Esta nota se cierra en la tórrida tarde del sábado porteño. En ese momento coexisten, con distinto grado de evolución o respuesta, conflictos provocados por autoacuartelamientos de fuerzas policiales de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Santa Fe. Algunos parecen solucionados, pero hay que esperar para confirmar ese pronóstico. Suceden en provincias gobernadas por diferentes fuerzas políticas. Hablamos del Frente para la Victoria (FpV), el peronismo “federal”, el Movimiento Popular Neuquino y el socialismo. La distribución geográfica también remite a la diversidad... todo induce a evitar los reduccionismos.

La falta de control político sobre las fuerzas de seguridad es recurrente. Los saqueos son una práctica social extendida en la Argentina. La desigualdad como factor explicativo (no único pero sí relevante) no comenzó el martes en Córdoba ni se circunscribe a sus fronteras. Los factores comunes, empero, no igualan todas las circunstancias ni las conductas de los dirigentes políticos.

Una forma sencilla de contar los hechos es la cronología. Un modo sensato de analizarlos es ordenar de mayor a menor sus causas principales. Cuesta ceñirse a esas reglas cuando todo lo que ocurre tiene hondas raíces, que se remontan a décadas atrás, en las políticas públicas y la vida colectiva.

La mirada impresionista de esta nota, entonces, será panorámica sin aspirar a la totalidad, sin proponer respuestas mágicas o veloces. Su comienzo coyuntural se fechó en Córdoba.

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Huelga armada: La huelga total de una fuerza de seguridad genera desprotección para todos los ciudadanos del lugar. En América del Sur se ha venido convirtiendo en un factor de desestabilización política que tuvo uno de sus picos más altos en Ecuador cuando los insurrectos secuestraron al presidente Rafael Correa. El “paro” de personal de Gendarmería del año pasado en la Argentina no llegó a ese extremo, aunque tuvo ribetes destituyentes. La pérdida relativa de poder de las Fuerzas Armadas convencionales convirtió a las policías en los cuerpos con armas más poderosos, implantados en la totalidad de los territorios.

Las medidas de fuerza de esta semana parecieron confinarse a los reclamos gremiales pero su “mera” realización coloca a las sociedades en trance de indefensión, de retirada de todo modo de prevención o control estatal. No hay en el mundo, intuye el cronista, comarca en la que una situación límite no catalice un grado alto de anomia o conductas antisociales variadas. En la Argentina es disparador de situaciones y comportamientos conocidos, ensayados y raigales.

Las sucesivas acciones policiales incumplen deberes irrenunciables y ponen en riesgo la cotidianidad de los argentinos. Esta crítica no invalida las demandas que las motivan ni deja de subrayar la ausencia de mecanismos institucionales menos traumáticos y más republicanos para procesarlas. La sindicalización de los uniformados, con un plexo de reglas precisas, podría ser una de las respuestas a explorar. El cronista no conoce tanto como para propugnarla o desecharla. Sí para registrar que muchos conocedores garantistas la promueven.

Se menciona, por ejemplo, en un notable comunicado del Instituto de Estudios comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip) referido a los hechos en Córdoba.

Este cronista aconseja la lectura total de ese texto y rescata unos párrafos que son a su ver lo mejor que se ha escrito sobre los aspectos políticos del tema. Una policía desprestigiada y mal paga, bajo pésimas condiciones laborales y sin conducción policial y política, se acuartela para demostrar: “ahí tienen la ciudad sin nosotros” (...) Los daños materiales, centenares de heridos y un fallecido fueron los resultados directos de dicha acción (...) Igualmente grave es la pérdida de institucionalidad. Un grupo armado (la policía) impone sus condiciones y muestra su “fuerza”: la ciudad devastada. El gobernador De la Sota respaldado por su gabinete y en medio de los vivas de su militancia nos dice que han “llegado a un acuerdo” con la policía, que agradece a los que no abandonaron nunca su uniforme azul, que la provincia va a recompensar a las víctimas y que se va a castigar a los delincuentes (...) y que “se cuiden los malvivientes que nuestra valerosa policía saldrá inmediatamente a poner orden”.

Nada nos dice acerca del acuerdo salarial con la policía, ni tampoco sobre las sanciones que deberían corresponderle a un cuerpo armado que no puede, en democracia, extorsionar a un gobierno desprotegiendo a la ciudadanía.

El combo está descripto: malas condiciones laborales, colusión con el poder político local, impunidad total tras una conducta reprobable.

Sería necio suponer factibles sanciones para todos los que participaron en la medida de fuerza (o sea, todos los policías, de cualquier rango) porque sería un regreso a la ingobernabilidad. Pero no se debe ignorar e indultar de pálpito la responsabilidad de los superiores jerárquicos. Y, mucho menos, ni mencionarla en la apología exaltada del gobernador.

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Más copia que contagio: Reparada con mala praxis la crisis en Córdoba, brotaron movidas similares en otras provincias. Se habló de “contagio”... el cronista desconfía de la traslación del vocabulario médico a la esfera política y social. Es en general una tradición de derecha que trae como correlato soluciones “quirúrgicas” como “cirugía mayor”, “extirpaciones” y otras lindezas. Antes que pensar en el contagio es preferible entender que una táctica exitosa en el cortísimo plazo y en contextos similares induce a la imitación. Otros jugadores apelan a un rebusque extremo que, en otros parajes, “pagó” bien.

