yanicelli tiene dos condenas por los delitos aberrantes cometidos por la temible D-2 o Dirección de Inteligencia de la policía cordobesa durante la dictadura. Desde allí operaba la Triple A local, el comando Libertadores de América, que asesinó a militantes populares e incluso a otros policías que denunciaron abusos en la fuerza, como el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, asesinado brutalmente en 1979 por la patota del D-2. La familia de Albareda le pidió a Paredes que pusiera una placa en su recuerdo, cosa que nunca sucedió.

Aunque todo el mundo conocía su pasado nefasto, Yanicelli fue protegido por los distintos gobernadores y permaneció como alto oficial de la fuerza hasta 1996. A mediados de los ‘80 había impulsado la creación de un cuerpo de elite, llamado Eter, donde hizo toda su carrera policial el ex ministro Paredes. Carlos Yanicelli y su hermano Raúl fueron profesores de la Escuela Superior de Policía hasta poco antes de ser enjuiciados por violaciones a los derechos humanos. El Tucán estuvo detenido en la Guardia de Infantería y se jactaba de que era protegido de Paredes. En la sede donde estaba detenido había una placa con su nombre en homenaje a los que habían sido jefes de esa dependencia.

Para terminar el cuadro, en 2011 el legislador juecista Roberto Birri presentó un pedido de informes para que Paredes aclare sobre un supuesto curso de adiestramiento al que habrían concurrido policías cordobeses en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador. De la Sota negó esa acusación, pero da una idea del punto donde estaba el debate sobre seguridad en una provincia donde los gobernadores de la democracia nunca tuvieron políticas para su fuerza de seguridad. La policía cordobesa funcionó con la inercia anacrónica de la dictadura, con liderazgos y fuerzas de poder internas, paralelas a la sociedad civil. De alguna manera es inevitable pensar que la fuerza está sufriendo ahora los remezones de una crisis que se forzó a partir de una denuncia periodística y que descabezó a una conducción con mucho poder interno.