Hace pocos días tuve oportunidad de acceder a la denuncia realizada por el diputado nacional Leonardo Grosso contra un fiscal de la capital, presuntamente involucrado en prácticas discriminatorias en las investigaciones penales que lleva en el Barrio Mitre, en especial por la cuestionada utilización de álbumes de fotos (mal) llamados “libros de malvivientes” contra personas seleccionadas por el mero hecho de ser pobres y vivir en una zona vulnerable.

Más precisamente, dice el diputado Grosso: “En su fiscalía tiene un álbum de fotos de la gente del barrio (muchas de ésas desactualizadas), que cada vez que le llega un hecho para investigar exhibe a los denunciantes para que identifiquen a un autor del hecho del que fueron víctimas y, si no lo identifican, él o cualquiera de sus empleados, que tienen la misma forma de trabajar, inducen a la persona a que marque a alguno. Con esa indicación, que en general es manipulada por el fiscal José María Campagnoli, y sin realizar ninguna investigación ni la mínima constatación de los hechos o de la responsabilidad de la persona, vienen y allanan las casas”.

El uso de fotografías nos remite a los orígenes de la policía, siendo casi tan antiguo como la cámara oscura. Podríamos decir que el lombrosianismo autóctono tiene su genealogía desde la galería de delincuentes (léase, de inmigrantes) de la capital elaborado por Fray Mocho a fines del siglo XIX, pasando por las fichas de las personas (militantes sociales) consideradas como “subversivas” por parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, muchas de las cuales hoy están desaparecidas (el Decreto Nº 1019 dictado por Onganía en 1967 ordenó la creación de los álbumes). Y en la actualidad, por las fuerzas de seguridad que obtienen todo tipo de imágenes (de manera ilegal) de personas pertenecientes a los sectores vulnerables que viven en determinada zona y sólo por esa razón pasan a ser portadoras de sospecha; es decir, sus rostros conforman un libro de fotos de posibles peligrosos que se correspondería con poblaciones marginales (no es necesario que sean reincidentes, en los allanamientos, detenciones por averiguación de identidad, la policía obtiene fotos).

Los álbumes de fotos de presuntos peligrosos, además de violar derechos constitucionales e introducir un criterio de selectividad discriminatorio, resultan una herramienta de baja calidad probatoria, pues el margen de error que generan es muy amplio y más que un modo orientativo se convierte en un sesgo o placebo para las víctimas. Lo que quiero decir es que hay fiscales que compran este tipo de recetas policiales, dejando la puerta abierta para el “armado de las causas” a personas inocentes, sólo porque figuran en estos álbumes de fotos.

Claro que para algunos, en la guerra contra el delito todo vale, y los álbumes de fotos con personas pobres dan imagen de “efectividad” a las autoridades y a la población; permitiendo a la policía seguir reproduciendo consumo de estereotipo e introducir en los expedientes recorridos que siempre llevan a los mismos lugares, donde opera el derecho penal subterráneo cargado de los peores prejuicios sociales (nunca un ladrón de guante blanco, nunca un blanco, nunca un rubio).

Esta cuestión no es reciente y como defensor público me ha tocado denunciar este tipo de prácticas en muchísimas oportunidades (incluyendo a fiscales); especialmente sobre personas menores de edad, logrando que en la provincia de Buenos Aires queden taxativamente prohibidas desde 2011. También he asistido a situaciones en las que se involucra a personas inocentes al serles exhibidas fotos a las víctimas que más tarde en el juicio (luego de una larga prisión para el señalado en la foto) la propia víctima entra en duda y se llega a la absolución. El caso más impactante que me tocó asistir fue el de Gabriel Roser, un pibe que vivía en los márgenes de La Plata y que estuvo un año preso como consecuencia del señalamiento en una foto, hasta que con ayuda del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) se demostró en el juicio que era inocente y que la foto fue la única culpable.

El margen de error al exhibir fotos de poblaciones reducidas y por criterio clasista es muy amplio, la práctica tiene capacidad de sesgo y se presta al armado de causas a inocentes, por lo que también sirve como forma de chantaje policial (“si no robás para mí vas a estar en el álbum”). Por eso las técnicas de identikit hablado, o el dibujo de rostro (técnica de Bertillón) son las más confiables cuando existen “autores ignorados” de un delito. Echar mano a álbumes de fotos extraídas en forma espuria a los pobres es una mala práctica que habla de una fuerza policial desprofesionalizada y de fiscales prestos a avalar el clasismo y la demagogia.

Como dijo alguna vez Michel Foucault, “el saber es poder” y, aunque pasado de moda, Lombroso sigue teniendo arraigo en muchos imaginarios de saber-poder discriminatorios. En la era tecnológica y de Facebook, en la que los rostros quedan encriptados como si nada, la Justicia no debería permitir el “todo vale”, ni frente a las víctimas ni frente a los victimarios. Fiscales que avalan este tipo de prácticas contra los sectores populares no sólo especulan y delegan, sino que siguen aferrados a lo peor del pasado. Mejor que se vayan.

* Defensor juvenil de La Plata.