Las jugadas son una derivación peculiar del autogobierno policial o, más en general, de que todos o casi todos los mandatarios provinciales resignaron el control político de las fuerzas. La defección es muy expandida, en el espacio y en el tiempo. Sus cultores están deslegitimados (y nada entrenados) para corregirla en una situación límite. Suponiendo (y es demasiado suponer) que esa fuera su intención.

La exaltación de los uniformados, a quienes se considera mal en sus retribuciones materiales y simbólicas, va en paralelo con definiciones berretas o hasta ruines del universo de los saqueadores que, como casi todas las variables que recorremos, es simplificado hasta la distorsión.

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Cambios y recurrencias: Los saqueos en Córdoba no provinieron de un “estallido social” clásico (si tal categoría existe), sino de la generación de una oportunidad que activó reflejos y conductas ya practicados en otras contingencias. La génesis es distinta, pero reactiva comportamientos preexistentes desde hace mucho tiempo. En 1989 y 2001, sin agotar la lista, se produjeron saqueos generados en marcos de extrema necesidad y afligentes horizontes: hiperinflación, debilidad del poder político, desocupación y muchos argentinos en condición de miseria.

La situación económica social varió, para mejor, en los años más recientes. Bajó el desempleo, mejoraron los ingresos de sectores populares, mermaron la pobreza y la indigencia. Pero persisten marcas injustas, entre otras, la desigualdad y la opulencia ostentosa de los sectores más ricos de la sociedad. Opulencia que se muestra a pocos kilómetros de quienes “la ven pasar”.

Cuando la marea sube todo flota, pero las inequidades persisten e incluso se tornan más chocantes para quienes recobran parte de su autoestima superada la carencia aguda.

Otras son las condiciones según pasan los años, otras han de ser las prácticas ya implantadas. La constancia histórica, empero, no puede olvidarse ni subestimarse.

La metodología es utilizada por actores distintos cuyas prácticas merecen análisis y valoraciones diferentes. Hay, por cierto, grupos organizados de antemano que sacan tajada de las situaciones sea por motivaciones políticas, sea para acentuar el imperio territorial de organizaciones delictivas, sea en contubernio con las policías para “recaudar” o para posibilitar sus reclamos o sus ínfulas represivas.

Pero hay también un componente de pobres que, quebrados los lazos comunitarios y los frenos inhibitorios, salen a hacerse de “algo”. Un protocolo periodístico o político trivial “exige” que estos deban levantar sólo alimentos de primera necesidad para acreditar que no son “chorros” profesionales. Es una sandez, que soslaya que puede ser un astuto recurso de supervivencia llevarse otros bienes más valiosos... o más deseables al calor de una ideología consumista que pregna a todo el espectro social. También es banal estigmatizar a quienes actúan en grupo. El mejor estudio que se haya hecho sobre los saqueos, el libro La zona gris del sociólogo Javier Auyero, reconstruye y explica bien las formas veloces de organización y sociabilidad parida entre gentes del común, acicateadas por la oportunidad y formas complejas de necesidad. Padecen y perciben desigualdades abismales. Viven mal pero no son “malvivientes”, al menos en el sentido que le atribuye una jerga policíaca-ideológica descalificadora y malintencionada.

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Federalismo en acto: La seguridad es competencia de las provincias, el poder central no puede irrumpir en ellas si no es requerido por los gobiernos locales o por autoridades judiciales. Tal la estructura constitucional del federalismo, corroborada y regulada por la Ley de Seguridad Interior. En los hechos (y no sólo en esta cuestión) la presencia del estado nacional es muy necesaria y requerida. El sistema federal real también varía al calor de las coyunturas políticas y económicas.

De la Sota acusó al gobierno nacional por haberlo desatendido (en sentido general y estricto) lo que fue negado por importantes funcionarios nacionales. Declaraciones periodísticas de altos integrantes del equipo del Gallego De la Sota desvirtúan su relato. De cualquier manera, aunque no se pidiera el envío de fuerzas nacionales, es deseable una comunicación constante en momentos tan ardientes. La incomunicación y la hostilidad verbal se dejaron de lado, en buena hora.

El gobernador santafesino Antonio Bonfatti solicitó de modo explícito la ayuda y ésta se brindó de inmediato. Es apenas un paliativo, pero es la mejor solución para lo más urgente dentro del acotado menú de lo disponible.

El fin de año suele ser caldeado. En la Casa Rosada y en las provincias se imaginaba la posibilidad de saqueos y se trabaja en planes de contingencia para prevenir sus causas y su irrupción. Ojalá que los alertas, que tuvieron un disparador bastante novedoso y muy desdichado, acoten el riesgo.

Las fiestas, se puede pensar, acicatean los deseos y las broncas. En un terreno no más real pero sí más tangible, las provincias atraviesan dificultades financieras, muy variables según el “color local”. El gobernador mendocino Francisco Pérez ha sido, hasta ahora, el único que pidió públicamente fondos frescos al Fisco nacional para pagar el medio aguinaldo. Varios de sus colegas hacen arqueo de caja y está por verse si no replican su demanda.

Como se intentó decir en esta columna, muchos problemas estructurales del sistema democrático son facetas de lo que está pasando. La necesidad de corregirlos interpela a todos los gobiernos y también a los sectores privilegiados de la sociedad.

El Estado, algunos de sus mandatarios o legisladores, sus fuerzas de seguridad son parte del problema. Es inimaginable que no sean también parte sustancial de las soluciones que deben irse construyendo y que lamentablemente no llegarán con la rapidez que tienen las protestas.

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