Con un dictamen envuelto y con moño contra el juez de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor, es casi un hecho que la Cámara de Diputados decidirá acusarlo en su sesión del 13 de agosto. Ahora el gran interrogante se traslada al Senado, donde las cosas suelen ponerse un poco más reñidas. Allí calculan que el proceso de juicio propiamente dicho comenzaría en septiembre y que aunque la votación pueda verse algo apretada el supremo será, cuanto menos, suspendido en sus funciones. La comisión que se encargará de dictaminar está presidida por la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando el expediente contra Moliné llegue a la Cámara alta, habrá una sesión especial para que los diputados –generalmente representados por uno del oficialismo y otro de la oposición– acusen, en un rol equiparable al de los fiscales en un juicio. A partir de entonces, comenzará a actuar la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, que comanda Fernández de Kirchner, con Jorge Yoma en la vicepresidencia. Podrán convocar testigos así como ordenar las actuaciones que consideren necesarias. Darán, además, un plazo de quince días desde el momento de la acusación para que el imputado haga su defensa.
Recién después de que Moliné dé sus explicaciones, el Senado podría suspenderlo provisoriamente, mientras se sustancia el juicio. Según los legisladores consultados es probable que eso ocurra, aunque haya unos siete menemistas que seguro intenten oponerse. Tanto para llegar a esa decisión como para, finalmente, destituir al juez de la Corte, se requieren los votos de los dos tercios de los presentes en el recinto.
Hasta ahora Moliné O’Connor, “cerebro” de la derruida mayoría automática, se mostró dispuesto a resistir y, según sus allegados, por lo pronto seguirá en la misma postura. Tiene, dicen, la esperanza de que el menemismo del Senado, liderado por el hermano Eduardo (Menem), haga un minucioso trabajo de persuasión sobre los representantes de partidos provinciales. Moliné tendría entre sus fieles asegurados también a Ada Maza (otra riojana), a los salteños Sonia Escudero y Marcelo López Arias, a los fueguinos Mabel Caparrós y Mario Daniele, y al pampeano Carlos Verna. Son pocos, en un cuerpo de 72 miembros, pero algún que otro peronista oficialista prevé que el desenlace puede estar peleado, aunque presumen que la balanza se inclinará por la destitución.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside Ricardo Falú (PJ), formuló el jueves dos nuevos cargos contra el supremo tenista que se agregarán a la acusación. Falú anunció que irán más jueces al banquillo. “Hay más de 100 denuncias de juicio político”, dijo. Todavía no está del todo claro quién será el próximo. Algunos diputados especulan con que si cae Moliné detrás de él se vaya Guillermo López. Si eso no ocurriera tanto él como Vázquez estarían contemplados, explican, entre “los enjuiciables”. Antonio Boggiano también es mencionado, aunque más que nada por bloques minoritarios. Estos tres jueces, señalan en la comisión, firmaron el famoso fallo “Meller”, medular en la imputación contra Moliné. En el ARI, algunas voces apuntan a Augusto Belluscio, pero parece lo menos probable. En el Senado, parte del justicialismo muestra predisposición para juzgar, además de Moliné, a López y Vázquez. “Los otros son juristas, no son cachivaches”, dijo un senador. “Además, echar a toda la Corte sería institucionalmente más delicado”, concluyó.