“La seguridad pública es una facultad política no delegada de las provincias al gobierno nacional”, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, luego de que el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, recorriera programas de radio y televisión acusando al gobierno nacional de no responder a sus supuestos pedidos de ayuda por el acuartelamiento de la policía provincial. “Si nos atendían el teléfono no ocurría ni la mitad de los saqueos”, dijo De la Sota en un programa de la señal TN. El jefe de Gabinete, en cambio, insistió en que no recibió ningún llamado ni pedido formal y que el Gobierno debe regirse por el procedimiento establecido en la Ley de Seguridad Interior para el envío de las fuerzas de seguridad federales. En paralelo, Capitanich ratificó la reunión con el gobernador para el próximo martes, en el marco de las visitas que viene manteniendo con los mandatarios provinciales.

Durante la mañana de ayer, la ciudad de Córdoba comenzó a normalizar sus distintas actividades públicas y privadas, luego de más de 30 horas de caos y violencia que terminaron con un muerto y más de un centenar de heridos. El conflicto estalló el martes con el acuartelamiento de unos tres mil efectivos policiales en la sede del Comando de Acción Preventiva (CAP), en el barrio Cerveceros, en el sur de la ciudad. Se produjeron saqueos en unos mil comercios pequeños y medianos, lo que provocó un enfrentamiento con sus dueños y algunos vecinos. Según familiares del joven que murió el miércoles, Javier Alejandro Rodríguez, la policía le habría disparado de atrás cuando circulaba en moto con un amigo. La situación comenzó a normalizarse cuando De la Sota volvió de su viaje a Panamá y firmó un acuerdo por el que se incrementó el salario básico de los policías a ocho mil pesos, entre otros puntos. La policía volvió a sus funciones y comenzaron las investigaciones para detener a los responsables de los saqueos y los hechos de violencia.

José Manuel de la Sota “se victimizó queriendo echarle la culpa al gobierno nacional”, señaló ayer el senador y ex ministro del Interior Aníbal Fernández, quien al igual que Capitanich se remitió a la Ley de Seguridad Interior. “Está hecha para proteger a las provincias, para que el Estado nacional no se meta en cualquier lugar”, insistió Fernández y remarcó que es la provincia “la que debe pedirle al Estado nacional el envío de fuerzas federales, para formar entre ambos un comité de crisis. Para esto tiene que haber un pedido formal que no lo hubo”.

En una extensa conferencia de prensa, Capitanich citó el marco jurídico aplicable a casos como el de Córdoba. Puntualmente, el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Seguridad Interior establece que “sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional, sino una vez adoptadas las medidas prescriptas en los artículos 6 y 23 de la Constitución nacional, o bien por orden de la Justicia federal”. El primer artículo se refiere a la intervención federal en caso de que sea necesario garantizar “la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia”. El segundo hace alusión a la declaración del estado de sitio, en el caso de “conmoción interior o de ataque exterior” que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución nacional y sus autoridades por ella creadas.

“Por tanto, cualquier uso capcioso de la información o de interpretación política forma parte del debate público y democrático, pero las responsabilidades en la función pública las tenemos que respetar”, insistió Capitanich, quien aclaró que “en ningún momento” dijo que no iban a movilizar a la Gendarmería si se cumplían los pasos.

Apelando a su experiencia como gobernador de Chaco, el ahora jefe de Gabinete recordó que este tipo de conflictos “no comienza de un momento para el otro”. “Los que fuimos gobernadores sabemos que hay que estar atentos a todos los conflictos y establecer mecanismos preventivos porque los episodios empezaron con anticipación”, explicó.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, también remarcó la falta de previsión. Para Randazzo, se trató de “un hecho puntual, aislado, que no fue evaluado ni tomado con la suficiente antelación por parte de las autoridades de esa provincia”. Desde el gobierno nacional recordaron también que a las 10 de la noche, la ministra de Seguridad cordobesa, Alejandra Monteoliva, había asegurado en una radio local que no hubo comunicación con Gendarmería y que la situación se estaba evaluando.