El día después de los saqueos, Córdoba amaneció buscando reencontrar su ritmo habitual. Los colectivos y taxis habían vuelto a circular sobre el filo de la medianoche del martes. En la mañana de ayer, se reanudaron las clases y abrieron bancos y reparticiones públicas de los Estados provincial y municipal. Mientras los comerciantes afectados por los robos comenzaron a evaluar en detalle las pérdidas sufridas y al menos 40 de ellos no pudieron reabrir por los destrozos, la policía arrestó a poco más de un centenar de personas acusadas de haber participado en los saqueos; a todas las identificó gracias a los registros de cámaras de seguridad y a las fotos que esas mismas personas habían compartido en redes sociales para jactarse del botín. Por otra parte, estatales y trabajadores de hospitales públicos provinciales anunciaron un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales. Un edificio de Tribunales, además, fue tomado por trabajadores judiciales que reclaman por mejores salarios hace meses.

Mientras la ciudad retomaba sus rutinas cotidianas, cuatro fiscales buscaba dar con los responsables de los saqueos a través de las huellas que ellos mismos habían dejado de manera voluntaria en redes sociales, y de modo involuntario, al pasar ante zonas cubiertas por cámaras de seguridad. Para la noche, 112 personas habían sido identificadas y detenidas.

En conferencia de prensa, el comisario Gabriel Alvarez informó que para llegar a eso habían recurrido a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la policía y las actualizaciones que habían hecho en las redes sociales entre la noche del martes y el mediodía del miércoles. “El 99 por ciento de los que han delinquido y exhiben sus elementos por Facebook han sido detenidos”, dijo Alvarez. Las pesquisas de las brigadas de investigaciones estuvieron “trabajando en distintos sectores, especialmente en la zona norte y sur, donde se están recuperando elementos que han sido sustraídos en los hechos vandálicos”, informó Alvarez por la tarde. Los objetos recuperados iban siendo depositados en la Escuela de Policía, en el barrio Las Palmas.

Fuentes de la investigación señalaron que los detenidos serán acusados por el delito de “hurto calamitoso”, una figura penal más grave que la de hurto o robo calificado, que prevé penas de uno a seis años de prisión. Se trata de una tipificación prevista en el artículo 163 del Código Penal como un ilícito que se consuma cuando se afectan los bienes que se encuentran librados a la custodia de la confianza común. Para que se pueda aplicar ese tipo penal, además, deben concurrir algunas circunstancias como incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín y que el delincuente aproveche las facilidades generadas por un desastre o una conmoción pública, o de un infortunio particular del damnificado.

La Cámara de Comercio de Córdoba dio a conocer que los comercios afectados por los saqueos rondan el millar y que en su mayoría fueron tiendas de indumentaria y almacenes. En algunos casos, los saqueos afectaron no sólo a la mercadería, sino que también comportaron destrozos en los locales, por lo que ayer alrededor de 40 supermercados no pudieron abrir sus puertas.

La noticia del acuerdo por mejoras salariales obtenido por los policías a fuerza de autoacuartelarse alrededor de 40 horas entre martes y miércoles tuvo, también, respuestas en otros gremios de trabajadores públicos. Por tercera vez en lo que va del año, los empleados judiciales tomaron el edificio de Tribunales I, en reclamo de la implementación de una ley de porcentualidad, una demanda irresuelta que desde hace cinco meses paraliza el servicio de justicia en la provincia.

Además, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, anunció un paro de 48 horas por considerar que la respuesta del gobierno provincial al pedido del bono de fin de año fue “inadecuada”. “Un paro por 48 horas que incluye los servicios que se realicen el domingo, con la realización de actos de protesta, es la medida que el gremio considera adecuada a la falta de respuesta del gobierno a su demanda”, dijo Pihen. Por su parte, el secretario de Salud del SEP, Alejandro Soria, detalló que el sector cumplirá la medida también durante el fin de semana, con asistencia a los lugares de trabajo. “Será un paro de 48 horas en todas las dependencias públicas, e inclusive en los hospitales, para el sábado y el domingo. El martes vamos a llamar a un plenario de delegados y si hay una propuesta del gobierno será analizada. El paro es con asistencia a los lugares de trabajo”, aclaró.

Por su parte, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) pidió trasladar el acuerdo alcanzado con los policías al sector docente y advirtió que, de no haber respuestas favorables, el ciclo lectivo podría terminar antes de lo previsto en toda la provincia. El dirigente sindical Juan Monserrat adelantó que el acuerdo de los uniformados “seguro tendrá incidencia”. “Si esta semana no hay una negociación razonable, el ciclo lectivo termina antes”, anunció, al informar que el martes próximo se realizará un plenario de delegados de UEPC.