Dom 08.12.2013

EL PAíS  › UN CANDIDATO PRO DENUNCIADO POR UNA ALIADA

No lo querían ni las amigas

› Por Werner Pertot

Patricia Bullrich denunció por presuntas coimas al macrista Martín Ocampo en 2004. Fue cuando Ocampo era parte del equipo de Héctor Tom Costanzo en el gobierno de Aníbal Ibarra. Años más tarde, la denunciante y el denunciado terminaron siendo aliados políticos. Ocampo actualmente se postula para ser el jefe de los fiscales, pese a que diversas ONG denuncian irregularidades en el proceso y su falta de antecedentes. Aunque hay uno que desconocían: “Era toda una trama de corruptela que había alrededor de los boliches de la costanera”, señaló a este diario Bullrich sobre la denuncia que hizo en 2004. Aunque, cuando recordó que Ocampo estaba entre los denunciados, pasó de denunciar a defender.

Las designaciones de las autoridades del Ministerio Público porteño se cocinan al caldo de los acuerdos entre el PRO y el kirchnerismo. Mauricio Macri propuso a Horacio Corti para la Defensoría General, a Yael Bendel para la asesoría tutelar y a Ocampo como fiscal general. Corti llega por el Frente para la Victoria. Bendel responde a María Eugenia Vidal y su desembarco supone el fin de las denuncias contra la gestión PRO por temas de niñez. Ocampo es el abogado favorito de Daniel “el Tano” Angelici. Las ONG lo cuestionan por su falta de antecedentes académicos y de mérito en la función pública, excepto por los que ocupó como militante. Entre ellos, en su CV figura que fue “asesor de la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones de la Subsecretaría de Gestión Operativa, dependiente de la Secretaría de Hacienda. 2004”.

Banana y champagne

Ese fue precisamente el año en que Patricia Bullrich hizo su denuncia contra el entonces subsecretario de Gestión Operativa, Héctor Tom Costanzo, y su equipo, entre los que estaba Ocampo. La denuncia de Bullrich no carece de giros de novela. Según el escrito, Costanzo “luego de dos viajes sucesivos, uno a Nueva York y otro a Pinamar, reúne a su equipo de trabajo integrado por Martín Ocampo, Eduardo Luis Porrini, Orlando Yans, Luis Di Pace y Patricio Barbato”. “En las primeras reuniones, Héctor Tom Costanzo, junto a su equipo, decide comenzar una estrategia de extorsión de los boliches situados en el predio de Coconor –afirma Patricia Bullrich en el texto–. En una reunión deciden comenzar con una campaña de prensa haciendo pública la deuda de 450 mil pesos en carácter de cánones atrasados del local bailable Pachá con el Gobierno de la Ciudad.”

En la denuncia de Bullrich, incluso afirma que Costanzo les dijo: “Hay que pegarle al chancho para que grite, tenemos que montar un fuerte show mediático”. Y señala que Orlando Yans “se habría puesto en contacto con un operador de prensa al que le habría pagado cuatro mil pesos”. A raíz de esto –siempre según Bullrich– el diario Clarín publicó una nota el 20 de marzo de 2004 sobre el tema. Según la diputada, “esa noche el grupo se reúne a brindar con champagne”.

Bullrich individualiza la función que, según ella, tenía Ocampo en este grupo: “Martín Ocampo, que si bien figuraba sólo como asesor, funcionaba como si fuese el director de Concesiones y Privatizaciones y era el que redactaba las intimaciones, memos y advertencia con el objeto de asustar y preparar el terreno para la extorsión”. Según la diputada aliada al PRO, el objetivo era pedir “U$S 200 mil a Pachá, US$ 100 mil a Rodizio y U$S 50 mil a Pizza Banana y a Gardiner”.

Bullrich relata que los dueños de los boliches se reunieron para resistir el presunto intento de coima y, para esto, “los habrían filmado en la reunión del martes 20 de abril de 2004” en Pachá. A los tres días, Costanzo renunció a su cargo. Adujo que había sido internado con un cuadro cardíaco y ya no podía ejercer la función pública. Bullrich afirmó en su denuncia que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, le habría mostrado el video de la coima y lo habría echado. Lo cierto es que el video nunca apareció. Sin embargo, varios testigos declararon en la causa que se abrió por la denuncia de Bullrich, que lleva la carátula: “Ibarra Aníbal, sobre abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público”.

