A través del nuevo incremento en la tarifa del subte que Mauricio Macri se dispone a aprobar a principios de febrero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa construyendo un servicio de transporte cada vez más excluyente.

Apenas dos meses después de haber aumentado la tarifa del subte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció durante los primeros días de 2014 un nuevo incremento, que llevará el precio del boleto a $ 4,50. De este modo, Mauricio Macri se dispone a alcanzar un nuevo “record” de gestión: el crecimiento en más de un 400 por ciento del costo del viaje desde que finalmente se hizo cargo del subterráneo, en enero de 2012.

La suba intentó ser explicada por las autoridades del gobierno porteño como una consecuencia del “aumento de costos debido a un creciente proceso inflacionario”, pero difícilmente pueda justificarse desde alguno de los múltiples índices que miden la inflación: ni acudiendo a los más exagerados, ni mucho menos a la propia previsión que el Gobierno de la Ciudad fijó en su presupuesto para 2014, de 24 por ciento. A su vez, también fue comparada con el reciente incremento del boleto de colectivo fijada por el Estado Nacional, pero la tasa promedio de incremento de dicho valor desde 2003 a la fecha (apenas superior al 12 por ciento anual acumulado) resulta notablemente menor si se la confronta con la tasa superior al 200 por ciento anual de crecimiento de la tarifa del subte, desde que la administración pasó a manos de la Ciudad. El boleto de colectivo pasó de $ 0,80 a $ 2,50 en un lapso de diez años, mientras que la del subte era de $ 1,10 hace dos años y ahora la quieren llevar a $ 4,50.

Por otra parte, el supuesto beneficio para los usuarios frecuentes a través de una tarifa “escalonada” resulta, a decir verdad, bastante poco generoso, no sólo porque el esquema de reducción del precio del boleto de acuerdo con la cantidad de viajes deriva en una disminución de costos poco significativa para el pasajero, sino porque tampoco contempla específicamente el caso de aquellos trabajadores que utilizan el subte repetidas veces en un mismo día durante toda la semana (incluyendo por caso los sábados).

Sin embargo, debemos reconocerlo, al macrismo no le ha faltado coherencia ideológica en este aspecto. Estas decisiones son perfectamente compatibles con una concepción excluyente y elitista del transporte toda vez que, en lugar de construir un servicio público accesible al conjunto de la sociedad, el subte acaba siendo un medio atractivo únicamente para quienes tienen la posibilidad de abonar una tarifa que aumenta constantemente y en proporciones exorbitantes. Y asimismo, vale decirlo, son parte de un incremente intensivo y generalizado de tarifas promovido por la administración porteña: del ABL, superior al 1200 por ciento desde 2007 a la fecha; de peajes de autopistas, superior al 600 por ciento; o de taxis, superior al 250 por ciento.

Pero aun construyendo un transporte para pocos, la gestión de Mauricio Macri ofrece un servicio de bajísima calidad, como bien observaron los metrodelegados. Los vagones y andenes colapsados, las aún incumplidas promesas de adquisiciones significativas de nuevos trenes o la preocupante demora en ampliar la red son la evidente consecuencia de los alarmantes índices de subejecución presupuestaria. Según informes especializados, durante 2012 fue ejecutado menos del 60 por ciento del presupuesto destinado a extender la red del subte y, en 2013, menos del 12 por ciento del presupuesto para obras. Como se observa, la ineficiencia que ha caracterizado la gestión de Macri en la gran mayoría de las áreas de gobierno también ha distinguido su administración del subte.

En este marco, les resultará ciertamente más difícil a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicar de qué modo pretenden descongestionar las calles porteñas y desincentivar el uso del transporte terrestre, si obstaculizan la utilización de otros medios, como el subterráneo.

Las alternativas a este modo de gestión son claras. Como nos negamos profundamente a concebir al subte de otro modo que no sea el de un servicio público accesible a todos los sectores sociales, consideramos que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la posibilidad de su utilización a toda la sociedad, a través del mantenimiento de una tarifa subsidiada.

Y como creemos firmemente que para mejorar la calidad de vida de los porteños y porteñas y descongestionar las calles de Buenos Aires debemos propiciar el uso de medios de transporte alternativos a los terrestres, una propuesta seria de gestión debe promover la mejora urgente de la calidad del servicio, la extensión de la red y la ampliación y renovación de los trenes.

Estamos convencidos de que sólo de este modo podremos contribuir a la construcción de una ciudad más justa e inclusiva.

* Legislador CABA. Bloque Nuevo Encuentro.