Los imputados siguieron una suerte distinta: Ocampo fue sobreseído el 15 de febrero de 2006, junto con Ibarra, Yans, Di Pace y Raúl Fernández. Costanzo, en cambio, debió prestar declaración indagatoria en junio de 2006 y el juez Facundo Cubas lo procesó el 29 de junio de 2006. Costanzo apeló, pero la cámara federal confirmó el procesamiento. Los jueces Esteban Cicciaro, José Manuel Piombo y Abel Bonorino Peró señalaron que “se encuentra debidamente respaldado por las declaraciones de los testigos que presenciaron la reunión en la que Eduardo Porrini, quien habría actuado como presentante del imputado, solicitó a (Sergio) Ramos (dueño de Pizza Banana) el dinero”. Según consignó en su momento la agencia Télam, el fallo judicial indicaba que el hijo de Porrini señaló en la causa que “presenció el momento en que su padre y Costanzo hablaban del dinero que le pedirían a Pizza Banana para mantener la concesión”.

“Todo lo expuesto –sumado a los demás elementos que obran en el expediente y que dan cuenta de las irregularidades obrantes con respecto a la concesión de locales de la costanera de la Ciudad– permite sostener tanto la existencia del hecho como la responsabilidad que en él le cupo al imputado Héctor Costanzo”, indicaron los camaristas en su fallo de junio de 2006. En noviembre, se elevó a juicio oral.

La denunciante

Patricia Bullrich atiende el teléfono a Página/12 y comenta los pormenores de la denuncia que presentó hace nueve años: “La denuncia tuvo que ver con el tema de la recaudación en boliches de la costanera. Nos llegaron una serie de denuncias y el juez en un momento me dijo: ‘Usted tiene toda la razón del mundo, pero la dificultad es probarlo’. Hubo personas que testificaron. Finalmente, no consiguieron todas las pruebas que había y la denuncia se cerró. Era toda una trama de corruptela que había alrededor de los boliches de la costanera, donde pedían plata.

–Uno de los que figuran como denunciados por usted es Martín Ocampo, ¿cómo evalúa que Macri lo postule para jefe de los fiscales?

–Mirá, no, no. Yo creo que al único que procesaron fue a Costanzo. La verdad es que no sabía para qué cargo lo estaban planteando. Pero, bueno, si salió liberado de culpa y cargo y no fue procesado, no es lo mismo que Costanzo, que sí fue procesado. La causa se cerró. En mi caso, si yo presenté eso, es porque tenía argumentos para hacerlo o creía que tenía argumentos, pero la Justicia cerró la causa. No podés impugnar a una persona que salió libre de toda sospecha.

El procedimiento

El pliego de Ocampo será tratado en una sesión el lunes. Las ONG Poder Ciudadano, ACIJ, ADC, FEIM y Directorio Legislativo presentaron un amparo dado que, cuando Macri emitió el decreto que impulsaba las candidaturas, no dio un solo argumento contra las impugnaciones que había sobre los distintos candidatos macristas. El juez Aurelio Ammirato consideró que esto se podía subsanar con la audiencia pública exprés del viernes pasado. “La cautelar nos dio la razón sobre la violación del procedimiento por parte del Poder Ejecutivo”, señala Sebastián Piro, coordinador del programa de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y lucha contra la Corrupción de ACIJ.

“A Yael Bendel la impugnamos porque es integrante del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Mostramos cómo, desde el Consejo, Bendel desconoció fallos judiciales, no respetó derechos de niños, niñas y adolescentes, formó parte de algunas situaciones en donde se afectaban sus derechos, por ejemplo, enviarlos a un parador. Nuestra preocupación es que se eligen autoridades para organismos de protección de derechos”, señaló Diego Morales, director del área de Litigio del CELS.

En tanto, Piro advirtió que “el currículum de Ocampo no da cuenta de una idoneidad suficiente para ser cabeza de los fiscales. Todos sus cargos son vinculados a su militancia partidaria. No hay cargos concursados ni que respondan a mérito. No tiene antecedentes en derecho penal, salvo en los últimos meses, cuando se incorporó a una cátedra de la Universidad Maimónides”. “En cuanto se aprueben las transferencias penales, el organismo que va a dirigir Ocampo es el que tendría que impulsar acciones penales contra funcionarios de la Ciudad por delitos de corrupción –advirtió Piro–. Para hacer eso de forma adecuada se requieren otros niveles de independencia de criterio”.

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